El acuerdo “de mínimos” firmado esta semana por ERC, JxCat y la CUP deja muchas incertidumbres en el aire pero también evidencia algunas certezas.

En apenas una decena de líneas, los partidos independentistas plasman su estrategia a corto y medio plazo. Y el punto nuclear del manifiesto es la conjura para que “desde el diálogo y el embate democrático al Estado se pueda alcanzar el ejercicio de autodeterminación y la amnistía durante la próxima legislatura”. Además, abren la puerta a que el fugado Puigdemont siga mangoneando desde Waterloo. Mientras que a la “crisis social” apenas dedican media frase.

Es otras palabras, en los tres meses de negociaciones para formar Govern tras el 14F, ERC, JxCat y la CUP se han puesto de acuerdo en muy pocas cosas. Pero la más destacada de ellas es el compromiso para volver a la carga con el procés por las buenas o por las malas.

Lamento hacer de Pepito Grillo pero noto un tono excesivamente optimista entre algunos constitucionalistas respecto a las verdaderas intenciones de las formaciones y entidades nacionalistas. “Es solo postureo de cara a los suyos. No volverán a hacerlo. Han aprendido la lección del fracaso histórico de 2017”, suelen decirme cuando les advierto de los riesgos de que Puigdemont, Junqueras, Borràs, Reguant y compañía controlen la Generalitat. Y es posible que tengan razón. Pero lo cierto es que todos los documentos que firman van en la dirección de un nuevo desafío.

Así lo apuntaba también el acuerdo de investidura de Pere Aragonès que pactaron ERC y la CUP el 21 de marzo. En aquel convenio, ambas fuerzas se comprometían a celebrar un nuevo referéndum secesionista, limitar la mesa de diálogo con el Gobierno a dos años, amargar la vida a los Mossos, facilitársela a los okupas, crear un banco público y nacionalizar la gestión del agua y la electricidad, entre otras ocurrencias.

El hecho de que los antisistema de la CUP --los mismos cuyas juventudes jalean a los violentos cuando intentan quemar policías vivos en Barcelona-- hayan actuado de mediadores entre ERC y JxCat es muy significativo de hacia dónde van las cosas.

Además, la alternativa de un tripartito de ERC, el PSC y los comuns (que el CIS señala como la preferida por los catalanes) o de que, al menos, Illa y Albiach faciliten la investidura de Aragonès, no parece que esté cerca de materializarse. Y no me extraña. Es normal que, tras el batacazo electoral de Madrid, los socialistas (tanto los de aquí como a nivel nacional) no tengan muchas ganas de ser vistos como socios de los que protagonizaron el golpe al Estado de 2017.

Con estos elementos, todo indica que el próximo Govern --si es que finalmente hay alguno-- seguirá siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno, para la economía catalana y para la convivencia en esta comunidad.

Me temo que solo queda prepararnos para un nuevo episodio de la larga e inexorable decadencia de Cataluña de la que somos testigos.