El Parlament exige por unanimidad una auditoría ante el fiasco de la T-Mobilitat

Nuevo revés a la T-Mobilitat. Tras una cadena de retrasos, sobrecostes y todo tipo de problemas con la ejecución del nuevo sistema de tarificación en el transporte público catalán, el Parlament ha dado luz verde a la propuesta del PSC de someter el proyecto a una auditoría.

La moción insta al Govern a encargar una auditoría independiente para "determinar cuáles han sido los problemas tecnológicos que han impedido su puesta en funcionamiento en los plazos previstos". La iniciativa reclama al Ejecutivo catalán "garantizar la máxima fiabilidad y seguridad en el desarrollo tecnológico de la T-Mobilitat" y que la auditoría se entregue al Parlament en un plazo máximo de seis meses.

Un informe antes de fin de año

La resolución también pide al Govern presentar a la Cámara catalana un informe antes de que finalice el año detallando los contratos y costes del proyecto, su estado actual, las penalizaciones e indemnizaciones acordadas por los "incumplimientos de contratos". Además, plantea aprobar en un plazo de seis meses "un nuevo sistema tarifario del transporte público, basado en kilómetros recorridos y recurrencias en el uso, teniendo en cuenta especialmente la tarificación social y previendo nuevos modelos de movilidad en transporte público, como la variabilidad del teletrabajo".

El diputado del PSC Jordi Terrades ha lamentado el tiempo y el dinero público perdido con el proyecto de la T-Mobilitat, y ha criticado la "falta de transparencia" que ha habido, por lo que ha exigido que se explique con claridad lo que ha pasado, liderazgo político y técnico, y relevar a los responsables si es necesario.

Apoyo incluso del Govern

La iniciativa socialista ha cosechado el apoyo incluso de la coalición que conforma el Ejecutivo catalán, ERC y Junts per Cataluña, bajo el argumento de que su voluntad es contribuir a que la T-Mobilitat avance, según ha explicado Cristina Casol, de Junts, el mismo partido al que pertenece el máximo responsable de la Generalitat al frente del proyecto, el vicepresidente Jordi Puigneró. Casol ha señalado que cuando se impulsó el proyecto se fue muy optimista en los plazos para implementarlo pero cree que ahora la situación es diferente y que el Ejecutivo actual lo está poniendo en marcha, por lo que "no se puede responsabilizar a este Govern".

Otra de las justificaciones que ha esgrimido el gobierno autonómico en el pasado es que la responsabilidad es también compartida con otras instituciones implicadas como el Ayuntamiento de Barcelona. Por su parte, el republicano Eugeni Villalbí ha repasado los retrasos del proyecto, aunque ha expresado su confianza en los planes del Govern para tirar adelante la T-Mobilitat de manera definitiva, y ha pedido que se aplique "de forma transparente, abierta, con las máximas bonificaciones sociales y con la participación de todos los agentes". 

"Falta de rumbo"

Desde la bancada de Cs, Marina Bravo ha relatado todos los retrasos que ha habido desde que se impulsó la iniciativa en 2013 y ha defendido que el proyecto tiene las mismas carencias que el Govern: sobrecostes, retrasos y "una falta de rumbo absoluta". Asimismo, Eva Parera (PP) ha rechazado que el motivo del retraso de la T-Mobilitat sea su complejidad, sino que cree que se debe a una mala gestión y una mala coordinación entre administraciones, y ha vaticinado que tendrá una tecnología ya obsoleta y que "acabará siendo un fiasco terrible" equiparable a la L9 de Metro de Barcelona. La cupaire Montserrat Vinyets ha sostenido que el proyecto lleva años de retraso con una "opacidad absoluta", y ha asegurado que, a su juicio, la T-Mobilitat es un ejemplo de que la colaboración público privada no funciona.

También ha recriminado que la T-Mobilitat se concediera a una empresa privada el diputado de los comuns Marc Parés, que ha expresado su apoyo a la moción porque es una "cuestión de transparencia", mientras que Vox ha constatado que "la sensatez y el buen gobierno no es una característica de la que gocen" los partidos independentistas. En el texto aprobado, los diputados también reclaman tener acceso a las auditorías anuales de la empresa SocMobilitat, unos documentos que deberán incluirse en el informe mencionado en el mismo plazo, es decir, antes de finalizar el año. También exhorta a "garantizar que la Autoridad del Transporte Metropolitano [ATM] y los operadores públicos que de ella dependen, impulsarán la gestión de la T-Mobilitat una vez sea operativa.