A propósito de la fianza que el Tribunal de Cuentas impone a varios dirigentes catalanes del anterior Gobierno, hay tres razones por las que se antoja adecuado que los responsables de determinadas fechorías políticas conozcan el peso de la ley con toda su fuerza. Veámoslas:

1. La responsabilidad sobre el dinero público

Existe en España una especie de secuela cultural del mismísimo Lazarillo de Tormes por la que los fondos que son públicos, y en consecuencia proceden de las aportaciones tributarias del conjunto de los ciudadanos, pueden ser gastados con menos escrúpulos y rigurosidad que la aplicable de forma ordinaria al gasto privado.

Esa visión desacomplejada sirve para que el dinero y los bienes públicos se conviertan sin sonrojo en dádivas corruptas o para que cualquier aprendiz de político, en cualquier nivel de la administración, actúe primero con ligereza y, más tarde, con impunidad.

Cualquier euro público mal gastado no deja de ser un dinero sustraído a la resolución de los problemas más acuciantes de una sociedad

Funcionarios, empleados públicos y responsables políticos de las diferentes administraciones deben conocer de una vez por todas que el dinero de todos debe protegerse como cualquier otro activo común. Es más, ante la situación social de drama que todavía planea en forma de pobreza, paro y marginación, cualquier euro mal gastado no deja de ser un dinero sustraído a la resolución de los problemas más acuciantes de una sociedad. Esa especie de coste de oportunidad no puede orillarse en virtud de objetivos políticos, como hizo el Gobierno catalán que presidía Artur Mas. Si querían organizarse una consulta popular, un proceso participativo (9-N), un butifarréndum o una costillada con urnas, están en su legítimo derecho. Pero, ya puestos, sean responsables y páguenlo de sus bolsillos, porque ese era un gasto ilegal que se financió con dinero público, de todos, de los favorables y de los contrarios.

2. Gobernar y administrar no es lo mismo

Existe una confusión habitual entre dos conceptos que por proximidad semántica tienden a confundirse: administración y gobernación. Sin embargo, las diferencias son suficientes para que un Tribunal de Cuentas (al que los independentistas no le reconocen valor, como a casi todo lo que les incomoda) le diga a un dirigente político que tiene todo el derecho, incluso la obligación de gobernar de acuerdo con sus compromisos electorales, aunque eso sea insuficiente para cumplir de forma adecuada con los principios de administración legal y transparente.

Mas podía llevar Cataluña hacia la independencia. También los actuales gobernantes lo pretenden --en especial el núcleo duro republicano incrustado en la Consejería de Economía--, pero no pueden administrar de forma arbitraria los recursos comunes haciendo un uso sectario o el que les plazca del dinero público.

3. El intangible perdido no tiene fianza

Se molestan los independentistas al considerar que los más de cinco millones de euros que irán contra el patrimonio de Artur Mas son un castigo de una severidad que pretende arruinarle y convertirle en un desharrapado sin la dignidad y nobleza esperable para quien presidió la institución catalana. Se equivocan en el análisis; Artur Mas Gavarró ha causado muchos más perjuicios económicos a la sociedad que gobernaba y administraba de los que ha cuantificado el Tribunal de Cuentas y por ellos no estará obligado a resarcir ni un céntimo.

Cualquier experto que hiciera una evaluación del coste de marca que Cataluña soportará en términos de efecto negativo después de este proceso secesionista sabe que es enorme, incuantificable prácticamente. Por no hablar de las oportunidades de inversión que se hayan perdido en el camino (harto está uno de que le repitan que Amazon invierte en Barcelona y se olviden de cuántas empresas han declinado la posibilidad) por la inestabilidad política y jurídica que sobrevolaba el territorio y que fue alentada de forma clara por Mas.

Cualquier experto que hiciera una evaluación del coste de marca que Cataluña soportará en términos de efecto negativo después de este proceso secesionista sabe que es enorme, incuantificable prácticamente

La parálisis de la actividad administrativa y de iniciativa política en las diferentes áreas de actuación y competencia de la Generalitat es delirante en los últimos cinco años. Primero la excusa fue la crisis, más tarde, con el soberanismo sobre la mesa, el asunto eran las prioridades: lo importante era eso y lo demás accesorio. Un territorio, una comunidad que dedica todos sus esfuerzos y energías a un único propósito pierde fuelle en el resto de ámbitos en los que debe competir con entornos muy globales y especializados. Que somos los campeones del independentismo es obvio, que nos hemos retrasado en innovación, investigación y en internacionalización resulta también innegable. La administración catalana no ha contribuido a ello en los últimos tiempos y el lucro cesante colectivo se incrementa cada día que pasa.

Son costes intangibles por los que ningún tribunal pasará cuentas a Artur Mas y sus cómplices políticos. Pero que la papelera de la historia donde se halla no debería perdonarle jamás. Cataluña encumbró a un político que se demostró ineficaz y costoso para la colectividad. La fianza impuesta no restituye ni un pequeño porcentaje de lo que nos ha detraído a todos los ciudadanos a los que gobernó y a los que nos ha conducido, con malas artes, medias verdades y todo tipo de subterfugios, al borde del peligroso y tormentoso acantilado en el que vive hoy la sociedad catalana.