Carles Puigdemont y sus dos principales secuaces, Josep Lluís Alay, su jefe de gabinete (¿qué gabinete? Si este hombre no tiene ni un club de fans), y Gonzalo Boye, su abogado de confianza, un tipo que debería haber sido deportado hace años, a ver si lo entrullan por su entrañable amistad con el narcotraficante gallego Sito Miñanco), han tenido la inmensa suerte de que la justicia española se desinteresara por la presunta trama rusa del prusés, pero parece que eso no les basta.

Como decía mi difunto padre, ¡hasta los gatos quieren zapatos! No contentos con el archivo de la presunta injerencia rusa, pese a las reuniones de Alay y Boye con ciertos enviados de Putin, ahora pretenden que el Estado español les resarza (económicamente, por supuesto) por los daños morales que, en teoría, les ha causado, y que se supone que han afectado a su reputación.

¿Reputación? ¿Qué reputación? Caso de tenerla, sería negrísima, pues estos tres miserables solo han destacado como enemigos del Estado, que bastante ha hecho archivando todo el tema de la injerencia rusa en el prusés, de la que, si no hay pruebas suficientemente acusadoras, sí hay indicios de alta traición (no consumada porque los enviados del Kremlin debieron darse cuenta inmediatamente de con quién se jugaban los cuartos y optaron sabiamente por desaparecer).

Que estas tres patas pa un banco se atrevan a pedir dinero porque consideran que se ha dañado su reputación demuestra una vez más la errónea opinión que tienen de sí mismos. Y también la voracidad recaudadora de Puchi, un hombre que ha intentado sablear a sus seguidores en múltiples ocasiones (recordemos lo de los afiliados al Consell de la República, que tenían que ser un millón y se quedaron en menos de 100.000: la solidaridad lazi tiene sus límites, sobre todo cuando es invocada por un caradura patriótico que necesita dinerito fresco para alargar su Erasmus). Reclamar monises al Estado es, también, una manera de recordarnos a todos que sigue en la brecha y que estamos obligados a hablar de él, aunque sea mal.

Ese es también el objetivo de su enésima petición de que se celebre un referéndum de autodeterminación, tema que ha sacado del cubo de la basura a raíz de unas declaraciones de José Luis Rodriguez Zapatero en las que se manifestaba en contra de la celebración del referéndum de marras. Para una vez que Zapatitos no suelta una memez peligrosa, Puchi se indigna y desempolva el temita de la consulta: me temo que es lo que pasa cuando estás encerrado en Flandes con un solo juguete y, además, te estás quedando tieso y temes que no te llegue ni para mejillones.

Quiero creer que el Estado no le hará ni caso con la demanda de una compensación por asuntos reputacionales. Francamente, sería ya el colmo que, además de archivar antes de tiempo lo de la injerencia rusa en el prusés, ahora hubiera que destinar dinero público a salvaguardar el buen nombre (¿qué buen nombre?) de Puigdemont, Alay y Boye, cuyo destino natural es Soto del Real o Brians 2.

Me pregunto cuál será la próxima iniciativa de estos tres mamarrachos para sacarnos los cuartos. ¿Volver a pedir guardaespaldas para Puchi, como si hubiera riesgo de magnicidio o, en su caso, microcidio? ¿Exigir para Boye una cátedra de ética procesal? ¿Pedir que se le conceda a Alay la Laureada de San Fernando? Hay que pensar que estos tres tienen mucho tiempo libre (sobre todo Alay, jefe de gabinete sin gabinete) y lo pueden dedicar a idear propuestas desquiciadas sin parar.

En fin, parafraseando al difunto Fernán Gómez, ¡váyanse a la mierda, señores!