No parece que el intento del Govern por suspender las elecciones del 14F vaya a salir adelante a tenor de los contundentes argumentos que el TSJC expone en su auto de medidas cautelares. Es muy poco probable que el tribunal cambie de opinión cuando el 8 de febrero dicte sentencia definitiva, ya que significaría además interrumpir un proceso electoral a una semana de la votación. Una de las razones para tumbar el decreto firmado por Pere Aragonès es que la alternativa del 30 de mayo que se apuntaba ni tan siquiera era segura, puesto que iba a decidirse en función del “análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública”. Una fórmula demasiado vaga para algo tan grave como posponer unas elecciones convocadas automáticamente siguiendo los plazos que marca el Estatuto ante la incapacidad del Parlament para designar a un sustituto del inhabilitado Quim Torra. Así pues, el TSJC lo tenía fácil: falta de competencias del vicepresidente para desconvocar las elecciones, insuficientes razones sanitarias para hacerlo y posible arbitrariedad del Govern para volverlas a convocar. La pifia jurídica de Aragonès es notable y le pasará factura si pierde las elecciones.

No obstante, la elección del 30 de mayo como fecha electoral es igualmente llamativa y plantea interrogantes: ¿por qué no poco antes de Semana Santa, a finales de marzo, tras superar la tercera ola de pandemia, o finales de abril, ya entrada la primavera? O, puestos a curarse en salud, ¿por qué no dejarlas para principios de julio, en verano, cuando la vacunación estuviera mucho más avanzada? El Govern no aporta ninguna explicación a la elección del 30 de mayo y, por tanto, solo podemos especular con un interés político. Se ha citado el temor a la candidatura de Salvador Illa, pero no creo que ese fuera el factor para atrasarlas tanto. En realidad había un deseo y una oportunidad de que la campaña no se centrase solo en la gestión de la pandemia y en sus terribles consecuencias socioeconómicas. A ERC concretamente le convenía situar las autonómicas catalanas a rebufo de las regionales escocesas que van a celebrarse el próximo 6 de mayo y en las cuales el Scottish National Party (SNP) va a volver a alzarse con una victoria por mayoría absoluta en diputados y probablemente también en votos. Una oportunidad pues para volver a plantear la exigencia del referéndum.

En el documento electoral que ha aprobado recientemente en asamblea el SNP se plantea que el nuevo gobierno escocés solicitará al ejecutivo del Reino Unido permiso para activar la sección 30 del Tratado de Escocia de 1998, que permite al Parlamento de Holyrood tramitar leyes reservadas a Westminster, como un referéndum de secesión. Eso ya ocurrió en 2012 cuando David Cameron y Alex Salmond acordaron los términos del referéndum que finalmente se celebró el 18 de septiembre de 2014. Sin embargo, esta vez el primer ministro británico, Boris Johnson, ya ha dicho que no pensaba acordarlo porque la cuestión quedó resuelta, como se afirmó entonces solemnemente, como mínimo para una generación. Por su parte, desde el SNP que lidera Nicola Sturgeon se plantea llevar a cabo de forma unilateral ese referéndum si no hay acuerdo bajo el discurso del “derecho a decidir”, una vez se supere la pandemia. En 2014, uno de los principales argumentos para rechazar la secesión de Escocia era que su salida de Reino Unido conllevaría la perdida de su condición de territorio de la Unión Europea. Tras el Brexit, rechazado mayoritariamente por los escoceses, el deseo independentista ha tomado nuevo brío y el triunfo del SNP se sucede en todas las convocatorias electorales.

En medio de este escenario, ahora se entiende que ERC quiera posponer las elecciones catalanas al 30 de mayo, hasta después de las escocesas. Y dar así una ocasión al electorado independentista de volverse a ilusionar con un referente internacional como ya ocurrió cuando Artur Mas y Oriol Junqueras fijaron la consulta soberanista para finales del 2014, tras el referéndum escocés que en las encuestas parecía inclinarse a favor del sí a la independencia. Finalmente, ganó el no por 9 puntos de ventaja pero, en caso contrario, se habría creado el primer caso de secesión en democracia. Un precedente que hubiera sido muy útil para el procés. Ahora se trataba de volver a intentar alinear los astros para que la propuesta de referéndum de ERC cobrase fuerza en la campaña y no solo se hablase de la desoladora pandemia o del des(Govern) de Cataluña. El independentismo no da puntada sin hilo y aunque la explicación pueda parecer demasiado racional, me parece que solo así se entiende la testaruda apuesta de los republicanos por posponer las elecciones tres meses y medio, sin que sanitariamente se pudiera alegar ninguna razón para elegir la fecha del 30 de mayo por encima de otras más cercanas.