El sistema público de pensiones español es muy generoso, tanto si lo comparamos con las prestaciones que ofrecen los privados como con los de otras naciones. No obstante, lo es menos de lo que era, pues las reformas realizadas desde 1997 han ido principalmente dirigidas a disminuir la pensión inicial, el poder adquisitivo de todas o aumentar la edad de jubilación.

Según el Banco de España, un jubilado retirado en 2017 recibirá un 74% más de lo pagado. El capital aportado por él y la empresa en nombre suyo en forma de cotizaciones sociales le rentará anualmente un 3,5%, una vez descontada la inflación. Una rentabilidad real muy superior a la ofrecida actualmente por los bonos a 10 años (0,84%) y al promedio proporcionado por ellos desde nuestra entrada en la zona euro (1,99%).

La anterior también es más elevada que la generada por cualquier categoría de planes de pensiones privados durante los últimas dos décadas, pues la media anual obtenida por los de renta variable, fija a corto y largo plazo ha sido decepcionante. Los dos primeros la lograron negativa (-0,62% y -0,99%, respectivamente) y el tercero muy escasa (0,03%).

En relación al último salario sufragado por la empresa, nuestro sistema público es uno de los que más paga de primera pensión. En 2018, según la OCDE, los pensionistas de rentas medias recibieron un 72,3% de aquel. Una tasa más elevada que la de la Unión Europea (45,5%), EEUU (39,4%), Alemania (38,7%) o Suecia (41,6%), pero inferior a la de Italia (79,5%), Austria (76,5%) o Portugal (74,4%).

El indicado nivel de generosidad es imposible que continúe en el futuro. En un sistema de reparto, las pensiones contributivas de los jubilados son pagadas indirectamente por los trabajadores. El modelo va bien cuando los segundos son muchos, los primeros pocos y éstos perciben una remuneración sustancialmente más baja que los anteriores.

La anterior situación tenía lugar en 1980, un ejercicio en el que había 2,7 afiliados a la Seguridad Social por cada jubilado y el gasto en pensiones era únicamente del 5,6% del PIB. El sistema tenía superávit y éste era utilizado para financiar parcialmente la sanidad, algunas infraestructuras y otros diversos dispendios. Su situación era tan boyante que el importe de la primera pensión se calculaba con las bases de cotización de los dos últimos años.

En cambio, ahora sucede lo contrario. En 2019, la anterior ratio fue de 2,26, el gasto en prestaciones contributivas ascendió a un 10,3% del PIB y la Seguridad Social tuvo un déficit de 16.793,3 millones de euros. No obstante, si no se adoptan medidas categóricas, éste aumentará sustancialmente cuando se jubile la generación del baby boom.

Por tanto, en el próximo futuro, los políticos únicamente pueden proporcionar malas noticias a los ciudadanos sobre las pensiones. No obstante, tienen pánico a dárselas, dada la perjudicial repercusión que puede suponer sobre sus resultados electorales, siendo la anterior una de las principales razones por las que se creó el Pacto Toledo en 1995. La idea era que las negativas novedades fueran acordadas por amplía mayoría y comunicadas de forma conjunta.

No obstante, en la última década, dicho Pacto solo ha servido para recomendar en 2020 una reforma extra light que no soluciona ninguno de los principales problemas del sistema. El motivo está en que todos los partidos pretenden utilizar las pensiones como reclamo electoral, disfrazar las negativas noticias y retrasar casi todas las medidas que disminuyan la primera prestación, hagan perder poder adquisitivo a los jubilados todos los meses o retirarse más tarde.

Los pensionistas constituyen una gran fuente de votos, pues en noviembre de 2020 había 8.801.919. Sin embargo, no solo ellos están muy interesados en las medidas que modifiquen el actual sistema público de pensiones, sino también los ciudadanos cuya edad se sitúa entre 50 y 64 años. La suma de ambos colectivos suponía en abril de 2019 alrededor del 48% de los electores. Una cifra que imposibilita que ningún partido, cuya pretensión sea ganar unas elecciones generales, planteé públicamente propuestas que empeorarán su nivel de vida.

En definitiva, la actual década ha sido nefasta para los estadistas y prolífica para los populistas. En la política, la táctica ha enterrado a la estrategia, los problemas menores se han convertido en transcendentales y los importantes en completamente secundarios. Debido a ello, una gran parte de la generación del baby boom no sabe ni cuándo se retirará ni lo que cobrará.

No obstante, en 2011 y 2013 se realizaron dos reformas de pensiones. La primera hace que los trabajadores se retiren más tarde, la segunda pretendía disminuir las prestaciones de los nuevos y antiguos pensionistas. Sin embargo, la parte más lesiva de la última ha dejado de aplicarse. Ambas tienen en común su realización sin consenso político, pues el principal partido de la oposición votó en contra, y por imposición de la Comisión Europea.

Las dos se realizaron en una etapa de crisis. Me imagino que la próxima también tendrá el mismo origen y no tardará en llegar. Espero que incida en el retraso de la edad de jubilación y en las subidas de impuestos, pero no comporte una pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones. No obstante, no me extrañaría que combinara las tres anteriores variables.

En resumen, la generosidad actual del sistema público no continuará. Sin embargo, no esperen que los políticos les cuenten la realidad. Únicamente lo harán, sino tienen otra opción. Antes intentarán engañarles, disfrazarles la verdad o contarles solo una parte de ella. Todos están convencidos de que, quién la explique, tiene en política sus días contados.

Un ejemplo son las críticas recibidas por el ministro Escrivá. Las han efectuado una parte del gobierno, algunos partidos de la oposición y los sindicatos, por indicar que era partidario de que la pensión inicial surgiera del cálculo de las bases de cotización durante 35 años (casi toda la vida laboral) en lugar de 25.

Una iniciativa que probablemente tiene su origen en Bruselas y constituye la punta del iceberg que vendrá. Si usted tiene menos de 55 años, se ha ganado bien la vida y ha cotizado en base a lo obtenido, vaya haciéndose la idea de que se jubilará a los 70 con una buena pensión o a los 65 con una escasa. Dudo mucho que disponga de una alternativa mejor.