¿Para cuándo una auditoria sobre el ‘procés’?

Joaquim Coll
6 min

Ayer el diputado socialista en el Congreso, José Zaragoza, escribió en twitter: “El procés independentista solo ha servido para que el nacionalismo de siempre siga controlando el poder en Cataluña​”. Sin duda no es el primero que lo dice, afirmaciones muy parecidas las hemos escuchado en boca de otros políticos y figuras del constitucionalismo, particularmente del siempre incisivo Jordi Cañas; por su parte, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo no se ha cansado de denunciar la simbiosis entre poder nacionalista y corrupción en sus artículos ahora recogidos en el libro Cataluña. Mitos y resistencia (2018). Pero Zaragoza ha estado oportuno esta semana en la que hay una importante huelga de la sanidad catalana porque su tuit apunta hacia lo esencial. Ante unos ajustes sociales durísimos y una crisis económica que iba para largo, el giro independentista de CDC en 2012 tuvo como objetivo abanderar un proyecto político (ilusionante para muchos) que le permitiera conservar el poder autonómico. Y lo cierto es que el procés logró desviar la indignación social hacia otros objetivos. Siendo Cataluña una de las autonomías donde se han producido más recortes en sanidad, educación y políticas asistenciales, paradójicamente, el foco del debate en estos años solo ha oscilado entre el derecho a decidir, el referéndum y la secesión.

Ahora bien, tras el vendaval del procés, la realidad social emerge ahora con toda su crudeza: una quinta parte de la población catalana está en riesgo de pobreza o exclusión, en medio de un escenario general de precariedad laboral y bajos salarios, con situaciones de enorme vulnerabilidad que afectan sobre todo a mujeres, jóvenes y niños. La recuperación económica tras la crisis solo ha beneficiado a una pequeña capa de la población, con lo que las desigualdades se han incrementado. Y frente a todo ello, Cataluña se sitúa ocho años después a la cola en la recuperación del gasto social. Según el Índice de Desarrollo de Políticas Sociales (2018) que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la Generalitat debería invertir más de 4.000 millones para revertir los recortes de antes de la crisis. Como se explica en el último Informe social de la Fundació Rafael Campalans, lo peor con el procés es que, al lado de la desinversión social, se ha producido una grave parálisis política: Cataluña se ha convertido en una comunidad de listas de espera, desde las residencias para gente mayor hasta las intervenciones quirúrgicas, pasando por el acceso a la vivienda social.

Hace dos semanas, el Govern de Quim Torra presentó un informe que analiza el impacto de la aplicación del artículo 155 en la Generalitat. Retorciendo absolutamente las cifras, sitúa el coste económico en 1.800 millones entre afectaciones directas (el coste del personal político despedido, por ejemplo) e indirectas (programas o acciones no desarrolladas durante el medio año que finalmente duró la intervención del Estado). Se trata de un ejercicio destinado a la propaganda interna, a cultivar el victimismo, pues se enfatiza que el 155 ha perjudicado sobre todo a los sectores sociales más vulnerables que no recibieron ayudas, becas o subvenciones. Es el mundo al revés. En realidad, el verdadero coste que alguien debería calcular algún día es el dinero que la Generalitat y las administraciones locales han dedicado al procés a lo largo de todos estos años. Ayer Ciutadans denunció ante la Fiscalía el pago de 1,6 millones a un lobby americano ya en 2013 para promover la causa secesionista en el exterior. Se trata solo de un pequeño ejemplo de la fortuna que nos ha costado a los catalanes este disparate. Si alguien fuera capaz de auditarlo todo, desde el sobrecoste de la radio y la televisión pública, las subvenciones a los medios de comunicación privados hasta las “embajadas”, pasando por las mil y una partidas de todas las consejerías del Govern dedicadas a la agitación y la propaganda nacionalista e incluyendo también los cientos de cargos políticos innecesarios, seguro que tendríamos una cifra que cuadraría bastante con el agujero que explica que la Generalitat sea hoy la última autonomía en gasto social. Junto al daño moral incalculable perpetrado por el separatismo a la convivencia, conoceríamos la magnitud de la tragedia.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.

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