La reciente sentencia del TSJ de Cataluña en virtud de la cual estima por unanimidad el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dani Alves, acordando su absolución, ante la existencia de dudas razonables -que como todos deberían saber- juega a favor del reo, ha sacado a relucir lo peor de algunas personalidades.

La absolución de Alves, se basa en un principio general del derecho, aplicable siempre y en cualquier caso en el que haya dudas sobre la verosimilitud de las pruebas practicadas. En este caso, según el fallo, las dudas surgen principalmente del propio testimonio de la víctima, que no se corresponde con lo que se aprecia en las grabaciones.

Sin entrar en mayores disquisiciones jurídicas sobre los términos de la resolución revocatoria- que no es el objeto del presente artículo-, lo cierto y bochornoso-si se me permite- es la reacción de diferentes cargos públicos del Gobierno dando opiniones infundadas sobre resoluciones judiciales, si bien, ya viene siendo una costumbre.

Pero no hay nada peor que, del mismo modo que algunos tertulianos de determinados programas de la llamada prensa rosa, saben de todo, lo mismo lanzan información sobre los componentes de un cohete que sobre la operada nariz de una famosa. Así son ellos¡¡ saben de todo, lo mismo pasa en los cargos públicos. 

Así, la ministra de Hacienda, hace unos días, llegó a decir que era una “vergüenza” el fallo que comentamos, y lo cierto, es que lo que es vergonzoso es que una ministra califique de esta manera un fallo judicial del tipo que sea. 

Los cargos públicos tienen una gran responsabilidad y no es de recibo que “juzguen” fallos judiciales. Máxime cuando no se hace conforme a criterios razonados y jurídicos, porque evidentemente puedes discrepar de un fallo, pero en base a unos argumentos jurídicos.

Pero, es más, es que se ha llegado a decir, de forma absolutamente torticera y malintencionada por parte de la Secretaria de Igualdad del partido del Gobierno que “estos fallos desaniman a denunciar”.

Cuando lo cierto es que las denuncias, según datos del INE, en materia sexual, han crecido en el 2024 un 6,9% respecto al 2023. No es para estar orgullosos, pero los datos lo que dicen es que cada vez más las mujeres se atreven a denunciar. 

El flaco favor que se hace a las mujeres que son víctimas de violencia, es precisamente poner en entredicho la labor de los jueces. De la misma manera que los jueces no ponen en entredicho públicamente las decisiones del gobierno y en el caso que lo hicieran, se hace siempre utilizando los medios legales y jurídicos que tienen a su disposición, es de esperar, al menos del Gobierno, que sea respetuoso y riguroso en sus manifestaciones. 

Decir que el fallo, supone un retroceso en la lucha contra la violencia sexual, es absolutamente infundado. ¿Se debe siempre y en todo caso condenar al presunto agresor? ¿Nos “cargamos” el principio de presunción de inocencia y consolidamos el principio- en más ocasiones que las deseadas aplicado- de presunción de culpabilidad? ¿Todos los hombres son unos agresores en potencia? ¿Optamos por el principio de que si hay dudas se resuelvan a favor de la víctima?

Eso sí, de realizar estos cambios, los mismos deberían convertirse en principios generales y aplicarlos siempre, ya sea una denuncia interpuesta por un ciudadano basándose en información conocida por medios de comunicación, ya sea porque la noticia criminis se pone en conocimiento de la autoridad por un partido político, o por un tercero, porque lo importante es que sea la autoridad la que decida qué se debe hacer aplicando la norma vigente. 

Las opiniones no deberían formar parte de la información que transmiten los miembros del gobierno a la población. Un estado de derecho precisa de seguridad jurídica y si esta se cuestiona por el propio Gobierno, mal vamos.