Uno de los principales objetivos que se pretendían alcanzar con el proceso de descentralización de España tras la recuperación de la democracia era el contentamiento de los nacionalistas. Muchos confiaban en que así se integrarían en el proyecto común español. Cuatro décadas después, nadie duda de que ese propósito ha fracasado rotundamente.

A pesar de que España es uno de los países más descentralizados del mundo --según los índices internacionales más prestigiosos--, los nacionalistas catalanes se han radicalizado de forma extrema, hasta el punto de llevar a cabo un intento de secesión unilateral y violento. Recordemos a las hordas de fanáticos que el 1-O atacaron a la policía --que tenía el encargo de un tribunal de justicia de impedir el referéndum ilegal-- y que diez días antes rodearon y asediaron a una comitiva judicial durante un día entero. Algunos de los responsables de aquel levantamiento están en la cárcel por ello, aunque ya disfrutan de generosos permisos y pronto ni siquiera dormirán entre rejas.

Constatado el fiasco del apaciguamiento de los nacionalistas, tal vez haya llegado el momento de analizar si la centrifugación sistemática, permanente e ilimitada de competencias sirve, al menos, para mejorar la vida de los ciudadanos, ya que se supone que también se aspiraba a eso. Y la pandemia del Covid-19 ha sido un buen banco de pruebas del Estado federal que disfrutamos.

En este contexto, cabe destacar la batalla de los últimos días entre PP y PSOE a costa de la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Los populares atribuyen al Gobierno socialista la principal responsabilidad en la muerte de miles de ancianos, pues asumió el mando único nacional ante la crisis sanitaria. Mientras que el Ejecutivo apunta que la competencia sobre los geriátricos seguía siendo autonómica, y devuelve las culpas a la administración madrileña. Todo muy constructivo, sí señor.

Otro ejemplo de deslealtad institucional lo vimos hace poco más de un mes, cuando el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, rajó sin contemplaciones contra el Gobierno --en este caso, ambos son del mismo color-- por no permitirle avanzar cuando esperaba pasar a la fase uno de la desescalada. “Jugar con la vida y la economía de los valencianos tiene un límite”, añadió la líder del PP en la comunidad, Isabel Bonig. En fin.

De la misma manera, es bochornoso el descuadre entre las cifras diarias oficiales de fallecidos y contagiados por coronavirus ofrecidas por el Gobierno y las anunciadas por las CCAA. ¿De verdad no son capaces de coordinarse? En el caso de la Generalitat, la situación supera todos los límites razonables, hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad no ha podido ofrecer los datos globales de todo el país en varias ocasiones (ocurrió el 21 y el 25 de mayo) por no tener cifras fiables de Cataluña. “No es baladí que no podamos saber qué está pasando ahora mismo en Cataluña”, llegó a declarar el 22 de mayo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Inaudito.

Aunque tampoco sorprende tanto el caso de la Generalitat cuando, durante los momentos más duros de la lucha contra la pandemia, el Govern ha puesto todo su empeño en torpedear la acción del Ejecutivo nacional. La administración Torra ha promovido discursos como el de España nos mata, por no hablar de episodios esperpénticos como el de la supuesta conspiración de las 1.714 miles de mascarillas.

Una muestra inapelable de la ineficiencia del modelo de descentralización implementado en España se pudo constatar en un simple folleto de la Comisión Europea. El ejecutivo comunitario lanzó al principio de la pandemia un tríptico con información sobre el Covid-19. El impreso indicaba el número de teléfono de asistencia único al que llamar si se tenían síntomas de la enfermedad en cada uno de los estados miembros… salvo en el caso de España. Para España, la comisión instaba a “ver los números regionales" y ofrecía un enlace que dirigía a la web del Ministerio de Sanidad con un teléfono para cada una de las 17 CCAA y las dos ciudades autónomas. Ridículo.

Decía este domingo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad --y exministro socialista--, Josep Borrell, que la pandemia del coronavirus “era una ocasión para reforzar la unidad nacional” en España mediante la colaboración entre las fuerzas políticas y las administraciones. Y lamentaba que “no parece que haya sido el caso”.

Me temo que todavía habrá quien plantee que esto se arregla con más descentralización.