Vaya por delante que es un disparate que la viabilidad de la legislatura en España dependa de dos partidos como ERC y Bildu. Es la consecuencia directa de la sempiterna incapacidad de los constitucionalistas para ponerse de acuerdo en nada, una inquina que se ha transformado ahora ya en una brutal guerra cultural entre izquierda y derecha en España. Las responsabilidades pueden repartirse de muchas formas pero la actitud de bloqueo que han llevado a cabo tanto PP como CS desde las elecciones del pasado abril es la causa principal. No pudiendo formar una alternativa tenían la obligación de no impedir la gobernabilidad a Pedro Sánchez, más aún cuando este dio sobradas pruebas entre julio y septiembre pasado de no querer gobernar con Unidas Podemos ni depender de los independentistas.

Pero las derechas han preferido atrincherarse en sus acusaciones de “felón y traidor” no dejando a Sánchez más alternativa que subirse al peligroso alambre del entendimiento con ERC o ir a terceras elecciones.

Las pruebas de estrés que deberá enfrentar el nuevo Gobierno de coalición serán constantes y hay sobradas razones para el escepticismo, pero también para entrever que la experiencia pueda no salir del todo mal. De entrada, tanto PSOE como Unidas Podemos saben que un naufragio en menos de un año sería absolutamente letal para sus intereses electorales, el de ambos sin distinción, en beneficio exclusivo de las derechas.

Observando los silencios y la prudencia tras el 10-N de Pablo Iglesias, es evidente que se ha conjurado para que este primer Gobierno bicolor de izquierdas dure lo máximo posible, a poder ser toda la legislatura, siempre y cuando pueda aprobar un par de Presupuestos Generales con alguna prórroga de por medio si es necesario. Más fácil lo tendrá en cuanto a apoyos parlamentarios para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas legislativas con el fin de que la agenda social, fiscal y mediambiental tome el protagonismo ante la estéril y divisoria cuestión territorial. Todo ello siempre que el desarrollo de la situación económica no imponga bruscos giros o, peor aún, dolorosos recortes.

Ahora bien, el conflicto en Cataluña es a priori el auténtico talón de Aquiles de la legislatura. Pese al profundo recelo que muchos compartimos, los republicanos han dado pruebas de que quieren encauzar su reivindicación por la vía del diálogo aceptando implícitamente que ningún cambio sustancial es posible sin reformar la Constitución y sabiendo que el PSOE jamás va aceptar una consulta soberanista. Esa mesa de negociación no les va a dar ni la independencia ni el referéndum que desean. Aunque se nieguen a reconocerlo en público o jueguen con las ambigüedades del pacto suscrito, los líderes de ERC son conscientes de ello. También las derechas que se refugian en la hipérbole y el catastrofismo para confirmar lo certera de su profecía sobre la traición de Sánchez.

Así pues, esa mesa de negociación no es más que la excusa que necesitaba ERC para abstenerse, un asidero para encauzar un conflicto tras el fracaso de la unilateralidad y ante su falta de estrategia en el posprocés. El independentismo pragmático no tenía otra alternativa para ganar tiempo y, si acaso, plantear otro pulso al Estado dentro de unos años si logra entre tanto ensanchar su base sociológica y electoral en el área metropolitana.

Por de pronto los republicanos transigen con la vía autonomista y su objetivo es arrebatar a JxCat la presidencia de la Generalitat dentro de pocos meses. Encauzado el conflicto político en esa mesa de negociación, que durará lo que interese a ERC porque como ayer afirmó la hermana de Dolors Bassa desde el atril del Congreso “la gobernabilidad de España” les importa “un comino”, hay otro elemento balsámico a la vista. A corto y medio plazo habrá un desescalamiento de la tensión independentista en la calle a medida que los condenados por sedición vayan saliendo de la cárcel mediante la aplicación de los beneficios penitenciarios.

Así pues, no habrá indultos para las penas de cárcel porque ni sería políticamente gestionable para el PSOE ni los interesados quieren ni les hace falta, pues a lo largo de este 2020 podrán acogerse al tercer grado. En definitiva, aunque la situación en España es anómala al depender la gobernabilidad de quien hace dos años participó en un golpe al orden constitucional, hay que huir de las hipérboles catastrofistas. No estamos ante ningún proceso deconstituyente, sino ante un Sánchez que se ha tenido que desmentir subiéndose al peligroso alambre del entendimiento con ERC para poder formar Gobierno con Iglesias. Pese a tanta irresponsabilidad partidista y la vuelta al insoportable clima de enfrentamiento entre las dos Españas, la fortaleza de nuestras instituciones democráticas es mucho mayor.