Fue el propio vicepresidente de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró (Junts), quien defendió en un libro que Cataluña se encaminaba a convertirse en una suerte de república digital. En su obra, publicada en julio de 2020, el número dos del Govern aseguró que el territorio debía estar tecnopreparado y que las políticas en materia de avance tecnológico debían bascular sobre los principios de conectividad, seguridad e identidad. 

El primer año de república digital habrá dejado un balance pobre. El Govern del cual Puigneró era ya conseller en el pasado mandato vio colapsar una web para que los autónomos pidieran ayuda. Y en el mandato del actual Ejecutivo, ha navegado por crisis digitales como un ciberataque a una de las mayores universidades, un error informático en la futura oyster card barcelonesa, la T-Mobilitat, que lleva años de retraso y, ahora, con problemas que se arrastran desde hace días en la web La Meva Salut, la que centraliza la emisión del certificado Covid en Cataluña. 

El consejero Puigneró no podrá culpar ahora a terceros, ni siquiera a su socio en el Palau de la Generalitat. Su equipo tutela las políticas digitales del Govern. Un compañero de filas en Junts, por bien que independiente, está al timón del Departamento catalán de Salud. Quizá por ello, el que fuera concejal en Sant Cugat del Vallès halló ayer un nuevo enemigo: la ciudadanía. 

Es cierto que es irresponsable descargarse 300 veces el certificado, o hacerlo decenas de veces, como ha hecho una parte muy pequeña de la comunidad. También es verdad que el Govern debería haber previsto un alud de demandas para hacerse con el salvoconducto digital: no en vano, sus altos cargos estuvieron enviando mensajes avisando de la llegada del certificado durante días. 

O que otras comunidades autónomas, la última la Comunidad Valenciana, han implantado con menos errores --por ahora-- que Cataluña la obligatoriedad de presentar el código QR en la hostelería. En la región catalana, el Govern tuvo que retrasar su implantación porque el sistema falló, pese a que contaba con el aval del Tribunal Superior de Justicia. No consta que nadie haya asumido responsabilidades por el fallo descomunal del certificado digital. 

De hecho, en otros territorios los Ejecutivos han asumido sus pifias con más naturalidad. Lo hizo el gobierno escocés en mayo, cuando la BBC reveló que el certificado digital podía ser pirateado. El gabinete de Nicola Sturgeon, muy observado por Puigneró y el resto de miembros del consejo ejecutivo en otras materias, respondió que "estaba trabajando para resolverlo". No culpó a la ciudadanía, como hicieron ayer el consejero de Políticas Digitales y el titular de Salud, Josep Maria Argimon. 

Uno de los hitos del conseller de Junts fue dar la bienvenida a los asistentes del último Mobile World Congress (MWC) prepandemia, el de 2019, con una campaña que insistía en que Cataluña era tierra de revolucionarios digitales. El gobierno del lugar ahora es incapaz de armar un sistema para que sus ciudadanos digan o no si están vacunados, lo cual debería hacer replantear las expectativas a más de uno. O, cuanto menos, sus consignas.