Carles Puigdemont ha sido el único dirigente independentista sincero al referirse al vergonzoso episodio de discriminación protagonizado por parte del departamento de Salut al retrasar intencionadamente la vacunación de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, respecto de la programación aplicada a los Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona y policías locales. El expresidente de la Generalitat ha lamentado que los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a Cataluña reciban sus dosis antes “que las personas indefensas y pacíficas a las que golpearon de forma salvaje el 1-O”.  

Puigdemont justifica y explica con precisión la causa de la discriminación de la que han sido objeto los funcionarios públicos dependientes del Estado que trabajan en Cataluña. De hecho, propone un nuevo eslogan, aun sin verbalizarlo: “ni olvido, ni perdón, ni vacunación” para nuestros adversarios. La discriminación es innegable porque las cifras del departamento lo certifican inequívocamente: 80,3% de Mossos vacunados frente al 9,9% de policías. Sorprende que lo niegue el secretario de Salut Pública, habitualmente poco predispuesto a seguir el juego a la titular del departamento, muy dada a los razonamientos insostenibles.

La amenaza de nuevos retrasos en la programación de los mayores de 70 años por culpa de la orden del TSJC es una ofensa a la inteligencia. Los únicos culpables de un eventual retraso en algún colectivo por cumplir ahora lo que debían haber cumplido hace semanas solo pueden ser quienes creyeron que actuaban como patriotas al impedir el acceso a las vacunas anti Covid a los servidores del Estado en Cataluña por el solo hecho de estar en nómina de dicho Estado. Quienes dieron esta orden se habrán olvidado de que la Generalitat (todos sus dirigentes y funcionarios) forman parte del Estado español, en realidad la institución conforma su representación en Cataluña.

El independentismo considera el 1-O como la fecha del big bang fundacional de su nueva e imaginaria república; en realidad una Cataluña dividida, en la que todos debemos ser alineados según la aceptación o no de su versión de lo que ocurrió en el otoño de 2017. De todos los eslóganes del independentismo, el más insostenible es el que reza “ni oblit, ni perdó”, sobre todo viniendo de quienes reclaman al Estado el olvido y el perdón mediante una amnistía. El beneficio que exigen para ellos mismos no casa con su actitud para con el prójimo.

La actitud descrita abiertamente por el expresidente Puigdemont nace de la convicción de que solo el Gobierno central y la justicia se equivocaron ante el 1-O. Se equivocaron sin duda y siguen sin enmendar su equivocación (más bien la agrandan), pero también erró el independentismo y no sólo porque perjudicaron a su propia causa sino porque arrastraron a todo un país en su fantasía.

El episodio de discriminación en materia de salud que han vivido los policías y guardias civiles que trabajan en Cataluña no es una anécdota, ni un error de programación, es la expresión de un síntoma poco esperanzador, el de la voluntad de utilizar las instituciones en contra de los supuestos adversarios interiores, pretendiendo identificarlos como la “policía de ocupación” frente a “nuestros Mossos”.

Puigdemont habrá obtenido algunos aplausos de sus fieles al reivindicar sin escrúpulos la aplicación a los policías nacionales del espíritu de revancha que habitualmente el independentismo atribuye y critica a la justicia española. La denuncia de la injusticia que sufren y han sufrido los presos del procés por la desmedida condena de cárcel no necesita de ningún desvarío de discriminación por parte de la Generalitat para ganar en legitimidad porque la tiene toda. La reacción de Puigdemont y la decisión del departamento de Salut más bien pueden interpretarse como la búsqueda del consuelo por parte del derrotado.

Al minuto de conocerse la orden imperativa del TSJC para vacunar a los agentes de policía marginados de la programación cuando correspondía, los señalados propagaron la sospecha de una maniobra perpetrada por los mandos de estos agentes. Se habrían negado a acudir a los centros habituales de vacunación para presentarse como víctimas del abandono por parte del Gobierno catalán.

La insinuación debería ser documentada para ser creíble. Como excusa es descabellada, no tanto porque no pueda ser cierta, sino porque, de serlo, el departamento de Salut lo habría denunciado solemnemente en el momento de producirse. La consejera Alba Vergés difícilmente elabora una frase larga sin incorporar una subordinada responsabilizando al Estado de algo. No habría desaprovechado una ocasión tan propicia.