Es admirable la capacidad de rearme que tiene el independentismo, que aprovecha cualquier resquicio legal/mediático para poner en marcha su bien engrasado aparato de propaganda y asegurar que el Estado español es represor, que el mundo nos mira y que Franco no ha muerto. No hay ironía en la reflexión. Dale a Quim Torra un punto de apoyo y estaremos diez días atentos a movilizaciones procesistas, cada vez menores pero igualmente magnificadas por los medios públicos y privados financiados por la Generalitat. El mejor ejemplo de que los neoconvergentes tienen cartuchos pendientes de quemar es el miedo de ERC --lo confiesan en privado-- a que se reactive la euroorden y Carles Puigdemont sea detenido.

El arresto de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que supuestamente preparaban atentados tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O ha supuesto un nuevo balón de oxígeno para el presidente catalán, quien como era previsible, dedicó más tiempo a la arenga secesionista que a su acción de gobierno en el Debate de Política General que ayer comenzó en el Parlament.

Un debate que ya quiso utilizar para escaquearse del juicio al que ha sido citado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por negarse a retirar esa pancarta a favor de los “presos políticos” que cuelga del balcón del Palau y que todo lo tapa. La pobreza, las listas de espera en la sanidad y en las ayudas a la dependencia, el caos en la gestión de la Renta Garantizada, los recortes educativos…

La condena a la que se enfrenta Torra por esa desobediencia es leve, de ahí que no fuera necesaria su presencia en la vista. Pero el TSJC ha optado por cambiar la fecha del juicio. Así le quita argumentos. Y le toca las narices un poco. Sutilidad es lo que se necesita contra el secesionismo más irredento, no las bravatas de Ciudadanos, cuya dirigente, Lorena Roldán, mezcla el atentado de ETA en Vic con los CDR.

La “astucia” de los procesistas no se combate con más crispación y violencia verbal, lo dicen las encuestas de intención de voto y el hartazgo ciudadano que reflejan, pero Cs, erre que erre. De nada sirve cargar de razones a Torra y su “historia de violencia” policial y judicial. Es mucho más efectivo apuntar a otro tipo de “violencia”, esa sí ejercida por el presidente catalán y que tiene que ver con su dejación de funciones en materia de desigualdad social. “La pobreza mata”, dicen los afectados por la caótica gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que ayer se concentraron ante la Cámara catalana. Son los parias de la tierra, los que no votan a la derecha catalana. Entre ellos no hay bolsos de Armani y abrigos de 1.000 euros, y sí mucho desespero.

La operación contra los CDR también ha permitido visualizar el poco respeto del Govern a la separación de poderes y la ignorancia que irredentos independentistas como Laura Borràs tienen de los procedimientos judiciales. Pedir la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones, cuando los arrestos fueron ordenados por una juez, resulta bastante ridículo.

La Justicia española, se ponga como se ponga Torra, es garantista. Tiene fallos, sí, como ocurre en otros países, pero no se arreglan con más injerencia --no me canso de recordar que la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república otorgaba a Puigdemont el poder absoluto sobre los jueces--, ni cuestionando un sistema al que el Govern ha recurrido en múltiples ocasiones.

Torra abusa de los argumentos etnicistas --los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil son malos, los Mossos d’Esquadra son buenos-- obviando que todas las fuerzas policiales son españolas y que la autonómica se nutre de efectivos procedentes de esos cuerpos nacionales. ¿Violencia policial, dice Torra, contra los CDR? ¿Cómo calificar entonces la carga de los Mossos en Sants durante un desahucio?

Y el president omite, sobre todo, que entre esos cuerpos policiales hay colaboración y camaradería, mientras que es la cúpula de la Consejería de Interior, en cuyo historial hay récord de depuraciones, la que intenta politizar y enfrentar a funcionarios que se juegan la vida en la calle y carecen de medios humanos y materiales. Eso, presidente Torra, también es violencia implícita.