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Florentino Pérez siempre gana

Carlos Díaz Güell
5 min

Recientemente el Tribunal Constitucional (TC) declaraba "inconstitucionales y nulos" los artículos que establecían la indemnización, autorizada por el Gobierno Rajoy mediante un real decreto ley, percibida por la concesionaria Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, y en un 30% por la canadiense CLP, promotoras ambas del proyecto de almacén de gas Castor. En total, 1.350 millones de euros a los que hay que sumar otras cantidades millonarias igualmente percibidas por otros conceptos.

Demasiado alpiste y demasiados protagonistas de un caso histórico para despacharlo con un artículo de pocas palabras como es el que nos exige el director y que con tanta frecuencia incumplimos. Pero si se pudiera empezar por el final, no cabe duda de que la sentencia del TC no hace sino consagrar una actuación en la que no solo se ha ninguneado el Estado de derecho​, sino que ampara irregularidades cometidas. Y todo ello sin que nadie, por el momento, haya asumido responsabilidades políticas, técnicas, económicas o administrativas y permitiendo que los ciudadanos consumidores de gas sean los que finalmente paguen, a través del correspondiente incremento de la factura del gas, un proyecto fallido aprobado por Rodríguez Zapatero y su ministro Sebastián y que fue calificado por más de uno de "innecesario y faraónico".

A cambio, y si nadie lo remedia, el resto del cuadro escénico se ira de rositas como suele ocurrir en estas ocasiones, lo que viene a demostrar la poca cosa que somos los consumidores para los grandes poderes que manejan el sistema.

Aunque pueda parecer una prédica más propia del populismo militante que de un análisis razonado y riguroso, la mezcla de intereses empresariales, financieros y políticos hacen del caso una cuestión que merecería una reacción popular menos mansa de la obtenida hasta ahora. Una reacción que, al menos, sirviera para conocer las razones por las que el proyecto costó cerca de un 90% más de lo inicialmente previsto, disparándose, según cifras oficiales hasta los 1.700 millones de euros, cantidad sobre la que existen dudas sobre su inflado artificial.

Este remedo de capitalismo español, amparado siempre por el gobierno de turno, se empeña en ignorar a los ciudadanos que, al parecer, solo sirven para pagar impuestos y votar

Porque es un hecho que al día de hoy no se han depurado responsabilidades de ningún tipo, pese a existir dudas más que razonables de que el citado proyecto "no tenía sentido" porque "no hacía ninguna falta", al tiempo que el contrato eximía a la empresa de "cualquier responsabilidad". El ministro del ramo, Álvaro Nadal​, dixit.

Este remedo de capitalismo español, imperante en la empresa, la banca, la administración, la política y también en algunas zonas de la judicatura, amparado siempre por el gobierno de turno, se empeña en ignorar a los ciudadanos que, al parecer, solo sirven para pagar impuestos y votar. En él, cualquier signo de transparencia no deja de ser una ilusión o una añagaza para contentar al tibio y ello no hace sino alentar todo tipo de sospechas y reacciones populistas. Si es así, ¡allá ellos!

Allá ellos si tras la sentencia del TC se mantienen inalterados los pagos al sistema gasista para el año 2018, en donde se incluyen tanto la indemnización como el mantenimiento del Castor que suman 100 millones de euros.

Allá ellos si se mantienen en sus trece de cargar el desaguisado del Castor a los casi ocho millones de consumidores de gas que deberán hacerse cargo de la millonaria indemnización, mas extras, a lo largo de las próximas décadas.

Y allá ellos, en definitiva, si continúan funcionando como hasta ahora contratos con cláusulas abusivas, protección de inversores cualificados, falta de medidas de control y subordinación de los derechos de la ciudadanía a los intereses espurios de unos pocos.

Y después de esto nos seguimos preguntando por qué suben las tarifas del gas y de la electricidad de forma tan desaforada.

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¿Quién es... Carlos Díaz Güell?
Carlos Díaz Güell

Empezó en el periodismo escribiendo de economía cuando nació 'El País' y hoy sigue haciendo lo mismo. Entre las dos fechas, ha tocado todos los palillos de la comunicación: ha dirigido periódicos económicos, facultades de periodismo y se ha responsabilizado de la comunicación en la Administración Pública o empresas y entidades como Iberia o el Banco de España.