Decenas de Mossos d’Esquadra alrededor del Camp Nou y un único objetivo: que el Barça-Real Madrid se pudiera celebrar. El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, debió dar un suspiro de alivio mientras pisaba el césped. La primera parte del dispositivo de seguridad había sido un éxito. En efecto, el despliegue de la policía autonómica, también preventivo, para garantizar el clásico fue envidiable. Nada que ver con lo ocurrido en La Jonquera, donde la pasividad de la policía autonómica ante la acción de Tsunami Democràtic tras la sentencia del Tribunal Supremo bloqueó carreteras y arruinó la mercancía de los camioneros inmovilizados.

“Se puede ejercer la protesta de forma democrática y pacífica, y a la vez jugar el partido”, aseguró ayer el presidente Quim Torra. El mismo que participó en los cortes de carreteras de Girona junto a sus familiares para pedir la liberación de los independentistas presos. Pero a los trabajadores que vieron su vida alterada por esa extraña revolución de obediencia gubernamental, que les den. Está claro que el procés ha trastocado ideologías, pero por mucho disfraz antisistema que Torra se ponga por tacticismo electoral, lo cierto es que a la derecha catalana le sigue dando alergia la clase trabajadora. Ya lo dice el economista Thomas Piketty: "El independentismo es defendido por los más favorecidos".

De ahí que Junts Per Catalunya abomine del pacto fiscal suscrito entre ERC y los comuns --“no es nuestro modelo de país", dice Eduard Pujol-- con el inestimable apoyo de Pilar Rahola, para quien “6.000 euros al mes es clase media y apurada”. Se puede debatir sobre el contenido y alcance de esa reforma tributaria, pues posiblemente se haya presentado de forma precipitada, dejando muchos cabos sueltos. Pero las palabras de Rahola --que se llevó 100.000 euros en dos años solo por participar en un programa de TV3-- demuestran muchas cosas: la desconexión total de nuestros líderes políticos y sociales respecto a la working class, al más puro estilo Trump y, sobre todo, el mundo paralelo en el que vive nuestro president, cuyo pan y circo procesista ya no distrae la atención de nada.

Cataluña retrocede en vigor económico y aumenta en pobreza. La prometida república catalana ni está ni se la espera, y hemos pasado del Freedom for Catalonia reivindicado en la inauguración del Estadi Olímpic de Barcelona hace 30 años al Spain sit and talk que ayer se leyó en las gradas del Camp Nou. Para este viaje no hacían falta alforjas ni pelotitas amarillas ni mucho menos barricadas, pues los radicales no representan a la mayoría de los catalanes. Y mucho menos a esa clase trabajadora que ignora Torra. Ni siquiera a los independentistas que sueltan lastre de la unilateralidad.

Pero es curioso comprobar cómo los vínculos entre el deporte catalán y el nacionalismo se han mantenido durante tres décadas, aunque algunos de sus protagonistas no han salido bien parados. Como ya explicamos en Crónica Global, dirigentes como Oriol Pujol, Joaquim Forn, Francesc Homs, Xavier Martorell, Carles Llorens o Josep Rull, quienes a finales de los 80 ya paseaban su radicalismo soberanista por los estadios deportivos, han acabado condenados o saliendo de sus cargos políticos por la puerta de atrás.

Más reciente es la detención del secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, por el supuesto desvío de dinero a entidades vinculadas a CDC. Pero este tipo de investigaciones, como diría Laura Borràs, son la forma que tiene el Estado opresor de perseguir el independentismo. Lo dice ella, que afronta una causa judicial ante el Tribunal Supremo por sus contratos a dedo. Ella, la primera que se apuntó ayer a la concentración de Tsunami junto a Francesc de Dalmases, también investigado, pues su fundación se habría beneficiado supuestamente de la malversación atribuida a Figueras. El tiempo dirá si esa mala praxis se queda en una irregularidad contable o se trata de una corrupción de campeonato.