Navidad llega tras 10 meses de parálisis en España. Los que han seguido al anuncio que hizo Pedro Sánchez en febrero y al que sucedió una larguísima campaña electoral que aún colea. La que ha dado alas a populismos de todos los sentidos y que llega a finales de año con el primer Gobierno de coalición en la historia de la democracia en ciernes. El mismo que en verano era impensable, el de PSOE y Podemos, y con un pacto de investidura que se ultima con ERC.

El acuerdo evitará unas terceras elecciones que sólo beneficiarían a un partido, Vox, cuyo ascenso incluye a España en el grupo de países europeos en los que el populismo de ultraderecha campa a sus anchas. Motivo de preocupación. Tanto, como la falta de alternativas al llamado ‘Pacto de Izquierdas’ por los temores y complejos que implican los cálculos partidistas que se imponen.

España no es país de políticos valientes. Las piezas que están ahora en el tablero para superar los 10 meses de parálisis también dejan a los dos partidos que los suscribirán en mal lugar. Los socialistas deberán hacer malabarismos para rebatir que no se “pacta con ETA”, un discurso radical y que, de forma sorprendente, no sale de las filas de Vox, aunque beneficia en enorme medida a los de Santiago Abascal. ERC deberá lidiar con sus propios fantasmas, los del independentismo más irredento (y también populista) que ya les ha tildado de botiflers.

Si Sánchez saca adelante su investidura en los últimos días de 2019, tal y como pretende, incidirá en una mayor inestabilidad. En este caso, en Cataluña. La que llevará al enésimo adelanto electoral en la autonomía, en esta ocasión precedido por más cálculos partidistas en los que JxCat intentará evitar de nuevo que las encuestas se cumplan y pierdan la presidencia de la Generalitat. No es la primera ocasión en que se encuentra en esta situación, y hasta ahora siempre ha conseguido dar la vuelta a los pronósticos en el último minuto.

Todo ello, mientras los republicanos intentan asegurar que irán a las urnas en toda Cataluña con unos presupuestos aprobados. La gran tarjeta de presentación de Pere Aragonès en unos comicios que también hace meses que se espera que la Generalitat convoque y que Quim Torra (y Waterloo) evita a la espera del momento ideal para sus intereses. Que no se deben confundir con los de Cataluña.

ERC ha pactado con los comuns una revisión de la fiscalidad catalana que directamente ha sublevado a sus socios en el Govern --véase la indignación de Pilar Rahola o de Xavier Sala i Martín, dos figuras clave en la ideología neoconvergente--, y que ahora se anuncia que entrará en vigor desde el próximo 1 de enero. Es decir, los incrementos de ciertos tramos del IRPF y del impuesto de sucesiones, entre otras cuestiones, se deberán abonar de forma retroactiva en el momento en que se saque adelante la Ley de Presupuestos catalanes de 2020 en el Parlament.

No sería la mejor fórmula para garantizar la ansiada estabilidad en Cataluña. Además, se saca adelante sin divulgar los detalles (ni siquiera se conoce la afectación que tendrá para la empresa familiar, tan importante para la economía catalana) y casi al mismo tiempo en que se ha aprobado un nuevo decreto para regular la vivienda. Su objetivo no es otro que el de arañar un pool de pisos sociales que el sector público ha sido incapaz de conseguir por una gran concepción de base, que el grueso de los inmuebles construidos ha sido para la venta y no para el alquiler, y traslada esta presión al sector privado (y a la banca), al que se acusa de ser el único culpable de los problemas que vive el sector.

En Cataluña se afianza la imagen de que no es un territorio interesante para invertir. Efectos colaterales de una inestabilidad con un impacto directo en la economía del territorio. Pero, para nuestros gobernantes, lo más importante son los cálculos partidistas. Si podrán mantener la hegemonía la próxima ocasión en que vayan a las urnas. Bon Nadal!