Un agente decisivo --algunos lo considerarán más bien un "agente provocador"-- en la corrección de los desafueros de nuestros dirigentes es la entidad Societat Civil Catalana (SCC). Gracias a sus denuncias, los señores Mas, Homs, Ortega, Rigau y otros colaboradores necesarios que una vez inhabilitados por un par de años se creían limpios de polvo y paja, se ven enfrentados a la consecuencia económica de sus actos, con la acusación de malversar fondos públicos. "Cuando despertaron, la denuncia seguía allí".

Es obvio el poder disuasorio de la iniciativa de SCC, a la que otros luego se han sumado y han ampliado. Como dijo cierto conseller antes de despedirse del prusés a la francesa: a la cárcel vale, a la cárcel sea, yo me presto a ir si es preciso, pero con mis ahorros poca broma, son sagrados, no haría nada que pudiera comprometerlos. Lo cual, como ya han apuntado algunos comentaristas, da una imagen poco halagüeña del "coraje cívico" y la profundidad de las convicciones del interfecto y de otros patriotas que, como él, se bajan del coche en marcha.

La acusación de malversar fondos públicos que puede imputársele a la plana mayor del ejecutivo separatista es decisiva para ir desactivando a los menos insensatos

La acusación de malversar fondos públicos que puede imputársele a la plana mayor del ejecutivo separatista --que no a sus altavoces en los medios de formación de masas: éstos se irán de rositas, y seguirán engolando la voz al invocar la libertad y la democracia y demás valores altísimos-- es decisiva para ir desactivando a los menos insensatos. Cierto que los más cocomochistas o puigdementes no serán disuadidos así como así, pero también será instructivo que sigan avanzando por el callejón sin salida donde se metieron solitos y donde cada nuevo movimiento, sea de mambo o de corro de la patata o de oso que baila en el foso, les retrata con más implacable exactitud.

Para cuando salgan es de esperar que la malversación a la que todos asistimos desde hace años haya sido cuantificada con algún rigor. Los movimientos insurreccionales han requerido, por ejemplo, formar un equipo monclovita para desactivarlos; ha habido que cursar instrucciones al estamento diplomático; los embajadores han tenido que dedicar parte de su oneroso tiempo a contrarrestar la propaganda golpista; ha habido que desplegar inteligencia militar, movilizar servicios secretos, poner a la Guardia Urbana y a la Guardia Civil a buscar y decomisar las herramientas del golpe. Todo esto ¿lo paga el contribuyente? Las horas de trabajo de taquígrafos, bedeles, chóferes, personal subalterno y parlamentarios de la Cámara autonómica que se consumen en la aprobación de iniciativas ilegales ¿no deben ser contadas, tasadas y objeto de sanción? Para que al menos la señora Forcadell y sus amigos devuelvan un poco de lo que tan patrióticamente derrochan y para que, una vez éstos hayan sido inhabilitados, sus sucesores sepan a qué atenerse.

Otra cosa será el cuantioso tiempo perdido en postureo, caprichos y tonterías. Ése es irrecuperable.