Como es sabido, Macià Alavedra formó parte de los gobiernos de Jordi Pujol desde 1980 hasta 1997. Diecisiete años. En este año, se retira de la política institucional de CiU pero no del aprovechamiento de sus relaciones institucionales para su enriquecimiento personal y familiar, como acredita la sentencia del caso Pretoria. Durante todo ese periodo, en el que se sientan las bases del actual desafío independentista, comparte gobierno con el president Pujol que, desde 1980, estuvo defraudando a la Hacienda Pública. Lo que no impidió que Alavedra dijese del president: "Era un hombre de austeridad absoluta y le interesaba poco el dinero".

Retirado de la política institucional, es nombrado presidente de Autopistes de Catalunya, sociedad concesionaria de la Generalitat, manteniendo, pues, sus estrechos vínculos con el aparato institucional. Además, presidió las sociedades Abertis Logística y Kern Pharma.

Desde esta posición de poder económico y, por mediación, político, realiza las conductas delictivas que describe la sentencia con un evidente afán de enriquecimiento.

Dice así: "La cuantía de los fondos que durante los años 1997 a 2003 Macià Alavedra percibió por su actividad ilícita ascendió --cuando menos-- a 6.080.405,41 euros, de los cuales 452.088,88 derivan de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas realizadas en las localidades de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, 185.600 por aparente actividad de intermediación realizada en el año 2004 en el municipio de Hospitalet de Llobregat sin que consten el origen y justificación de dicha comisión, 290.337,69 euros de un pago recibido de Gas Natural; 288.000 euros de pagos realizados por la sociedad BUIC --instrumental de Lluís Prenafeta a la que más adelante nos referiremos-- y 9.604,17 euros de intereses percibidos, desconociéndose el origen último del resto de sus ganancias --4.854.774,67 euros--, si bien, al igual que las cantidades anteriores, ocultó su existencia a la hacienda pública española, eludiendo, por tanto, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

"Para conseguir su opacidad así como la desvinculación de su origen ilícito y posterior afloramiento utilizó, en connivencia con su esposa Doris Malfeito --contra la que no se dirige acusación al haber fallecido-- y de los también acusados Gloria Torres Pladellorens y Philip Mc Mahan Bolich, un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios off shore así como por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos".

"Para asegurar la opacidad de estos fondos hizo figurar como titulares de estas cuentas tanto a su esposa como a Gloria Torres, encargando a Philip Mc Mahan Bolich que, bajo sus órdenes, asumiera su gestión diaria y directa, función que ejecutó realizando una gestión muy activa con continuas inversiones en compras y ventas de valores. Asimismo, es quien organizó, tal y como había planificado Macià Alavedra, el plan para repatriar a España parte del dinero --300.000 euros-- que este tenía oculto en sus cuentas de Andorra”.

"Las cantidades que ocultó cada año a través del entramado societario y financiero que describiremos a continuación fueron las siguientes:

1997: 2.643.743,46 euros

1998: 1.192.182,05 idem

1999: 9.604,17 idem

2000: 296.450,22 idem

2001: 22.398,94 idem

2003: 88.000,00 idem

2004: 100.000,00 idem

2005: 100.000,00 idem

2006: 700.000,00 idem

2.008: 290.337,69 idem

Total: 5.442.716,53 euros".

A continuación, la sentencia describe puntualmente las estrategias de ocultación y reinversión utilizadas por Alavedra y sus cooperadores.

Lo que acabamos de exponer es una brevísima muestra de la actividad delictiva analizada en la sentencia.

Pero, además de este pronunciamiento condenatorio, siguen pendientes todas las causas penales contra los miembros de la familia Pujol, la investigación de la percepción ilícita del 3% por CiU por el juzgado central número 5 y otros procesos contra dicho partido. El poder judicial es un instrumento indispensable para perseguir la corrupción y cualquier otra forma de abuso de poder. Es un elemento esencial del Estado democrático que nadie, nadie, podrá eludir.