¡Es triste vivir en una época en la que hay que luchar por lo que es evidente! La hondura de esta frase del dramaturgo austríaco Friedrich Dürrenmatt escrita hace 40 años viene a cuento para expresar mi sentimiento respecto a la enmienda que Bildu y Esquerra Republicana han presentado a última hora para formar parte del cuerpo legislativo de la nueva ley de universidades. La enmienda reza básicamente de este tenor: los claustros universitarios podrán analizar, debatir y posicionarse sobre temáticas de especial trascendencia social, jurídica, económica o política. Es decir, que al articulado base de la ley que ya establece poder “analizar y debatir” aprobado por el Congreso, quieren añadir además la posibilidad legal de que los claustros puedan votar pronunciamientos políticos de parte.
Supongo que para la mayoría de la ciudadanía ajena a la vida universitaria les parecerá una enmienda sin la mayor trascendencia. Incluso la podrán ver con simpatía en la medida en que autoriza algo hasta cierto punto “lógico” como es que los claustrales puedan debatir de las cuestiones que les parezcan que tienen especial relevancia en la vida social. Especialmente para estos ciudadanos quisiera hacer algunas consideraciones de lo realmente peligroso y nocivo que supone esta enmienda para la vida universitaria y para la vida institucional española. Lo haré a partir de tres consideraciones principales.
La primera es que los claustrales no representan a nadie en cuanto a los “temas de especial trascendencia”. No son elegidos por sus compañeros para tales fines. No tienen legitimidad para defender posiciones ideológicas y/o políticas que son meramente individuales. No pueden imponer a toda la universidad un pronunciamiento político oficial porque sencillamente la universidad no puede tener una línea ideológica y política oficial puesto que es un servicio público para toda la ciudadanía. Y, además, deben recordar que son funcionarios públicos que tienen libertad de cátedra individual, pero no la potestad de contribuir a que se pierda la neutralidad institucional que la universidad debe guardar como parte de su propio ethos. Los rectores y los claustrales son representantes y dirigentes académicos y no políticos. Si aceptamos lo segundo pervertiremos las elecciones a cualquier cargo universitario, pues entonces tendrá que decir públicamente el candidato cuál es su ideario político para ser votado en función del mismo y no solo de sus posiciones académicas. ¿Acaso en el cercano futuro antes de matricularse en una universidad pública los alumnos tendrán que informarse sobre si es de izquierdas, de derechas, nacionalista o medio pensionista?
La segunda consideración es que la vida institucional española, como en cualquier otra democracia, se basa en una división funcional de las diversas instituciones. Es decir, no todas se ocupan de todos los asuntos de la comunidad nacional. En la cúspide están los parlamentos que son quienes, expresando la voluntad popular, tienen las funciones de debatir políticamente y regular toda la vida social a través tanto de la aprobación de los presupuestos como de la aprobación de leyes. Ellos son quienes dirigen la red pública. En cambio, a la universidad le corresponde deliberar sobre aquello que les es propio. A saber: la mejora de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento para ayudar al progreso de la sociedad española. Pero no le compete en ningún caso dedicarse a ser una especie de parlamento bis en el que pueda discutirse cualquier tema, aunque no tenga ni la menor relación con las funciones de la Academia.
No es difícil imaginar que, de aprobarse esta enmienda por nuestros parlamentarios, la casuística temática que se abre en los claustros es prácticamente infinita y que se convertirán en un lugar de disputa ideológica y partidaria para ver qué temas se debaten o no. Y si finalmente se debaten, como ahora dice el texto aprobado en el Congreso, ¿se pasarán luego a votación? Eso es lo que tendría lógica, porque si no ¿para qué se ponen en discusión? En todo caso, ¿cómo se evitará que un miembro del claustro pueda presentar una moción sobre “una temática de especial trascendencia” para ser votada después de la discusión, sino se especifica con claridad que no se podrá proceder a ninguna votación que posicione impropiamente a la universidad como institución?
Y la tercera consideración es llamar la atención sobre la intencionalidad última de la propuesta de los dos partidos independentistas. No resulta en ningún caso extraña y tiene sin duda su razón de ser partidaria. En realidad, no tiene que ver ni con la defensa de la libertad de expresión, ni con el aumento de la democracia en la universidad, ni con su autonomía, ni con acercarla más a la sociedad. Lo que dichos partidos tratan de hacer con esta enmienda es corregir, por vía parlamentaria, la sentencia del Tribunal Supremo que hace unos días quitó la razón a los claustros de algunas universidades catalanas cuando impropiamente se pronunciaron a favor del derecho de autodeterminación, extralimitándose con ello en sus funciones y vulnerando la imprescindible y escrupulosa neutralidad ideológica que debe tener la universidad pública.
Ahora, si se aprueba la enmienda, los claustros y las autoridades académicas catalanas podrán tener las puertas abiertas para intervenir directamente en el debate político partidista vulnerando la neutralidad institucional. Y lo harán, sobre todo, en los temas secesionistas porque en ambos casos los partidos independentistas vascos y catalanes quieren crear la sensación de que sus posturas son absolutamente mayoritarias y hegemónicas. Como dice sin tapujos la diputada de Esquerra Marta Rosique, miembro de Universitats per la República, se podrá hablar “de los temas de profunda actualidad política”, o sea, de autodeterminación. Así pues, con esta enmienda lo que se hace es cumplir el sueño secesionista de buscar crear una plena hegemonía de pensamiento en sus comunidades autónomas respectivas, visualizando que “hasta” una entidad en la que reside el “saber” está a favor de sus postulados políticos, que son para ellos los únicos realmente democráticos.
Creo sinceramente que estamos ante un gran despropósito que acabará pagando la universidad española en su ya difícil, precario y complejo funcionamiento. Creo que se trata de una propuesta que le da a la universidad una función que no debe tener y creo que en nada mejora sus prestaciones a la sociedad. Y creo, finalmente, que es una propuesta insana y perniciosa que solo obedece a intereses partidistas y a una visión populista de las instituciones. ¿Acaso la comunidad universitaria de profesores, alumnos y personal de administración y servicios tiene algún inconveniente en alguna universidad española para celebrar asambleas, reuniones, debates, congresos o cualquier otro evento para discutir y posicionarse sobre los problemas sociales de especial interés? La respuesta rotunda es que no. Y además pienso que es muy conveniente que lo haga como parte esencial de la función universitaria y que por supuesto las autoridades académicas velen porque nadie lo impida. Pero que lo pueda hacer legítimamente la comunidad universitaria no significa que pueda hacerlo ilegítimamente la universidad como institución pública.
La universidad es una entidad muy poderosa, con gran incidencia social, esencialmente plural y que para conservar su prestigio y credibilidad es necesario que no sucumba al debate partidista propio de otros organismos públicos. Por favor, dejen a la universidad en paz, que bastante tiene con los pocos dineros que se le dan para cumplir con sus estratégicas funciones en beneficio de la ciudadanía.
