El Tribunal Supremo ha sido contundente a la hora de rechazar la idoneidad de los indultos a los presos del procés. En un informe impecable, la sala penal recoge los argumentos por los que considera que el Gobierno no debería conceder esta medida de gracia.

Así, el tribunal advierte de que no existe la responsabilidad penal compartida y, por tanto, no puede haber un indulto colectivo, como se pretende, aunque se disimule con la concesión de gracias individuales.

Recuerda que los indultos los pueden solicitar terceras personas para los condenados, pero solo “en su nombre”, y eso no ocurre en el caso de los presos de procés.

Subraya que no existe arrepentimiento por parte de los penados. Es más, en el caso de Jordi Cuixart, ha declarado al tribunal que “todo lo que hizo lo volverá a hacer”. Una “voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática” que choca directamente con los fines que persiguen las penas: la reeducación y la reinserción social (artículo 25 de la Constitución).

Descarta las alegaciones de que las penas privativas de libertad afectan al círculo familiar y personal de los presos, pues supondría que aquellos penados socialmente desarraigados no tendrían derecho al indulto.

Deja claro que la sentencia no vulneró derechos fundamentales, como ha avalado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión de Venecia e incluso Amnistía Internacional.

Refuta las críticas a la supuesta desproporcionalidad de las condenas apuntando que la mayoría de las democracias tienen penas parecidas para hechos similares (conspiración para la sedición, en EEUU; alta traición, en Alemania, con entre 10 años de prisión y cadena perpetua; delitos contra la independencia o integridad en Francia, con cadena perpetua; ataques contra la integridad, independencia o unidad del Estado en Italia, con 12 años; atentado para destruir o cambiar la forma de Gobierno, en Bélgica, con entre 20 y 30 años; o intentar separar de la patria una parte del territorio, en Portugal, con entre 10 y 20 años).

El Supremo también alerta de que estos indultos podrían considerarse autoindultos --explícitamente prohibidos en el artículo 102 de la Constitución--, pues se otorgarían a “líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”.

Además, recuerda que las movilizaciones que dieron lugar a las penas “ni fueron pacíficas ni democráticas”.

Por todo ello, concluye que el indulto es “una solución inaceptable” para estos casos, pues no hay ninguna razón de “justicia, equidad o utilidad pública” que lo justifique. Y es que, añade, “la pena solo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición”. Cosa que no ocurre con los presos del procés.

Sin embargo, el Gobierno ha rechazado todos esos argumentos apelando a la convivencia. “La revancha o la venganza no son valores constitucionales. Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. El Gobierno tomará su decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles”, ha señalado Pedro Sánchez, en línea con otros miembros del Ejecutivo.

Pero lo cierto es que las penas de cárcel no son, según la Constitución, un castigo, una revancha o venganza, sino un medio para la reeducación y la reinserción. Y, en el caso que nos ocupa, está claro que todavía no han cumplido el objetivo encomendado.

Más absurdo todavía es buscar la convivencia mediante el indulto. Quizás habría que recordarle al presidente que ha sido la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia la que ha garantizado la convivencia en Cataluña, y no al contrario. Disolver la acción de la justicia --que es lo que supondría el indulto-- va justo en contra de la convivencia. Abaratar el precio de la sedición incentivaría a los independentistas a volverlo a hacer. Y lo peor de todo es que el Gobierno es consciente de ello.

Tampoco es sólido el argumento que esgrime el constitucionalismo catalán de tercera vía en el sentido de que los indultos ayudarán a atenuar el victimismo y el agravio y que facilitarán la desinflamación. Por no hablar de los que piden generosidad. El victimismo, el agravio y la inflamación estaban en Cataluña mucho antes de los presos. Y la experiencia nos dice que seguirán estando presentes en el discurso independentista con la misma intensidad con presos o sin ellos. ¿Alguien en su sano juicio cree que el independentismo se conformará con los indultos y olvidará el referéndum? En cuanto a la generosidad, ésta se otorgó con creces al condenar por sedición unos hechos que coinciden literalmente con el delito de rebelión, penado con más severidad.

Descartadas, pues, las principales razones enarboladas para perdonar a los sediciosos solo queda un motivo posible: el Gobierno necesita el apoyo inexorable del partido cuyo líder está en prisión.

Pero sea por una causa o por otra, llegamos a la terrible conclusión de que los motivos del Gobierno para conceder los indultos a los presos del procés son única y exclusivamente políticos. Ya sea como maniobra para “resolver el conflicto catalán” (en palabras del nacionalismo) --la tantas veces fallida estrategia del contentamiento-- o por necesidad parlamentaria, la gracia tiene razones exclusivamente políticas. Y eso convierte indefectiblemente a los presos en presos políticos.

¿Con qué argumento rebatirá el constitucionalismo al independentismo cuando se refiera a Junqueras, Cuixart, Bassa, Romeva, Forcadell, Rull, Turull, Forn y Sànchez como presos políticos (o ex presos políticos) si se les indulta con la excusa de que es políticamente conveniente? Es un contrasentido que se quiera indultar a los presos del procés para descargar de razones a los independentistas cuando eso precisamente les llena de razones. Nos hemos pasado años defendiendo que no son presos políticos, que son presos comunes... ¿y ahora les vamos a indultar por su implicación política, soslayando el componente penal?

Además, tenemos al fugado Puigdemont, que Sánchez prometió traerlo para que rindiera cuentas ante la justicia. ¿Cómo se someterá al dictamen de los tribunales si sus compañeros son perdonados? ¿Lo traerá para indultarlo?

Sánchez apuesta por los indultos para lograr la concordia, pero lo único que conseguirá será los indultos y la discordia.

No permitamos que la necedad o el partidismo nos cieguen: el indulto es una victoria inapelable del nacionalismo catalán.