Como era de prever, el juicio a Laura Borràs terminó con un soliloquio de la interfecta en el que negaba todas las acusaciones en su contra, por verosímiles que resulten, e insistía en el carácter político del procedimiento. Según Borràs, el vil Estado español ha ido a por ella porque no soporta su independentismo inamovible y se inventa delitos donde no los hay para quitarla de en medio. La verdad es que uno ya no sabe si la señora Borràs se cree lo que dice o si todo se trata de una jugada marrullera para quitarse el muerto de encima y salirse de rositas. Pese a lo bien que interpreta el papel de la víctima patriótica, me inclino por lo segundo, aunque no parece que la iniciativa vaya a salirle muy bien. ¿Se cree realmente una patriota inocente o es capaz de recurrir a cualquier excusa para intentar escurrir el bulto? Algunos elementos apuntan hacia la tesis de que es perfectamente consciente de que lo que hizo cuando dirigía la ILC no estaba bien. Por ejemplo, la elección de abogado: recurrir a un facineroso pendiente de juicio por colaboración con el narcotraficante gallego Sito Miñanco es toda una declaración de intenciones; recurrir como perito informático a un tipo que militó hace años en la extrema derecha y que participó en el asesinato de una mujer denota una alarmante falta de principios morales; echarles la culpa de sus presuntas trapisondas financieras en beneficio de su amigo Isaías Herrero a sus subordinados es de una falta de elegancia desoladora; y presentarse como una víctima del independentismo, cuando todo apesta a pura y simple corruptela, es una añagaza que no ha funcionado ni con los suyos, cuya representación ayer en el juzgado se reducía al fiel Dalmases, el desocupado Torra, el visionario Turull y el fino orador Albert Batet (no es que se hayan matado los de Puchi a la hora de hacerle llegar a la acusada su confianza y su cariño, probablemente porque, aunque aún sea la presidenta del partido, cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que la pobre Laura es ya un cadáver político).

Firme partidario de las defensas ideológicas sobre las meramente judiciales, el inefable Boye, con su estilo marrullero, sus inconveniencias hacia la acusación y hasta hacia el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha ido clavando clavos en el ataúd de su clienta como si esa fuese la manera más adecuada de gestionar sus intereses. Otro le hubiera dicho a Borràs que siguiera el ejemplo de su examigo Isaías Herrero y tratara de llegar a algún pacto con la fiscalía (aparte de aconsejarle que no recurriera a un criminal de extrema derecha para cargarse de razones), pero Boye se toma muy en serio su papel de enemigo del Estado, que es lo que lo hace tan valioso para políticos fugados de la justicia, narcotraficantes (gallegos o de donde sea) y corruptos en general. Su problema es que ese papel de enemigo del Estado (¿cómo calificar a alguien que se licenció en Derecho mientras estaba en el trullo por colaborar con ETA y que se lo agradece al contribuyente que financió sus estudios apuntándose a cualquier causa contra el país que lo acoge desde hace años en vez de deportarlo, que es lo que habría sido lo suyo?) puede resultar más fácil o difícil de interpretar, dependiendo del cliente que te toque. En el caso de Puigdemont, con un poco de esfuerzo conceptual, se puede convertir al principal responsable de un golpe de Estado posmoderno en una especie de Braveheart que solo piensa en liberar a su querida patria del yugo del país vecino. Pero en el de Borràs no hay mucho a lo que agarrarse, pues parece que estamos ante un caso de delincuencia común. Motivo por el que el principal beneficiado por la acusada, el informático, drogadicto y narcotraficante ocasional Isaías Herrero ha pactado con la fiscalía, recibiendo a cambio un premio en forma de posibilidad de evitar una larga temporada a la sombra.

El problema de Laura Borràs es que es incapaz de reconocer que hizo algo ilegal (total, todo el mundo lo hacía, ha dicho Núria de Gispert para echarle una mano… al cuello). Malcriada y mandona, Borràs se ha mostrado como alguien que cree que todo le está permitido porque se desvive por la patria. Y una vez más, uno se pregunta, ¿realmente se lo cree? Por su propio bien quiero pensar que no, pues en caso afirmativo demostraría que tiene aún menos luces de las que aparenta. En este juicio, las partes han estado hablando de cosas distintas: la acusación, de corrupción; la defensa, del intento de destrucción de una madre de la patria por parte de un Estado opresor, repitiendo así el reparto de papeles que ya pudo verse en el juicio del prusés, cuando Van den Eynde optó por una defensa ideológica y Melero por una meramente jurídica.

Sostiene Borràs que, en este proceso, ella ya salía juzgada y condenada de casa. Pero el truco del patriota acosado por un Estado vengativo no ha funcionado ni con sus compañeros de filas (por no hablar de cómo han pasado de ella en ERC y la CUP). Tengo la impresión de que en Junts x Cat ya la dan por muerta casi todos. Y en ese sentido, su patético alegato final ha recordado poderosamente a las últimas palabras de alguien al que van a fusilar de inmediato. Como consuelo, le queda a la señora Borràs la posibilidad de cobrar una pensión vitalicia como expresidenta del Parlamento regional (principal motivo para haber demorado al máximo su juicio), que, unida a la que le caiga en su condición de funcionaria del Estado opresor le permitirá llevarse cada mes una buena pasta por no hacer absolutamente nada. Sí, es un dinero que nos sopla a los sufridos contribuyentes, pero igual merece la pena abonarlo si a cambio la perdemos de vista tras su previsible paso por el talego.