Para qué nos vamos a engañar, las tribulaciones de algunos expresidentes y exconsejeros de la Generalitat tratando de salvaguardar su patrimonio frente la fiscalización del Tribunal de Cuentas generan un gozo intenso y colosal en buena parte de los constitucionalistas.
Es fascinante ver a este hatajo de granujas asustadizos acogerse a todo tipo de triquiñuelas, de la mano del Govern de Aragonès y Giró, para intentar escurrir el bulto y mantener sus pisitos a salvo.
Yo no soy jurista pero tampoco hay que ser un experto en derecho para constatar que la artimaña del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las finanzas millonarias impuestas a la treintena de políticos y cargos autonómicos por despilfarrar el dinero público en promover el procés en el extranjero tiene pinta de que acabará mal, muy mal.
Luego nos dirán que la justicia española es malvada, que les tiene manía, que hay una persecución ideológica al independentismo, pero aquí los únicos que judicializan la política son ellos. Modificar por decretazo las funciones de ICF para que un ente de la Generalitat se coma el marrón de la dilapidación de recursos públicos que supuso el procés atufa a fraude de ley, por no decir a flagrante malversación y prevaricación.
No hay más que ver cómo se presenta el ICF: “Somos una entidad financiera pública, fundada el año 1985, propiedad de la Generalitat de Cataluña. Nuestra misión es impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial de Cataluña, al objeto de contribuir al crecimiento de la economía catalana, actuando como complemento del sector financiero privado. Financiamos a las empresas y emprendedores catalanes. Les acompañamos en su desarrollo y crecimiento, generando valor que repercute en toda la sociedad. Somos una entidad abierta, próxima, orgullosa de prestar apoyo a las empresas mediante soluciones flexibles, realistas, modernas y adaptadas a sus necesidades, con solidez y fiabilidad”.
El hecho de que ningún banco se prestara a conceder los avales y la opacidad con la que han actuado el Govern y los órganos de gobierno del propio ICF abunda en la sospecha de que todo esto tendrá consecuencias nefastas para los cómplices necesarios de este disparate.
En todo caso, es sorprendente que algunos estén dispuestos a jugarse su futuro, y tal vez a pasar algún tiempo a la sombra, por salvar los pisos de Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell y compañía.
De lo que no cabe ninguna duda es de que algunas cosas funcionan bien en este país. Y de que, con un poco de suerte, no todos los responsables del procés se irán de rositas. Mientras tanto, solo nos queda seguir disfrutando de este episodio y de otros muchos similares que esperamos estén por llegar.
¡Larga vida al Tribunal de Cuentas!
