“Usted me ha convertido en un preso político”, le dijo el otro día Jordi Turull al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa por el intento de separación de Cataluña.

Josep Rull, además de acusarle de estar al servicio del Gobierno --que debe ser lo peor que se le puede decir a un juez--, le desafió: “Yo no estaría aquí si no hubiéramos ganado las elecciones”.

Algo parecido hizo Raül Romeva después de reprocharle que no ve a sus hijos por su culpa cuando soltó en su presencia que era “víctima de una persecución política”.

Carme Forcadell, pot su parte, pasó de entonar un teatral mea culpa a echarle en cara que "vulnera sus derechos".

Los abogadores de estos políticos encarcelados también han endurecido sus manifestaciones públicas con un papel activo que va mucho más allá de lo que es una defensa jurídica normal y que apunta a Pablo Llarena de una forma muy personalizada. Es un cambio de estrategia que persigue un doble objetivo.

De un lado, tratan de profundizar las dudas sobre la calidad del trabajo del juez aprovechando el jarro de agua fría que supuso el fallo de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein. Llarena tiene fama de soberbio y de estar pagado de sí mismo, de modo que quizá es un hombre del que se puede esperar una reacción si se le provoca adecuadamente.

La nueva estrategia es una precampaña por si hay elecciones el 15 de julio en la que colaboran los medios afines, tanto públicos como subvencionados

De otro, hacer una denuncia política de los autos de procesamiento con la ayuda de los medios de comunicación afines, tanto públicos como subvencionados. Es una buena precampaña electoral por si hay que volver a las urnas el 15 de julio.

Los dos caminos llevan a un solo destino: Carles Puigdemont, ante la justicia alemana y ante las urnas catalanas. La dialéctica que ha establecido el soberanismo sitúa al expresidente en un extremo del terreno de juego y en el otro al Estado, representado bien sea por Mariano Rajoy o cualquier otro asimilado (PSOE, Ciudadanos, Podemos...). Y en medio, nadie. Tampoco ERC.

¿Qué debe estar pensando Oriol Junqueras en su celda de Estremera? ¿Le conviene esa estrategia de confrontación a cara de perro? ¿Podrá negarse a la lista conjunta si hay que repetir elecciones o dejará que JxCat consolide el sorpasso del 21D? ¿Cómo podría participar en la campaña electoral para la que Puigdemont dispone a su antojo de los medios amigos, que incluso convocan a diario a su letrado Jaume Alonso-Cuevillas como si fuera el redactor de tribunales de plantilla?

Es muy probable que el presidente de ERC, sin el apoyo de la secretaria general y en las manos orgánicas de Lluís Salvadó (el de las tetas gordas y las hembras rumanas), concluya que en realidad está penando su gran pecado: impedir que Puigdemont convocara elecciones aquel fatídico 26 de octubre de 2017 cuando el artículo 155 les caía encima.