En los años ochenta, los gobiernos liderados por Jordi Pujol se plantearon el objetivo de que Cataluña llegara a ser una nación independiente del resto de España. Sabían muy bien que el ser humano se rebela ante las injusticias y es capaz de reaccionar con mucha firmeza, pero es incapaz de mantener esa lucha durante muchos años, de superar la traición de sus líderes y de seguir luchando cuando la mayoría ya no lo hace. Por ello no dudaron en aplicar los principales mecanismos de manipulación social para conseguirlo.

Acordaron que el proceso debía ser muy lento, de más de veinte años, y que debía abarcar todos los sectores de la actividad humana. Es lo que se recoge en el llamado Programa 2000, iniciado en los años ochenta y que fue publicado en 1990. La primera acción que realizaron fue imponer el uso exclusivo del catalán en la enseñanza, en la administración, en los medios de comunicación y favorecer que hicieran lo mismo las empresas privadas. Prueba de ello fue la Ley de Normalización Lingüística de 1983.

Esto vino acompañado de la imposición de un “cambio de estilo” respecto a la forma de referirse a España y a todo lo español. Este cambio consistió en presentar a los gobiernos de España como los grandes enemigos de Cataluña, de su economía, de su lengua y de su cultura; de no hacer ninguna referencia a nada positivo que pudieran hacer los españoles en ningún campo, sea político, social, económico, cultural o deportivo; de ridiculizar todo lo que es común a todos los españoles, como la monarquía, la Constitución, el ejército, la guardia civil, los trenes, las autopistas, la gestión de los puertos y aeropuertos, etc. Por ejemplo, en la información política se trataba de resaltar mucho más los acuerdos autonómicos que las leyes generales que están por encima; en la información deportiva se trataba de no decir que el ganador era español, pero sí destacar el papel de los catalanes, aunque hubieran quedado más abajo; en la información meteorológica se debían dar los datos de todas las regiones de los mal llamados Países Catalanes, pero no los de Aragón, aunque, por ejemplo, Alicante esté mucho más lejos de Cataluña que Huesca o Zaragoza, etc.

Se actuó sobre la lengua y sobre los sentimientos, porque lo que más puede diferenciar a dos naciones es tener una lengua diferente y un relato emocional de la historia distinto. Por ello, los separatistas se volcaron en estos dos aspectos, muchas veces desviando fondos inicialmente destinados a la sanidad, a la educación y a las infraestructuras.

Conseguir todo lo anterior no fue una tarea fácil ya que en la mayoría de las familias catalanas hay personas procedentes del resto de España. Se consiguió gracias a que el proceso se desarrolló lentamente, incluso frenándolo temporalmente cuando las protestas eran muchas, y aplicando a la perfección el principio de “conformación con el grupo” de Asch, el de “obediencia a la autoridad” de Milgram, y el “método del golpe de Estado blando” de Sharp.

El principio de “conformidad con el grupo” fue propuesto por el psicólogo social Solomon Asch, tras realizar un experimento en el que a una persona se le mostraban tres líneas de longitud parecida y se le preguntaba cuál de ellas era la más larga, pero después de que otras personas, que en realidad eran actores, mayoritariamente se habían inclinado por la segunda línea en longitud. Asch comprobó que la influencia del grupo es tan grande, que bastantes personas no se atreven a enfrentarse al grupo y mantener su propio criterio, sino que tienden a aceptar la opinión del grupo. Como en Cataluña casi la mitad de la población es catalanohablante, la propuesta del nuevo gobierno de priorizar el catalán sobre el castellano y de sentirse víctima del resto de España, fue bien acogida por muchos de ellos y así se inició un proceso de envalentonamiento que los llevó a empoderarse de los ambientes sociales, laborales, educativos, mediáticos e incluso familiares. Bastaba con que una persona dijera que ella ya siempre hablaba y escribía en catalán, para ser bien aceptada. Y si, además, comentaba que todos los problemas de Cataluña se debían a la torpeza y mala fe del Gobierno de Madrid, entonces ya se le abrían todas las puertas. El pensamiento del grupo organizado, como siempre sucede, se fue imponiendo.

El principio de “obediencia a la autoridad” fue propuesto por el psicólogo Stanley Milgram, después de observar que el 65% de las personas obedecen las órdenes de su jefe, aunque al principio consideren que no son correctas, sobre todo si después de preguntarlo, se les confirma que las órdenes son correctas. El principio de “obediencia a la autoridad” explica que muchos separatistas no reaccionen contra planteamientos que son una clara agresión a los derechos básicos de las personas. Por ejemplo negar el derecho de los padres a que sus hijos sean atendidos en su lengua materna, estar de acuerdo con que en dichos centros se haga propaganda del independentismo, que en los libros de texto de historia se propicie la aversión al resto de España, que la información solo se facilite en catalán, incluidos los rótulos de las calles, que en los medios de comunicación sólo se use el catalán y que prácticamente todos los que intervienen sean separatistas, etc.

El “método del golpe de Estado blando”, ideado por el politólogo Gene Sharp, es un conjunto de técnicas no violentas, encaminadas a desestabilizar un gobierno, sin que se note que es la consecuencia de un plan. Se inicia difundiendo rumores de corrupción de determinados miembros del gobierno, denunciando en las redes que están favoreciendo a sus familiares y amigos, que no se preocupan suficientemente del país y que están muy enfrentados entre ellos. Luego se les acusa de totalitarismo porque coartan la libertad de expresión y porque no respetan los derechos humanos de los más desfavorecidos. A continuación se moviliza a colectivos con algún problema, para organizar manifestaciones reivindicando mejoras sociales y exigiendo que, para solucionarlo, el gobierno delegue algunas de sus competencias en otras entidades. Se procura que estas manifestaciones sean lo más numerosas, molestas y duraderas posibles, y que se hagan ante los edificios gubernamentales, a la vez que, cínicamente, se pide que no intervengan la fuerzas de orden público, para evitar males peores. Los gobiernos locales empiezan a hacer declaraciones de que no cumplirán tal o cual normativa, luego pasan a realmente no cumplirlas, después a hacer normativas que incumplen las leyes generales, posteriormente a no cumplir las sentencias de los tribunales, a la vez que se pide diálogo y se hacen declaraciones victimistas en foros internacionales. Se trata de evidenciar la incapacidad del Gobierno central para gobernar el país. A continuación se aumenta la presión en la calle con grandes concentraciones, a la vez que se difunde la idea de que la solución a todos los problemas, simplemente pasa por la dimisión del presidente del Gobierno. Si intervienen las fuerzas de orden público, se hace una resistencia pasiva y las imágenes se envían al exterior, para desprestigiar aún más al Gobierno, con el objetivo de aislarlo internacionalmente. La ruina económica va creciendo con los meses y eso hace casi imposible que cualquier gobierno pueda resistir mucho tiempo.       

A esto se suma la paralización que sufre el ser humano cuando constata que aquellos en quienes había depositado su confianza para que lo defendieran, pactan con sus agresores. Es lo que ha sucedido siempre con los gobiernos de España, que siempre que han necesitado un puñado de diputados para mandar en su parte, no han dudado en pactar con los partidos nacionalistas, pese a que ello implicaba permitirles seguir con la exclusión del español y el adoctrinamiento ideológico en sus comunidades. Ha sido un gran error que los dos grandes partidos no pactaran entre ellos, priorizando los intereses de su país, sobre los intereses de sus partidos. Es evidente que la transición política no se hizo bien, al no quedarse el Estado con medidas que permitieran controlar lo que se enseña en las escuelas, tener una relación directa con todos los funcionarios del Estado y mantener juntos todos los cuerpos de seguridad. Hoy se ve que nuestra transición política no es un buen modelo para nadie.

Lo más importante del problema no es que un país se rompa, lo más importante es que surja un nuevo país en el que la mitad de los ciudadanos pasen a ser ciudadanos de segunda clase, sin derecho a hablar en su lengua, condenados a asumir el pensamiento único de su Gobierno, a convivir con delatores de sus pensamientos, con unos medios de comunicación convertidos en medios de propaganda política, con un poder judicial obediente, con un tejido empresarial de adictos al Gobierno y con unos lugares de trabajo a los que siempre tendrán preferencia los otros, porque en un país pequeño, todos se conocen. Para evitarlo, hay que hacer justo lo contrario que ellos han hecho, hay que defender vivir en un país en el que nadie quiera imponer ni su lengua, ni sus ideas políticas al resto, en el que las escuelas sean políticamente neutrales, los medios de comunicación sean plurales en cuanto a lengua y planteamientos, y en el que todos sean considerados ciudadanos de primera clase.