Si de Pedro Sánchez dependiera, sería capaz de amnistiar hasta los delitos de sangre de Puchi y sus secuaces (afortunadamente, no los hubo, pero acaban de beneficiarse de la amnistía los energúmenos que lanzaron cohetes a un helicóptero policial: si llegan a acertar y el aparato se cae al suelo, estaríamos hablando de una tragedia humana).

Como lo único que le importa, aparte de la honra de esa mujer de la que está profundamente enamorado, es su sillón presidencial, todo lo que atente contra su usufructo debe ser desactivado a la mayor brevedad posible (gracias, oh, Pedro, por tu combate incansable, proactivo y resiliente contra el fascismo). De ahí que todo lo relativo a los posibles delitos cometidos por la grey lazi se le antojen minucias que no solo pueden, sino que deben perdonarse (por el bien de España y la convivencia en Cataluña, por supuesto).

Por eso ha puesto al frente de la Fiscalía General del Estado a un siervo de la gleba que le da la razón en todo. Lamentablemente para nuestro querido conducator progresista, el Tribunal Supremo se le resiste y el juez Llarena demuestra constantemente no compartir sus tesis, tan beneficiosas (para él).

El TS acaba de decir que no está dispuesto a perdonar a Puchi y a su círculo íntimo el despilfarro del sainete de octubre del 17 y los sigue acusando de malversación con argumentos que no sé ustedes, pero a mí me resultan bastante convincentes. Puede que no hubiera lucro personal en todo el sindiós (aunque las sospechas sobre el choriceo de Toni Comín de los monises de la Casa de la República para darse una vuelta en yate con su amigo Lluís Llach apuntan en esa dirección), pero, como sostiene el juez Llarena, se utilizó el dinero de los impuestos de los catalanes para poner en marcha tan vistoso vodevil patriótico.

Y ese dinero incluye el mío y el de más de la mitad de los catalanes que cumplen con Hacienda, que no le habíamos dado permiso a Cocomocho para que lo tirara por el retrete (bastante tenemos con las absurdas seudoembajadas que tenemos repartidas por el mundo sin que nadie sepa muy bien para qué sirven, aparte de hacerse la ilusión de que Cataluña es un país de verdad).

Ya puestos, el Supremo mantiene vigentes las órdenes de detención de Puchi, Puig y el (presunto) descuidero Comín, que Sánchez querría ver esfumarse como por arte de magia, pues para algo se está matando por mejorar la convivencia en Cataluña, donde ya ha creado escuela, como demuestra la reciente decisión de Salvador Illa de aceptar los votos telemáticos de la pandilla de Waterloo y que a mí me parece vergonzosa y desfachatada: se le ha notado mucho que solo aspira a congraciarse con ERC, el partido del fugado Ruben Wagensberg, para marcarse un tripartito y poder presidir el gobiernillo local.

El juez Llarena es una de las bestias negras preferidas del lazismo. Como Marchena y cualquier otro que se atreva a discutir las instrucciones de nuestro Querido Líder. Viendo que éste ha cogido la mala costumbre de inmiscuirse en poderes ajenos y pasarse al pobre Montesquieu por el arco de triunfo, creo que necesitamos más que nunca a jueces como los recién citados. Alguien tiene que pararle los pies al hombre profundamente enamorado de su esposa, quien parece aspirar a lo mismo que Puchi en sus planes para la República Catalana, que incluían un control absoluto del poder legislativo sobre el judicial (igual solo le suena Montesquiu, por el morapio).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha mostrado muy generoso con algunos conspicuos gamberros del prusés, entre los que se cuentan los Einsteins del helicóptero y los CDR que, según parece, se entretenían fabricando explosivos caseros. Supongo que ahora les tocará (si es que no les ha tocado ya y se me ha pasado), a los neandertales que ocuparon el aeropuerto de El Prat (posibles problemas para el desarrollo de sus actividades, más un turista francés muerto de un infarto que tal vez no habría sufrido de no verse obligado a arrastrar su maletón demasiado tiempo), a los héroes de la batalla de Urquinaona (que no se cargaron a ningún poli porque Dios no quiso) y a cualquiera cuya libertad le convenga al señor Sánchez. No sé si todo esto que acabo de citar puede calificarse de terrorismo, pero si no lo es, se le parece un poco.

Veremos cómo evoluciona el culebrón judicial. De momento, Puchi sigue acusado de malversación y puede ser detenido si vuelve a Cataluña, por mucho que el siete machos Rull diga que él, personalmente, se encargará de que la policía no lo detenga, si es que aparece. Yo diría que esa promesa la ha hecho el presidente del Parlament porque conoce a su jefe y sabe que ese no pone los pies en su querida patria hasta que no quede ni la más mínima posibilidad de que lo pongan a la sombra: así, cualquiera promete cualquier cosa.