La Unión Europea ha vinculado su presupuesto plurianual de 2021-2027 de 1,074 billones de euros y el fondo de recuperación de los daños de la pandemia de 750.000 millones al respeto del Estado de derecho en sus 27 países miembros.

La monitorización de los estándares democráticos quiere proteger unos valores cuestionados en ciertos Estados --tres de ellos la han recibido de uñas-- y contra los que se han manifestado algunas fuerzas extremistas, como es el caso de Vox.

Pese a que son enemigos de esas ideas, aprovechan la ventana de oportunidad que les da el Parlamento Europeo para atacar la democracia española con más ahínco que nunca precisamente en estos momentos, cuando la Unión criba quién cumple o no con los requisitos para merecer la ingente ayuda postCovid. Y no se cansan de recibir un revolcón tras otro a manos de las máximas autoridades de la UE por su tendenciosidad desmedida y descarada. El fanatismo les hace inasequibles al desaliento.

La ultraderecha nos tiene más o menos acostumbrados a esos números de circo, muy similares a los que montan los tres eurodiputados separatistas catalanes que coinciden con ella al incrementar su ofensiva en estas fechas; a ver si así hacen más daño en su tradicional línea de cuanto peor, mejor.

Lo que sorprende es que a estas alturas todavía haya militares de carrera que participen en esa estrategia y se sumen al partido de Santiago Abascal en su anhelo de deterioro y de involucrar al jefe del Estado en las conspiraciones. A primeros de noviembre, un grupo de 39 jefes y oficiales retirados del Ejército de Aire, de la XIX promoción de la Academia de San Javier, envió una carta al presidente del Parlamento Europeo en la que denunciaba la “aniquilación de la democracia” en España, una invectiva casi idéntica a la de Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, que se ha referido al “peor desmantelamiento de la democracia de la historia de la UE” para hablar del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos.

Esos militares en la reserva enviaron un texto muy parecido a Felipe VI pocos días después. Y hace apenas una semana, otros 73 jubilados, en este caso de la XXIII promoción de la Academia General Militar (Zaragoza) se han dirigido al Rey en los mismos términos. No parece descabellado pensar en una presión desestabilizadora, coordinada y desleal sobre el Estado que parecen haber copiado de esos dirigentes autonómicos --independentistas y no independentistas-- que juegan a puentear al Gobierno para apelar a las instituciones comunitarias.

Es verdad que están retirados, de hecho se enfrentarían a penas de sedición en caso de estar en activo. También es cierto que apenas son un centenar de generales, jefes y oficiales, frente a unas Fuerzas Armadas de 120.000 hombres y mujeres. Pero el asunto se parece bastante a lo que normalmente entendemos por un problema.

Los medios públicos catalanes y también los concertados han dado mucho más relieve que la prensa constitucionalista a estas noticias. Lo hacen para apoyar a quienes tratan de presentar a España como un Estado democrático fallido que aún es franquista; o sea, JxCat y ERC. No tienen razón, pero resulta inimaginable en cualquier otro país europeo que se formen grupos así para atacar al régimen democrático.

Se merecen una respuesta contundente, mucho más allá de lo dicho por la ministra Robles, que los ha descalificado así como de pasada desde el atril del Congreso. Tienen todo el derecho del mundo a manifestar su opinión, pero no como militares, que ya no son; y en consecuencia no tienen que apelar a Felipe VI como su comandante en jefe. Si insisten en exhibir las bocamangas para hacerse oír y transmitir un cierto ruido de sables, se les debe aplicar todo el rigor de la ley en esa condición de paramilitares.