Todos ganan, menos el contribuyente. Hacienda, el Gobierno, la banca… El escándalo social que ha provocado la resolución del Tribunal Supremo sobre las hipotecas ha sido aprovechado hábilmente por el presidente Pedro Sánchez para anunciar que serán las entidades financieras las que paguen el gravamen. Una medida que, obviamente, no tendrá efectos retroactivos. “Es más fácil quitarle a un perro una salchicha que recuperar algo del Estado", escribía ayer en Crónica Global el fiscalista y profesor de Universitat Abat Oliba CEU, Esaú Alarcón. Enorme.

La jugada del socialista es excelente y si fuéramos muy mal pensados, hasta podría asegurarse que hemos asistido a una carambola entre Gobierno, Supremo y banca para poner sordina a la polémica. Pero queda pendiente una explicación. Las entidades bancarias ya han hablado, el alto tribunal debe razonar su marcha atrás por escrito y el Ejecutivo ha explicado sus reformas legales. Sin embargo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha optado por el mutismo, que es lo mismo que esconderse en unos momentos tremendamente delicados para su negociado. Los reveses europeos en los casos Valtonyc y Otegi están siendo utilizados como arma arrojadiza por un independentismo empeñado en propagar a los cuatro vientos que la Justicia española es un desastre. De momento, la diplomacia catalana ha sido un desastre, pero se impone un actitud más proactiva por parte del Gobierno.

No debe ser tan difícil hacer compatible la prudencia que exige la separación de poderes con la defensa de un servicio público. Porque la Justicia lo es. A determinados jueces no les gusta oír eso, de ahí su cerrazón, léase, desconexión de una sociedad que, con sus impuestos, financia un pilar fundamental del Estado de Derecho. El más olvidado en toda campaña electoral. Por mal que le pese a Carles Puigdemont y su testaferro gubernamental, Quim Torra, la Justicia española es garantista, no así la chapuza judicial contemplada en la ley de transitoriedad, un atentado contra la separación de poderes en toda regla.

Delgado ha sobrevivido a las grabaciones del turbio comisario Villarejo, principalmente porque el contenido de las mismas nada tienen que ver con las de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que acaba de renunciar --¡por fin!-- a su acta de diputada. A la ministra se le puede reprochar una cierta ordinariez en sus conversaciones, la misma que gastamos todos en la barra de un bar, pero las de Cospedal reflejan el trapicheo con el caso Gürtel y los trabajitos encargados al policía.

Sin embargo, la ministra tiene en ciernes una huelga de jueces y fiscales. Eso es algo muy gordo. No reclaman nada nuevo: más medios materiales y personales, mejoras salariales, independencia y modernización de la Administración de Justicia. Un colapso judicial es lo que realmente compromete el futuro de Dolores Delgado, no vaya a ser que las togas rematen el trabajo empezado por Villarejo.