El pasado 6 de noviembre saltó la sorpresa. Por una mayoría escuálida (15 votos contra 13), el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) decidió que el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), que grava las hipotecas, lo sigan pagando los prestatarios. Aparentemente, los grandes ganadores han sido los bancos y los perdedores los ciudadanos. No obstante, a veces, las apariencias engañan y ésta es una de ellas.

Entre los verdaderos perdedores se sitúan el TS y los ciudadanos que tienen una hipoteca, especialmente los que la poseen desde un período igual o inferior a los cuatro años. Entre los ganadores, destacan Pedro Sánchez, los gobiernos autonómicos y los nuevos hipotecados. A corto plazo, la banca también gana, pero a medio término es dudoso que lo haga.

Desde la llegada de la democracia, nunca los ciudadanos han otorgado una credibilidad tan baja al TS como en el momento actual. El veredicto ha demostrado que el poder judicial es muy permeable a los intereses de los lobbies económicos. El motivo de la convocatoria del pleno ya lo presumía (la enorme repercusión económica y social de la sentencia previa de la Sección Segunda) y la resolución no ha hecho más que confirmarlo.

El plenario de la Sala Tercera del TS tenía una solución muy fácil. Consistía en corroborar la resolución del 16 de octubre y descartar la retroactividad. Por tanto, a partir de ahora, el impuesto lo pagarían los bancos, pero ni de sus cuentas ni de las Haciendas autonómicas saldría ningún desembolso hacia los actuales hipotecados.

Con dicha sentencia, las entidades financieras salvaban el peor de los escenarios, los gobernantes de las autonomías soslayaban un gran problema de liquidez y el pleno de la Sala Tercera respaldaba la decisión adoptada por la Sección Segunda. Al no haberse pronunciado ésta sobre la retroactividad o no del impuesto, nadie quedaba desacreditado.

Así pues, la resolución del plenario puede ser calificada de cualquier manera, pero jamás como de carácter político. Si dicho aspecto hubiera sido contemplado, el veredicto de los jueces habría sido muy diferente. El motivo es que, en un período inferior al año, el TS dictará su sentencia más importante de los últimos cuarenta. Es la que condenará o absolverá a los políticos y activistas que participaron en el procés que desencadenó la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Por tanto, el momento era idóneo para fortalecer el prestigio del TS y extremadamente inoportuno para debilitarlo.

En los días previos a la reunión del pleno de la Sala Tercera, a los presidentes autonómicos no les llegaba la camisa al cuello. Pensaban que podrían tener que devolver lo percibido injustamente de los ciudadanos por dicho impuesto y que la banca retrasaría el pago a sus Haciendas lo máximo posible. Por consiguiente, para resolver el problema de liquidez, deberían temporalmente aumentar su endeudamiento y sufragar un mayor importe en concepto de intereses. De la noche a la mañana, el presupuesto del próximo año quedaba descuadrado.

No obstante, el mayor triunfador ha sido Pedro Sánchez. Ha reaccionado rápido y con mucha habilidad. Ha solucionado el problema en 48 horas, le ha dado al tema la importancia que realmente tenía y ha impedido que se transformara en una nueva pancarta electoral de Podemos. En términos populares, se ha convertido en el nuevo Zorro, al quitar dinero a la banca para dárselo al pueblo. Una popularidad efímera que debería aprovechar para convocar elecciones.

Las entidades financieras han evitado tener que hacer frente en la actualidad a la retroactividad del impuesto. No obstante, no está garantizado que no deban devolverlo a una parte o a la totalidad de los actuales hipotecados, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea adopta un criterio opuesto al del TS, tal y como lo hizo con las cláusulas suelo. Aunque aquél no lo haga, el precio que pagarán será muy alto. Por muchas campañas publicitarias que realicen, la banca tendrá muy difícil recuperar entre los ciudadanos la reputación perdida.

Además, la nueva legislación generada por el gobierno le hará un roto en sus cuentas si no conceden más hipotecas, pues les resultará muy complicado repercutir el impuesto pagado en las comisiones e intereses abonados por los prestatarios. El motivo es la gran competencia que en la actualidad existe entre las entidades por otorgar préstamos hipotecarios.

Así, la mayor parte de la rentabilidad que éstos ofrecen no está en la ganancia directa que proporcionan, sino en la fidelización del cliente generada. Por ello, casi todos los bancos españoles ganan más por los productos vinculados que por el propio préstamo. Por tanto, especialmente en una etapa con tipos de interés tan bajos, es un negocio de volumen y no de margen. Una característica que probablemente lleve a más de una entidad a lanzar una campaña publicitaria basada en la no repercusión al cliente del coste del impuesto.

En definitiva, el TS se ha disparado un tiro a sí mismo y ha quedado muy mal herido. Le ha regalado, sin pretenderlo, una magnífica baza electoral a Pedro Sánchez, un suspiro de alivio a los gobiernos de las Comunidades Autónomas y, por método indirecto, un dinerillo a los nuevos hipotecados. La asunción de la banca de la totalidad del impuesto no debe necesariamente lesionar su cuenta de resultados, si aumenta en una significativa medida las hipotecas concedidas. Tiene margen para ello, pues en la actualidad el crédito hipotecario es aproximadamente un 40% inferior al máximo histórico de 2009.