Los dirigentes del secesionismo, que son conscientes de la gravedad de lo que han hecho --en buena parte, probado en el juicio--, intuyen que la sentencia será condenatoria y están preparados, desde mucho antes de la vista oral, para descalificarla y vilipendiar el Estado de derecho. Ese portavoz del secesionismo militante, que figura por el dedo de Puigdemont como presidente de la Generalitat, lo ha voceado alto y claro: “Un juicio farsa”. “Sólo aceptaré una sentencia absolutoria”.

En el fondo, el eslogan estrella, “libertad presos políticos”, propagado en su formulación literal y recordado ad nauseam mediante el lazo y el plástico amarillos, habrá servido de largo precalentamiento contra la sentencia, puesto que al negar implícitamente la separación de poderes y la independencia del poder judicial anticipa la tesis de la represión vía justicia. El nuevo eslogan, “Fake justice” sobre tétrico fondo negro, ya cuelga en fachadas de Ayuntamientos y se exhibe en pancartas callejeras.

Querrán recurrir la sentencia en amparo ante el Tribunal Constitucional y, según la decisión de éste, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al tiempo que, como buenos tahúres, la recurren en la calle. Para el extraterrestre de la CUP, la clave de la respuesta, en declaraciones a la agencia Efe, es “intensificar y profundizar el conflicto y la confrontación con el Estado”; reescalar el conflicto dice, con el pleno asentimiento del vicario de la Generalitat. Si se les juzgara por sus ideas, estarían en la cárcel, por llamar a la insurrección, acompañados de otros muchos bocazas del secesionismo.

Previsiblemente, montarán manifestaciones, asedios, sentadas, escraches, todo lo que pueden hacer en la democracia que dicen que no existe, y los cachorros de la república repetirán vandalismo en calles, carreteras, estaciones, vías de tren, sedes de instituciones y de partidos políticos (igual incluso se atreven con el aeropuerto de El Prat). Sea cual sea, la reacción comportará un intento, una vez más, de quebrar la democracia y la convivencia en la búsqueda (inútil) de ese momentum loco que suponen que les permitiría lo innecesario e imposible.

Pero, ¿por qué hemos de aceptar su perverso juego de emocionalización de un oscuro conflicto promovido por unas élites mediocres, oportunistas y sectarias, con corruptos de postín incrustados? El inefable de la Generalitat se permite tildar de “criminalización” la racionalidad del informe de España Global, La realidad sobre el proceso independentista.

Ante sus falacias, tengamos la firmeza de proclamar que ninguna democracia habría podido sobrevivir sin juzgar los graves hechos de septiembre y octubre de 2017, y que ninguna democracia puede consentir un ataque frontal contra su Estado de Derecho ni permitir una denigración de su poder judicial.

No nos resignemos a aceptar el mundo que nos quieren imponer de justicia dudosa, convivencia rota, mentiras, falsedades e insidias, conspiraciones fantasmagóricas y miseria moral. Preparémonos para defender la necesidad del juicio y la oportunidad de la sentencia.