A veces de la boca del más loquito del manicomio sale la verdad. Por una vez puede que acierte Agustí Colomines, presunto jefe del 3 %, presunto muñidor de la corrupción que circulaba del Palau de la Música a Convergència (hoy JxCat) a través de la fundación Trias Fargas (alias Catdem), que él dirigió y por cuya ejecutoria esperemos que dé cumplida cuenta a la Justicia. Puede que por una vez acierte al escribir lo que analistas con más escrúpulos no se atrevían a decir: “La falta de previsión ha sido letal y la gestión gubernamental, un crimen”. (Véase la referencia y la atinada glosa de María Jesús Cañizares, ayer en este diario)

¿Imprevisión criminal? Bueno, esto son palabras mayores.

Naturalmente, la acusación es tartufesca, o colominesca: proferida interesadamente, so capa de gran indignación moral, para debilitar a ERC, que comparte el poder con Torra y su partido, y que se lo disputa para las próximas elecciones.

Pero míster Catdem silencia que la sanidad catalana ha sido diseñada y gestionada desde hace largas décadas por CiU, y solo muy recientemente ha caído como responsabilidad en manos de ERC; partido éste cuyos cuadros, nadie lo ignora, son di una scarsità inenarrabile, de una carencia inenarrable, como dijo cierto escenógrafo florentino durante el ensayo general de una ópera en el Liceu, tirándose de los pelos, desesperado por unos figurantes disfrazados de romanos que parecían incapaces de desfilar por el escenario sin tropezarse con sus lanzas.  

Veamos primero lo de la letalidad de esa gestión sanitaria. En Cataluña se ilustra sola: 1.000 ancianos muertos en el desamparo de las residencias-ratoneras, y consejitos siniestros del Govern a las familias sobre la elección del moridero para los ancianos enfermos, antes de que Chakir el Homrani, conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, tirase la toalla que tenía que haber tirado en el minuto 1, y se la pasase a la consellera de Salud, Alba Vergès.

Que es como si el Gordo le pasa a El Flaco el volante del auto: el choque es seguro y la scarsità, inenarrabile.

Por cierto que la comunidad de Madrid también tiene la Sanidad transferida y allí van ya por los 4.000 ancianos. ¡Eso sí que son magnitudes colosales como corresponde al corazón de un gran Estado! Y es llamativo que ambas administraciones regionales, la de Torra y la de Ayuso, siendo de colores tan distintos e incluso contrarios, coincidan en cargar la responsabilidad de su propia inoperancia al Gobierno central y en colgarse, de manos de sus tiralevitas en la prensa, la Medalla a la Altísima Eficacia.

Eficacia muy, muy relativa, como demuestran los números de muertos. Pues si con las competencias en Sanidad transferidas las comunidades autónomas son incapaces de gestionarla razonablemente, y culpan de su impotencia al Gobierno central, ¿no sería más coherente que las devolviesen, o que éste las recupere, y cuanto antes mejor? Es evidente que la estructura autonómica del Estado está fallando y debe ser repensada a fondo, sea en el sentido de desmembrarlo, sea en el de recentralizarlo. Parece que el coronavirus ha dejado claro lo que la crisis económica venidera confirmará: que así no podemos seguir.Veamos ahora si la gestión del Govern ha sido, como dice descarnadamente Míster Catdem, un crimen. De momento es un dato cierto, objetivo, que la Justicia está investigando la gestión de las residencias geriátricas y de los hospitales de campaña. Se han abierto varias investigaciones judiciales sobre la posible responsabilidad criminal de Torra y su Govern en las muertes que hayan podido producirse por obstáculos que han (presuntamente) planteado a la creación de hospitales de campaña y desinfección de residencias reclamados por los ayuntamientos al Ejército y a la Guardia Civil.

El ayuntamiento de Els Pallaresos ha denunciado a la fiscalía de Tarragona, y ésta ha abierto una investigación contra la dirección de la residencia Nostrallar por rechazar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para desinfectar la residencia; y el director de Nostrallar alega en su descargo que ha seguido las recomendaciones de la consellería de Asuntos Sociales. A esto la criminalística norteamericana lo llama “la pistola humeante.”

El juzgado número 3 de Sabadell investiga las supuestas trabas so pretexto de “diferencias de criterios técnicos” al hospital montado en la  ciudad por el ejército en esa ciudad. Sobre este asunto es elocuente el vídeo de denuncia grabado por la alcaldesa de Sabadell que circula por la red, además de las reiteradas declaraciones del Govern contra la presencia de las Fuerzas Armadas en Cataluña.

Algo parecido ha sucedido en Sant Andreu de la Barca, cuya alcaldía, a través de su justamente indignado jefe de Gabinete, Ildefonso Marín, denuncia en un artículo publicado ayer por Crónica Global la “impresentable respuesta” de la consejera Alba Vergès “para justificar su inacción” y su “irresponsable actitud” al paralizar el uso de un hotel medicalizado y un hospital de campaña por motivos políticos, alegando obstáculos técnicos.

Las exclusivas que estos días vienen publicando Ignasi Jorro y otros periodistas de este diario, que empiezan ahora a ser recogidas por otros medios de comunicación --ya no pueden taparlas, hasta  el extremo de que incluso el Síndic de greuges ha tenido que abrir una investigación contra sus amigos--, han venido reflejando con rigor periodístico las quejas del Ejército, las Residencias, los alcaldes (¡incluida la señora Colau!) y la Diputación, por la actuación paralítica, dilatoria o (presuntamente) obstructiva del Govern de Torra, al parecer más preocupado por dejar claro que no necesita la ayuda del Estado y rechazar la ayuda de sus Cuerpos de Seguridad que por preservar la salud de los ciudadanos catalanes más desvalidos.

Sería monstruoso que el Govern boicotease la ayuda reclamada por los ayuntamientos a los municipios al Ejército español por un prurito de autosuficiencia, por una cuestión de imagen, de orgullo nacional. No puedo afirmar que sea cierta esa monstruosidad, pero desde luego es verosímil, teniendo en cuenta que estamos hablando de gente fanática; de gente que podría ser tan buena, mediocre o mala como cualquier otra, pero está consumida por un patriotismo alucinado y cegada por el estúpido odio a España, de lo que es exponente notorio el mismo Torra. Así, es verosímil que tenga razón el loquito de la Catdem, que hay indicios aquí no solo de incompetencia sino también de actividad criminal.

 Mientras tanto, teniendo en cuenta la proverbial lentitud de la Justicia, quizá sería oportuno que el Ejecutivo se adelante, despache consultas con los afectados –es cosa de unas llamadas telefónicas—, y si procede, tome cartas en el asunto. Es una cuestión literalmente de vida o muerte.