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Vacunas separatistas

Elisa de la Nuez
7 min

Han tenido que ser una vez más los Tribunales de Justicia los que impongan a la Generalitat de Cataluña que cumpla con sus obligaciones institucionales, en este caso la de vacunar --conforme al orden establecido en los protocolos de vacunación vigentes-- a los miembros de la Guardia Civil y la Policía destinados en Cataluña. Como es sabido, mientras que en las demás CCAA (incluso en las que cuentan con gobiernos nacionalistas) no ha habido ningún problema en seguir estos protocolos, vacunando de forma prioritaria (por tratarse de colectivos en especial situación de riesgo), a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en Cataluña el porcentaje de vacunación de policías y guardias civiles era anormalmente bajo, sobre todo comparado con el colectivo autonómico equiparable, el de los Mossos d´Esquadra, o incluso con la policía local, lo que apunta a una discriminación intolerable tanto en términos jurídicos como institucionales.

Efectivamente, según los datos aportados en el procedimiento judicial seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la propia Generalitat a 24 de marzo de 2021 habían sido vacunados el 77% de los efectivos del Cuerpo de Mossos d'Esquadra así como el 68,9% y el 77,9% de los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Urbana de Barcelona frente al 3,6% y 2,8% respectivamente, de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. La constatación de esta flagrante discriminación ha llevado al TSJC a ordenar (vía medida cautelar) que se vacune a los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional destinados en Cataluña hasta llegar a un porcentaje similar al alcanzado en los Mossos d´Esquadra y Policía Local.

Estamos ante otro ejemplo del sectarismo con el que se comportan en demasiadas ocasiones las instituciones catalanas, máxime en un tema tan sensible como es el de la salud. El uso no ya político, sino discriminatorio de la vacunación me parece especialmente preocupante; pensemos en qué diríamos si los Gobiernos de turno de uno u otro signo pudiesen acordar vacunar preferentemente a los más afines ideológicamente, y no a los colectivos más vulnerables o más expuestos a la pandemia, como se ha hecho en todos los países civilizados. O, por el contrario, que pudiesen postergar la vacuna para aquellos colectivos que consideren menos afines con independencia de su exposición al riesgo, que es exactamente lo que ha hecho la Generalitat.

Teniendo en cuenta que las vacunas pueden salvar vidas resulta sencillamente intolerable esta actuación discriminatoria, y un ejemplo más de una utilización abusiva y arbitraria de los poderes públicos de los que están investidas las Administraciones Públicas para servir con objetividad --no lo olvidemos-- a los intereses de toda la ciudadanía, y no sólo de sus partidarios. Así lo recuerda el art. 103 de la Constitución, pero también su art. 9.3 cuando garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El problema se agrava si tenemos en cuenta la reacción de las autoridades ante la medida cautelar ordenada por el TSJC. Nada menos que contraponer el derecho a la salud de estos colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el de otras personas que, supuestamente, no podrían acceder a la vacuna o lo harían más tarde por el hecho de tener que cumplir esta resolución judicial. A la arbitrariedad a la que nos tienen acostumbrados los gobernantes de Cataluña se une ahora el insulto a la inteligencia de los ciudadanos: al parecer, esta contraposición no se detectó cuando se vacunó a los Mossos d´Esquadra y a la Policía Local, y eso que entonces el porcentaje de la población de mayor edad no inmunizada era superior.

Pero quizás lo peor es la falta absoluta de decencia que ponen de relieve las declaraciones del Secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, asegurando que el cumplimiento de la resolución judicial retrasaría la campaña de inmunización en personas mayores de 70 años. Aparte de ser inciertas, una vez acordado que hay determinados colectivos que pese a contar con personas de menor edad tienen, por sus funciones, una mayor exposición al riesgo de contraer el Covid como son los sanitarios, los profesores o los policías ¿cómo es posible decir sin abochornarse que vacunarlos a ellos primero pone en riesgo la salud de otros colectivos también vulnerables convirtiéndolos en una amenaza para estas personas de forma absolutamente torticera? ¿De qué estamos hablando? Precisamente uno de los pocos consensos que hemos mantenido a lo largo de la pandemia es el respeto general (más allá de los tradicionales episodios de picaresca protagonizados especialmente por políticos o/y funcionarios) por el orden de vacunación establecido, básicamente porque nos parecía que era razonable y justo.    

En fin, aunque muchos representantes políticos catalanes y no catalanes nos tiene acostumbrados a unos estándares institucionales y éticos muy mejorables, quizás el de la vacunación selectiva es uno de los episodios que mejor ponen de relieve los despeñaderos morales a los que se asoma la clase política independentista.

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¿Quién es... Elisa de la Nuez?
Elisa de la Nuez

Elisa de la Nuez es Secretaria General de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional.