Albert Gimeno y mujeres con burka
Malos tiempos para el buenismo
"Prohibir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos debería ser una cuestión de sentido común. Como sociedad, no debemos permitir vestimentas que ocultan el rostro"
Lleida ha vuelto al primer plano del debate público, tras la decisión de su alcalde de promover un endurecimiento del código de civismo ciudadano y prohibir el uso de cualquier prenda, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos.
Fèlix Larrosa, edil del PSC, se ha echado encima a los representantes de esa política más habituada a no abordar los problemas directamente. La decisión del Ayuntamiento de Lleida, aunque genérica, va dirigida a resolver uno de los problemas de convivencia más acuciantes que tiene esa ciudad catalana: la presencia excesiva de niqabs y burkas en las calles y, por supuesto, en los espacios comunes de la ciudad.
La decisión de Larrosa no es nueva. Muchos de ustedes recordarán la iniciativa que tomó Àngel Ros cuando era alcalde de Lleida hace varios decenios. Iba en la misma dirección, y solamente la mirada buenista que tuvo entonces la justicia frenó un plan atrevido, pero pertinaz.
De haberse tomado cartas en el asunto en aquel momento, quizás la proliferación de determinadas ideologías radicales, como ocurre en la actualidad, no habría prosperado con la misma intensidad.
El control de determinadas actitudes no tiene nada que ver con la animadversión racial que algunos preconizan y otros secundan. Prohibir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos debería ser una cuestión de sentido común. Como sociedad, no debemos permitir vestimentas que ocultan el rostro de las personas, ni por cuestiones religiosas, ni por costumbres sociales ni por una cuestión de seguridad.
Ese precepto serviría también para otros grupos religiosos, o no, que quisieran ir con la cara tapada. Pero, de momento, el principal problema que tenemos en nuestras calles es el de una minoría, la musulmana, que mantiene unos usos y costumbres que ofenden, o deberían ofender, al conjunto de la sociedad local.
No se trata de impedir libertades a ningún colectivo que vive y paga impuestos en Cataluña. Simplemente, el objetivo es lograr que ninguna comunidad imponga costumbres que no encajan con la manera occidental de entender la vida.
Es curioso que las formaciones políticas más izquierdistas --siempre tan estrictas con los derechos de la mujer-- se opongan a este tipo de decisiones que, en el fondo, son tan lesivas para los derechos femeninos. Aquí no se trata de un asunto que puedan dirimir internamente los miembros de una comunidad cuando afecta al espacio público. Lo que no es aceptable se debe restringir, aunque eso suponga pisar algunos callos y las posiciones buenistas se rasguen las vestiduras.
Muy mal deben estar las cosas en Lleida para que otro alcalde socialista desafíe el mal entendido fair play entre comunidades y agarre el toro por los cuernos. Como hizo Ros. Lo que pasa es que la sociedad actualmente tolera menos comportamientos buenistas si, al aceptarlos, se ponen en riesgo cuestiones de mayor calado, y el partido que no sea sensible a las reivindicaciones sociales pagará el pato en las urnas.
