Cándido Conde-Pumpido, presidente del hiper-politizado Tribunal Constitucional (TC), quiere evitar a toda costa que la Audiencia de Sevilla lleve el gigantesco latrocinio de los “eres” de Andalucía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Pumpido y los vocales de la mayoría “progresista” que rige con mano de hierro el TC, perpetraron en julio de 2024 una faena de aliño. Dieron en anular las condenas por prevaricación y malversación impuestas por la Audiencia de Sevilla a una retahíla de ex altos cargos de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE.

Entre los beneficiados por el pucherazo sobresalen dos veteranos capitostes, los ex presidentes regionales José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

La resolución adoptada por el TC implica ahora que la Audiencia sevillana ha de revisar la sentencia condenatoria para ajustarla a los muy benevolentes criterios de la Corte de garantías.

Mientras se ventila esa cuestión, los juristas de dicha Audiencia han informado a las partes implicadas de que, a su entender, el borrado de la malversación por parte del TC es contrario al derecho europeo. En consecuencia, planean acudir al TJUE para que ponga las cosas en su sitio.

Al conocer esa iniciativa, Pumpido entró en pánico e intentó yugularla. Con una desenvoltura sin precedentes ofició a la Audiencia. La conminó a enviarle el texto íntegro del acuerdo que osa poner en duda la legalidad del soberano fallo del TC.

Y hete aquí que la Audiencia, sin arredrarse por semejante interferencia, ha replicado a Pumpido que la justifique debidamente. Dicho con otras palabras, lo ha enviado a freír espárragos.

Teme el desvergonzado, con razón, que si los “eres” llegan a encaramarse a la máxima jurisdicción continental, ésta le enmendará la plana y él quedará sumido en un ridículo espantoso. De ahí su obsesión por frenar en seco a los aguerridos magistrados hispalenses.

El caso de los “eres” consistió en un pillaje masivo de fondos públicos, consumado entre 2000 y 2009. Su importe ascendió a la friolera de 680 millones. Salvo error u omisión, se trata del mayor robo de las arcas oficiales perpetrado desde la restauración de la democracia en España. Para más inri, de esa descomunal suma sustraída a los ciudadanos no se ha recuperado un miserable céntimo.

Los dineros se dispensaron a empresas en crisis y a trabajadores incursos en expedientes de regulación. La Junta repartió el peculio de forma por entero arbitraria, sin control ni concurso alguno y con pago de sobreprecios exorbitantes a las compañías aseguradoras. Además, fue un coladero clientelar que permitió beneficiar a destajo a millares de acólitos del PSOE sureño y sus familiares.

Paralelamente, el enorme expolio revistió secuelas ruinosas para 120.000 andaluces acogidos a expedientes de regulación verdaderos, pues se vieron privados por completo de los auxilios de la Junta que les correspondían.

La instrucción de la causa se dilató a lo largo de siete años, debido sobre todo a la batería interminable de recursos que los acusados interpusieron sucesivamente. El sumario abarca nada menos que un millón de folios.

El escándalo de los “eres” es un monstruo procesal que se va a prolongar durante muchos años. Todavía quedan por sustanciar casi 140 piezas separadas en las que se troceó este formidable desfalco socialista.

Las artimañas de Pumpido para silenciar al tribunal de Sevilla carecen de recorrido y están condenadas a un fracaso estruendoso. Así lo sostienen los letrados del propio TC, que no son políticos sino experimentados jurisconsultos, en varios informes que han emitido durante los últimos días.

En ellos explican literalmente que “la injerencia, condicionamiento, impedimento u obstaculización por el TC, de que los tribunales ordinarios españoles planteen cuestiones prejudiciales, entraña un grave atentado a la independencia de esos tribunales” e incluso podría motivar la exigencia de responsabilidades al Reino de España.

El prestigio de Cándido Conde-Pumpido mengua día tras día a marchas forzadas. Más le valdría desempeñar sus funciones con un mínimo de dignidad e imparcialidad, en vez de comportarse como lo que es, un mero lacayo a las órdenes incondicionales del autócrata Pedro Sánchez.