Hoy es el día. El plenario del CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, abordará esta misma mañana el nombramiento de tres magistrados vitalicios de la Sala de lo Penal. El organismo regulador de la justicia, que viene incumpliendo desde 2018 la renovación de sus vocales en contra del mandato constitucional, se saca de la manga a tres magistrados conservadores nuevos. Los tres jueces que hoy se quieren nombrar serán los responsables últimos del sumario Kitchen y de casi una docena de causas de corrupción relacionadas con el partido Pablo Casado. La idea de los magistrados conservadoras, que son mayoría en el CGPJ, es que estos nombramientos traten de impedir que el crecimiento de la ciénaga alcance al ex presidente Mariano Rajoy, muy señalado en el Watergate de los papeles de Bárcenas por las filtraciones procedentes de las alcantarillas del Estado. Lesmes lo quiere todo atado y no esperará a que los partidos políticos se pongan de acuerdo.

Paralelamente, solo han transcurrido 48 horas desde el fallo de Supremo que inhabilita al ex president Torra, un gran prevaricador que durante dos años y medio ha gozado del cargo y de sus emolumentos, pero sin ejercer sus responsabilidades. De momento, mantendrá su privilegiada condición de cienmileurista gracias a la legislación catalana, que permite a los expresidents continuar recibiendo un 80% de su sueldo una vez cesan de sus funciones durante la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo, y un 60% como pensión vitalicia. Ha vivido del momio, mientras era un simple ideólogo de la confrontación Cataluña-España, una desfachatez que ningún país de la UE habría permitido jamás. Alemania, esencia del pragmatismo, aplica a los que se pasan de listos la llamada Coacción Federal (un 155 prusiano), con barra libre de suspensiones e inhabilitaciones. Democracia sí, pero dentro del orden constitucional; aquí nadie se chupa el dedo ante la cutrez intelectual de la república catalana, inspirada en la doble legalidad de Carles Viver Pi i Sunyer.

Los últimos acontecimientos han visibilizado al mismo tiempo la inhabilitación de Torra y  el incumplimiento de Lesmes. Si las administraciones, como la Generalitat o el Gobierno, emanan de la voluntad popular, el CGPJ también. El modelo español contempla que la mayoría de sus miembros reflejen la composición del Congreso y del Senado y de los consensos periféricos, en las comunidades Autónomas. Las cámaras legislativas pesan en el CGPJ y por lo tanto, Lesmes está tan sujeto al mandato popular, como Torra; ni más ni menos. A Torra, la justicia lo ha defenestrado ¡Qué descanso! ¡Fin del careto impertinente! Pero Lesmes está bien agarrado y a los magistrados del alto tribunal nadie les ha pedido que examinen la idoneidad de su jefe.

¿Quién manda a los que nos mandan?, la socorrida pregunta de Juvenal, o ¿Quién juzga a los que juzgan? Si abrimos este melón, pondremos en peligro la “dignidad del justiciable”, dicen los expertos y el justiciable somos los ciudadanos. El caso es que, en las reformas sucesivas de la ley orgánica del Poder Judicial, las asociaciones profesionales de jueces se han opuesto siempre a la injerencia de la política en la actividad jurisdiccional de los magistrados. Corporativismo puro; y en el caso del Supremo, sede de los jueces ad quem (apelación), corporativismo rancio. La ley y quienes la imparten emanan del mandato de las urnas, pero solo en parte, porque el engranaje que ha ido incorporando la carrera judicial a la arquitectura jurídica del país es intrincado. Los jueces han ido sembrando el camino de condiciones y el poder de la costumbre ha hecho el resto; “es más fuerte la dependencia que el deseo de ser independiente”, en palabras certeras de Étienne de La Boétie en su Discurso sobre la servidumbre voluntaria, un texto que se ha mantenido intacto y venerado durante siglos. El mismo Torra, en su populismo low cost, podría hacerse eco de un pensador que ha influido en la desobediencia civil como método. Lesmes, por su parte, tiene mejor talante que Torra, aunque su currículo de desobediente no se queda corto: el mandato del presidente del CGPJ caducó hace mucho tiempo, pero él se mantiene en el cargo para decantar la balanza de los vocales hacia el bando del PP, un partido con el que trabajó ocupando cargos de relevancia en la etapa de José María Aznar. Ya está.

Los jueces conservadores encaramados son como el buen caldo: cuanto más longevos, más ganan en elocuencia y suprema libertad. El presidente del Supremo habló con el rey, después de la incomparecencia del monarca en los despachos de la nueva promoción y luego lo largó. Zarzuela le desmintió, a causa del cabreo del Gobierno, que ordenó la no presencia de Felipe VI en Barcelona en el acto de los despachos. La fecha coincidía con la inhabilitación del ex president catalán y con el 1-O, aniversario del falso referéndum del 2017, que es cuando los chicos del engagement nacionalista --un concepto metafísicamente imposible-- lo ponen todo perdido.

Después de la inhabilitación, se ha visto en la calle que los CDR no son lo que eran. Los incendios callejeros del pasado lunes por la noche fueron poesía de parvos; los dirigentes de ERC y JxCat esperan escribir su futuro sobre el resultado de unos nuevos comicios y el president interino, Pere Aragonès, prepara elecciones para enero. Al final, el sufragio ganará al plebiscito. El Café de la Ópera y el Rialto volverán a ser lo que son a partir de media noche. La Rosa de Fuego no repetirá; las mayorías parlamentarias, sí; y en el frente de las togas, debemos agradecerle a la instancia de Casación que le haya dado vacaciones pagadas a Torra, un clochart ideológico que nos ha hecho la vida imposible. Lesmes y Torra desacatan al Constitucional; el primero, con ringo-rango, y el segundo por la jeta. De momento, el juez ha puesto de patitas en la calle al justiciable. Uno a cero.