El jueves concluyó otra edición del mundialmente famoso certamen Mobile World Congress de Barcelona. Los organizadores de esta feria del sector de la comunicación y la telefonía preveían inicialmente unos cien mil asistentes, pero la realidad ha superado con creces todas las expectativas.

Es poco sabido que con carácter previo al arranque del salón, tres juzgados mercantiles se ponen en situación de alerta máxima. Se trata del 1, el 4 y el 5, cuyos titulares respectivos son los magistrados Yolanda Ríos, Alfonso Merino y Florencio Molina.

El motivo radica en que durante las pasadas ediciones se presentó una retahíla de reclamaciones para proteger las patentes de las mercancías exhibidas. Las promotoras de tales acciones fueron, entre otras Huawei, LG, Motorola, OPPO, Samsung, Telefónica, Wiko, Xiaomi y ZTE.

Dichos juzgados especializados disponen para su trabajo de un “Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida”. Gracias a esta herramienta, confieren tramitación preferente y prioritaria a las solicitudes de instrucciones preliminares sobre patentes, innovaciones tecnológicas y diseños industriales que se estrenan en el Mobile.

Como este se celebra durante el corto espacio de cuatro días, es vital la rapidez en ventilar las cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Y eso precisamente es lo más llamativo del procedimiento. Porque los jueces de la Ciudad Condal resuelven en un plazo de cuarenta y ocho horas las diligencias preliminares o de comprobación de hechos, y adoptan medidas cautelares urgentes.

Todavía más veloz es la admisión de solicitudes de escritos preventivos, que se adopta en veinticuatro horas. Tal celeridad es insólita en las jurisdicciones europeas.

Para que el sistema funcione como un reloj, resulta esencial la implicación de los jueces, los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios en general.

“La judicatura colabora estrechamente con la Fira y con GSMA, gestora del Mobile, para combatir sin tregua las infracciones –explica Alfonso Merino–. Estos certámenes son un caldo de cultivo perfecto para que florezcan semejantes conflictos. Con el protocolo que hemos establecido, los jueces prestamos un servicio a la sociedad. Nuestro deber es brindar la máxima seguridad jurídica a las firmas que nos visitan”.

De esta manera, se contribuye a reforzar la imagen de España como país seguro para los negocios. Las respuestas expeditivas obedecen a la necesidad de abordar un problema que se viene observando en el Mobile cada año.

Consiste en que los productos o diseños presentados por algunas compañías de origen asiático, son en realidad un calco descarado de otros ya existentes o bien emplean dispositivos amparados por derechos de terceras entidades.

Un ejército de “espías” y abogados de postín de las grandes corporaciones acude a las sesiones del Mobile, recorre los pabellones y escudriña en las casetas los artículos mostrados, a fin de detectar las copias fraudulentas y denunciarlas de inmediato. La única manera de poner coto a los abusos es una intervención firme y decisiva de la Justicia.

Cuando se descubren artilugios ilícitos, los jueces acuden a los stands a primera hora de la mañana, acompañados de policías de paisano, y exigen la entrega de los aparatos. En caso de negativa, proceden a requisarlos.

Los juzgados mercantiles de Alicante se sumaron en 2018 al protocolo de medidas rápidas y efectivas, para entender en las materias de su competencia, esto es, las marcas y los diseños comunitarios. En dicha capital levantina radica la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, agencia que vela por las marcas, dibujos y modelos de su ámbito territorial.

Desde que el protocolo está en vigor, han brotado casi 200 incidentes, entre escritos preventivos, diligencias de comprobación y medidas cautelares. En 2024, los juzgados despacharon 20 asuntos. Y curiosamente, en la presente edición solo han acaecido media docena.

“Tras un decenio, las empresas que asisten al Mobile saben que en Barcelona se les garantiza la máxima protección legal y un entorno pacífico para desarrollar sus actividades. Las que intenten aprovecharse sin escrúpulos habrán de afrontar la contundente actuación de la Justicia”, apostilla el magistrado Florencio Molina.