Breve tratado de teología y financiación autonómica

Tienen razón, y al mismo tiempo yerran, quienes piensan, en su infinita candidez o debido a su inexperiencia, que el nuevo frente de guerra y desgaste abierto desde la Moncloa para intentar alargar todo lo posible esta legislatura que nació por obscenos intereses fenicios y el día que acabe nos dejará como herencia un deterioro institucional mayúsculo y duradero, puede apaciguarse o apagarse con un bondadoso proceso de evangelización que explique a los ateos las ventajas de creer en Dios.

Cuando Salvador Illa, cuya investidura salió adelante a cambio de que el PSC asumiera una parte notable de la agenda independentista y la administrase, en su condición de regente, hasta que vuelva a asomar por el horizonte el luminoso sol de la patria –por supuesto imaginaria– y acontezca esa misa sacra en la que el poder retornará de forma natural a manos de quien siempre ha encarnado el mando, nos explicó que, como cristiano, creía en la trascendencia, nadie podía imaginarse que la política iba a convertirse en una sesión (insoportable) de catequesis.

Con toda razón, nuestro admirado Chesterton sostenía que la justificación de la existencia de la Iglesia no radica en el hecho de que sus hijos incurran en el pecado, sino que cobra todo su sentido justamente porque lo hacen sin parar. Alguien tiene que perdonar y absolver sus faltas si media una confesión sincera, el necesario firme propósito de enmienda y el correspondiente acto de contrición hasta que vuelvan a cometerlas.

Lo mismo sucede con el nuevo sistema de financiación autonómica, cuyo catecismo ha sido escrito –bajo la iluminación del Espíritu (Non)Santo– por Sor Junqueras, otro católico profesional, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que le gusta recordar que antes de hacerse del PSOE –“por el interés te quiero Andrés”– militó en las Juventudes Comunistas (“pero fue por amor”, como decía una canción que Perales compuso para Mocedades antes de que se rebautizaran como El Consorcio por motivos que es mejor no explicar) y, mucho antes, en el Movimiento Juvenil de Acción Católica de Sevilla y en las filas de la Hermandad Obrera de Acción Católica de su barrio, Triana.

Parece mentira que con estos dos altos teólogos, de solvencia tan contrastada, amplio dominio de los latines y un conocimiento oceánico de las cuestiones fiscales y tributarias nadie –salvo una parte de ERC y el presidente de la Generalitat– estén contentos con este cordero de cuerpo presente (menguado para unos, inmerecido para otros) que quieren servirnos en la última cena de la Santa Constitución, que será crucificada en el Gólgota sin necesidad de derogación, por la vía de los hechos consumados.

El nuevo modelo de reparto de los fondos de las autonomías, sobre el que solo ha opinado ERC, que ni siquiera representa a Sant Jaume, aunque haya situado en su sillón al regente del PSC, exige, en efecto, un absoluto y categórico acto de fe. Una confianza ciega. Un optimismo colosal. Y un gusto absoluto por las milongas (en la séptima acepción del diccionario). En efecto: para sentir el mismo jolgorio que Illa, porque ni siquiera el beato Junqueras muestra tantísimo regocijo, hay que tener muchísima confianza en los milagros y una devoción a prueba de cualquier empirismo.

La ministra Montero se ha cuidado de no enseñar los números del nuevo sistema –“esto corresponde hacerlo a cada comunidad autónoma”– ni, por supuesto, los muestra por territorio. No es difícil averiguar la razón: el diablo y los detalles. Su discurso anuncia la cuadratura del círculo, cosa que no deja de tener su mérito: “Nada por aquí, nada por allí. Voilá!: dinero para todos y, como decía la canción de Mecano, “algo de comer””. Tutti felici.

Sucede, sin embargo, que a poco que se sepan hacer ciertos cálculos –el sistema no es tan complejo como parece, sino voluntariamente oscuro para que nadie lo entienda por completo y el atraco no se perciba tanto– una proyección prudente señala que las comunidades que más recursos obtendrán en el nuevo reparto serán Valencia, Cataluña y, en tercer lugar, Andalucía, con la paradoja, en la que se sustentan todas las medias verdades de la ministra Montero, de que las dos primeras tienen mucha menos población que la tercera y, sin embargo, son las que obtendrían un superávit financiero muy por encima de la media.

¿Cómo es posible semejante milagro? Porque Dios existe y la trascendencia espiritual ha adoptado la forma (sagrada) de un hecho aritmético. A ver quién lo discute. Ante la incapacidad general, los voceros a sueldo, los periodistas indocumentados, los tertulianos sabelotodo y los académicos con ansias de medrar –en definitiva: los propagandistas todos– repiten sin tope ni descanso el argumentario de sus respectivos señoritos, a sabiendas de que nadie va a poder desmentir sus embustes o demostrar su ignorancia porque, en el fondo, nadie sabe bien de qué diablos hablamos. Lo que todos tienen clara es la obligación de defender –o condenar– la mayor para agradar a su clientela. Es lo que hay.

El sarcasmo llega a su cumbre con la discusión (bizantina) sobre el principio de ordinalidad, formulado como si fuera el misterio de la Santísima Trinidad, cuando se resume de la siguiente forma. Las autonomías en cuyo territorio se recaudan más impuestos, bien porque son dinámicas económicamente, bien porque cuentan con una cierta ventaja histórica –la cultura industrial, en el caso de Cataluña– o son sede fiscal de grandes compañías y empresas –el caso de Madrid, debido a la capitalidad y a una política de presión fiscal que desde la Moncloa y determinados sectores empresariales de Barcelona se quiere prohibir, en una colosal incoherencia que, por un lado, defiende la soberanía tributaria (si les beneficia) y por otro habla de dumping fiscal (si les perjudica)– no podrán recibir menos de esta misma recaudación en recursos estatales.

El cupo no se ha olvidado ni descartado. Únicamente se ha dilatado. La ordinalidad no es sino un primer paso hacia el concierto catalán –exigido por Junts y que ERC ha entendido que es mejor cerrar en fase posterior, ya sea en esta o en una futura legislatura– y que, de ser aprobado, dejaría sin capacidad a cualquier Gobierno para mantener las políticas de cohesión social. La ordinalidad es su preludio, ya que condena a las zonas de España con menos renta –Extremadura o Andalucía, sobre todo– a financiar sus servicios públicos (sanidad, educación y dependencia) con menos recursos o a subir los impuestos hasta rozar lo confiscatorio, dada la asimetría de las rentas familiares y empresariales.

Admitir que la ordinalidad se cumplirá para Cataluña, pero no en otras autonomías entra dentro de lo sádico. Basta con aceptarla en un sitio –hablamos de la segunda economía del país– para que sus efectos contaminen sin remedio todo el sistema, al topar la redistribución social de las rentas públicas y dificultar la convergencia entre territorios. Quien duda, como decía Santiago Rusiñol, es carne de Purgatorio. Puede ser. Pero hace falta ser no ya el Papa, sino Dios para creerse el asombroso milagro de los panes y los peces de la financiación autonómica. Están ustedes advertidos, queridos indígenas. No se crean niente.