Cuando la sostenibilidad depende del código postal: el laberinto regulatorio de EEUU

Estados Unidos exige a algunas empresas que midan su huella climática... y simultáneamente penaliza a otras por hacerlo. No es una paradoja retórica, es una realidad regulatoria.

Es también uno de los ejemplos más claros de cómo la sostenibilidad ha dejado de ser una agenda ambiental para convertirse en un campo de batalla político, jurídico y cultural.

Durante años, EEUU ha sido presentado como motor de innovación climática y tecnológica. Sin embargo, cuando se observa su marco normativo en sostenibilidad, el relato se deshace.

No estamos ante simples diferencias entre estados, sino ante una incoherencia estructural que genera inseguridad jurídica, complica la planificación empresarial y erosiona la credibilidad del sistema.

Para las empresas españolas que operan allí, este caos no es un debate ideológico: es un coste.

California ha decidido avanzar por su cuenta. Las leyes SB253 y SB261 obligan a miles de empresas a reportar emisiones —incluidas las de su cadena de valor— y a evaluar riesgos climáticos financieros.

En la práctica, el estado actúa como un micro-mercado europeo dentro de Estados Unidos, con exigencias de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas muy similares a las de Bruselas.

La incoherencia aparece de inmediato: no existe una legislación federal equivalente. Una misma empresa puede estar sometida a obligaciones climáticas estrictas en California y operar sin exigencias similares en otros estados.

El cumplimiento depende más del código postal que del modelo de negocio. Mientras Europa avanza hacia un marco común —exigente, pero previsible—, EEUU ofrece un escenario fragmentado e inestable.

La segunda incoherencia es estratégica. Washington ha criticado duramente iniciativas europeas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, acusándolas de "proteccionismo verde".

Sin embargo, simultáneamente estudia propuestas como el Foreign Pollution Fee Act, que impondría tarifas a productos importados según su intensidad de emisiones.

El mensaje implícito es difícil de ignorar: cuando la sostenibilidad protege la industria nacional, es legítima; cuando la impulsa otro bloque económico, se cuestiona.

Para las empresas globales —incluidas muchas españolas— este doble rasero complica la planificación estratégica y eleva el riesgo regulatorio.

El tercer frente añade aún más complejidad. Estados como Texas han aprobado leyes abiertamente anti-ESG, penalizando a entidades financieras y empresas que integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Estas normas están chocando con el poder judicial. Un juez federal declaró inconstitucional una de ellas por vulnerar principios básicos de libre mercado y competencia. No se trata de una defensa del ESG, sino de un límite institucional a la politización extrema.

La paradoja es evidente: en EEUU, la sostenibilidad puede ser una obligación, una amenaza o una herejía, según el Estado en el que uno aterrice.

Para las empresas, el resultado es inseguridad jurídica: ¿el ESG es una obligación, un riesgo legal o ambas cosas al mismo tiempo?

Estas dinámicas no son episodios aislados. Reflejan un problema más profundo: Estados Unidos no ha construido un relato común sobre sostenibilidad.

A diferencia de la Unión Europea, donde la regulación se ha convertido en una herramienta de política industrial, en EEUU la sostenibilidad sigue atrapada en la lógica del conflicto cultural. No se discute solo qué regular, sino qué valores representa esa regulación. Y cuando la norma se convierte en símbolo, deja de ser predecible.

La lección es clara: ya no existe algo como “cumplir en Estados Unidos”. Lo que existe es cumplir por estados, por mercados, por expectativas de inversores y por estándares internacionales.

Paradójicamente, las empresas más avanzadas en sostenibilidad son las menos expuestas a este caos normativo.

Quienes ya reportan emisiones, gestionan riesgos climáticos y alinean su estrategia con criterios ESG pueden adaptarse mejor a cualquier escenario. Las que se limitan al mínimo legal quedan atrapadas en cada giro político.

El caso EEUU demuestra que la sostenibilidad ya no es solo una cuestión ambiental. Es una prueba de madurez institucional, coherencia regulatoria y visión estratégica.

Cuando la regulación se fragmenta y se politiza, el coste no lo paga solo el sistema: lo pagan las empresas que necesitan estabilidad para invertir, innovar y competir.

Europa regula. Estados Unidos discute. Y las empresas, mientras tanto, deben decidir si quieren limitarse a reaccionar... o construir estrategia en medio del ruido.