Aula del colegio Josep Obrer
El sistema educativo: ¿negocio o factor de progreso y avance social?
"Poco a poco se impone el modelo estadounidense, que sin duda entusiasma a la Comunidad de Madrid"
La educación pública debería ser un instrumento que facilitara la igualdad de oportunidades para la formación de buenos profesionales, sin importar su origen social. En España, la educación se ha convertido en uno de los campos donde con mayor nitidez se cruzan dos realidades aparentemente opuestas, pero sin embargo profundamente interconectadas.
Por el lado positivo, se ha incrementado el número de jóvenes que acceden al sistema educativo, sin embargo, el poder adquisitivo y la desigualdad económica siguen actuando como condicionante y filtro segregador.
La educación privada se ha convertido en un negocio que mueve en España 20.000 millones de euros al año. Los fondos de inversión han encontrado buenas oportunidades de negocio en las entidades que ofertan carreras universitarias, másteres o ciclos de Formación Profesional con vínculos empresariales para realizar prácticas.
Todo ello potenciado y alimentado por administraciones autonómicas gobernadas por fuerzas conservadoras. Tras décadas de reformas sucesivas, lo que debería ser un vector de movilidad social se ha transformado en un instrumento capaz de reproducir y amplificar desigualdades ya existentes, especialmente cuando el acceso a recursos educativos de alta calidad queda condicionado por la renta de las familias.
En el extremo más visible de esta tendencia se sitúan las universidades de élite y los centros educativos altamente selectivos, que funcionan en la práctica como espacios de socialización y reproducción de las élites económicas y políticas. Más allá de su valor académico intrínseco, estos espacios articulan redes de contactos, venden “prestigio” y sobre todo generan oportunidades laborales que no están al alcance de la mayoría de la población.
Así, la educación que debería formar profesionales competentes se convierte en un mecanismo de concentración de capital social y económico. El resultado es una desigualdad que no solo es medible en términos de resultados académicos, sino también en términos de claustros, trayectorias profesionales y acceso a posiciones de poder.
Poco a poco se impone el modelo estadounidense, que sin duda entusiasma a la Comunidad de Madrid. “Si usted quiere una educación o sanidad de calidad, pague”.
!['Profesor y alumno', obra de Carel Christiaan Antony Last](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/08\/11\/letraglobal\/ideas\/1003742680822_15000529_320x180.jpg"])
Esta dinámica tiene efectos directos sobre la marginación social y las reivindicaciones de la clase trabajadora. Las familias con menos recursos soportan cargas crecientes: tasas académicas, material educativo costoso, transporte y, sobre todo, la incertidumbre de saber que sus hijos compiten en un sistema donde la renta sigue siendo un predictor robusto del éxito escolar.
En este contexto, la educación pública —si realmente fuera financiada y organizada como un bien común— tendría un papel central como instrumento de justicia social.
El debate político debería deliberar de forma constructiva sobre los diferentes modelos de política educativa. Cada vez es más necesario hacer política de verdad, intentando evitar el vodevil esperpéntico en el que han convertido las fuerzas ultras conservadoras al Congreso de los Diputados.
Determinadas CCAA preferentemente conservadoras –como la de Ayuso en Madrid– han promovido la libre expansión de centros concertados y estimulado la enseñanza privada, bajo la bandera de la “libertad educativa”, una forma muy elegante de plantear: “Si usted quiere educación de calidad, debe pagarla”
En la práctica, esto ha implicado un incremento de recursos para centros privados y concertados e incentivos fiscales para familias con renta alta. Lo que ha supuesto una importante reducción del esfuerzo inversor, que ha terminado afectando negativamente a la redistribución en favor de los centros públicos más desfavorecidos.
Sus defensores argumentan que la “competencia” entre centros eleva la calidad global; sus críticos señalan que, en ausencia de medidas compensatorias reales, esta “competencia” refuerza la segregación socioeconómica y territorial.
Para contrarrestar estas prácticas conservadoras que tanto están deteriorando el sistema educativo, las fuerzas de progreso deben apostar por reforzar la educación pública universal. Una estrategia sólida y con recorrido debe priorizar el pensamiento crítico, la equidad y la calidad, mejorando la formación docente.
Para ello es imprescindible aumentar la financiación estructural y estable, orientada a reducir desigualdades territoriales y socioeconómicas. Cualquier estrategia de progreso debe intentar revertir procesos de desigualdad escolar y combatir la segregación.
No obstante, estas iniciativas frecuentemente tropiezan con limitaciones presupuestarias y resistencias políticas, lo que pone de manifiesto que una política pública de calidad exige no solo voluntad política, sino también sostenibilidad financiera y consenso social.
En Europa los países que mejor combinan calidad educativa, equidad y acceso universal sin condicionantes derivados de la renta familiar son Finlandia y los países nórdicos en general. Estos sistemas se caracterizan por una elevada inversión pública, profesorado bien valorado y dotado, y una fuerte orientación hacia la inclusión, con mecanismos activos para compensar desigualdades territoriales y socioeconómicas. La educación no es un producto de consumo, sino un derecho social.
La educación pública, en definitiva, es algo más que una estructura administrativa, sobre todo debe ser un factor de progreso y avance social. Defenderla significa apostar por una sociedad donde el origen no determine el destino, donde la inteligencia colectiva se nutra de la diversidad y donde la igualdad de oportunidades no sea un eslogan sino una práctica tangible.
