El viernes pasado el Consejo de Gobierno de Pedro Sánchez se estrenó levantando el control previo de pagos de la Generalitat que fue vendido como un “gesto” político de distensión aunque la realidad es que la orden ministerial decaía con el fin del 155. Ha sorprendido que la medida se anunciara tan rápidamente, pero el Ejecutivo socialista quiere en estas primeras semanas ganar la batalla del “diálogo”. Se trata de crear un nuevo clima de opinión, en el que quien aparezca como recalcitrante sea el Govern de Quim Torra y las fuerzas independentistas. Solo así se entiende que Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, arriesgara tanto al afirmar el sábado pasado que la reforma constitucional es “urgente, viable y deseable”. Sonó a precipitado y casi a temeridad. Pero poco han tardado desde ERC y PDeCAT a responder que no piensan participar en el proyecto de cambio de la Constitución. Si hasta los posibilistas como Marta Pascal y Joan Tardà dicen que ellos “están en otra cosa”, que el republicanismo secesionista lo que quiere es “discutir la propiedad”, salta a la vista que el diálogo de Sánchez con Torra tiene las patas muy cortas.

Ayer mismo tuvimos otro ejemplo con el anuncio que hizo el Govern, tal como avanzó Crónica Global, de resucitar el Diplocat. Aunque la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría meses atrás se jactaba, en catalán, de que esa diplomacia paralela estaba “en disolució”, lo cierto es que no acabó de completar bien el trabajo y su patronato no fue suprimido a tiempo. El 155 se ha ejecutado rematadamente mal en muchos temas. De manera que el secesionismo va a volver a utilizar dinero público para su propaganda internacional. Los medios de comunicación se han hecho eco solo de unas llamativas declaraciones de la exconsejera Clara Ponsatí reconociendo que con la DUI los independentistas estaban “jugando de farol”. Las hizo en una reunión en Londres, organizada por la ANC, para evaluar cómo había funcionado la acción exterior de la Generalitat en octubre pasado. Pero del encuentro --del que hay una grabación en abierto de dos horas y en el que participaron diversos extrabajadores de las “embajadas” y del Diplocat-- sobresale también la enorme decepción que sufrieron todos ellos por la actitud de los políticos del Govern que utilizaron la independencia para sus luchas de poder.

A la agitación secesionista en el extranjero la Generalitat ha dedicado como mínimo unos 10 millones de euros al año entre las delegaciones en las capitales más importantes, la acción del Diplocat y las ayudas a los casales catalanes, cuya actuación en muchos casos formaba parte del engranaje para influir en la sociedad civil de sus países respectivos a favor de la autodeterminación. Todo esto va a volver a activarse y el ministerio de Exteriores que ahora dirige Josep Borrell va a tener mucho trabajo porque de la reunión quedó clara una cosa, van a seguir con su trabajo de desprestigio contra la democracia española. De entrada, la cuestión de los presos va a servir de ariete y hasta finales de año la munición se concentrará en la internacionalización del juicio. La lírica carta que Torra ha enviado a los líderes europeos, muy centrada en esta cuestión, con bonitas palabras sobre el diálogo y la negociación, intenta preparar un escenario de presión internacional sobre el Gobierno español.

En definitiva, el diálogo entre Sánchez y Torra tiene las patas cortas porque, aunque se pueda desencallar alguna cuestión en el ejercicio del autogobierno, el Govern ha retomado la propaganda exterior para hacer ver que el proyecto secesionista se mantiene en pie. Y mientras siga anclado en un discurso de consumo interno en torno al mandato del 1-O, es muy difícil que el independentismo acepte otro marco político de debate por lo menos hasta las municipales de 2019, sobre todo si Puigdemont queda libre en Alemania. El problema para el Gobierno actual es que ya no va poder mirar para otro lado y, antes o después, tendrá que dar una respuesta política a la deslealtad con el Estado.