La fiscalía anticorrupción ha pedido el procesamiento de BBVA como persona jurídica, amén de su expresidente Francisco González (FG) y una decena larga de directivos presentes y pasados, como personas físicas.

Les acusa de los espionajes que perpetró, por encargo suyo, el siniestro comisario José Manuel Villarejo. Concretamente, se les atribuyen los delitos de cohecho y revelación de secretos.

Este leñazo no puede sobrevenir en peor momento para la institución vasca, pues ésta anda enzarzada en una opa hostil de incierto resultado que pretende apoderarse del pez gordo del sistema financiero que es Banco Sabadell.

La instrucción del caso en la Audiencia Nacional se ha prolongado durante cinco años. El asunto se remonta mucho tiempo atrás. Arranca de la interminable presidencia de González. Este individuo, de escasos escrúpulos, hizo y deshizo a su antojo durante casi dos décadas.

Entre otras hazañas, consiguió el insólito récord de que la cotización en bolsa se hundiera un 25% en el curso de su dilatado mandato. En ese mismo intervalo, de forma paralela, el caballero se embolsó, entre sueldos y fondos de pensiones, una depredadora suma de 165 millones. Dicho en otros términos, su obsceno enriquecimiento fue directamente proporcional a la cuantía de la ruina experimentada por los accionistas a los que en teoría estaba llamado a servir.

Es de recordar que cuando el jerarca se retiró en 2018, acosado por el escándalo Villarejo, logró que algunos medios madrileños amigos insertaran una serie de artículos encomiásticos. En ellos lo presentaban nada menos que como un "banquero ético", incapaz de tomar jamás decisiones mínimamente cuestionables. Poco faltó para que lo elevaran a los altares e implorasen su beatificación.

Pero estalló el caso Villarejo. Y se descubrió que el banco acaudillado por FG había tenido a sueldo al envilecido policía durante trece años.

En efecto, en el lapso 2004-2017, Villarejo realizó seguimientos, pinchazos telefónicos y todo tipo de trabajos sucios para el BBVA. A cambio recibió más de 10 millones de bonificación.

Tras un lustro de indagaciones, la fiscalía concluye que el fichaje de tal sujeto hubo de contar necesariamente con el expreso refrendo del máximo preboste, o sea, Francisco González.

Dada la absoluta discrecionalidad con que mangoneaba el banco, resulta de todo punto increíble que desconociera las relaciones con Villarejo, como ha sostenido con tozudez hasta ahora.

En sus deposiciones ante la magistratura, FG no dudó en cargar el muerto a sus subalternos, en particular al entonces consejero delegado Ángel Cano, que también luce la condición de imputado. Sin embargo, éste mantiene una tesis contraria y achaca todas las decisiones últimas al capitoste supremo.

Carlos Torres, actual mandamás de BBVA gracias al dedazo de Francisco González, se ha librado por los pelos de la incriminación, pero no así la compañía que ahora preside.

Adicionalmente, el BBVA ha prestado nula colaboración durante las largas pesquisas judiciales y se ha opuesto sistemáticamente a las diligencias solicitadas para esclarecer los turbios hechos.

El mismo Torres merece los reproches del ministerio público por haberse hecho el sueco durante sus comparecencias ante el juez.

No hay precedentes de que uno de los tres grandes bancos nacionales que quedan en pie sea encartado por un asunto de tintes claramente mafiosos. Todavía hay menos precedentes de que ese mismo banco protagonice, a la vez, una opa bursátil de grueso calibre como es la lanzada contra el Sabadell.

No parece esa una buena carta de presentación ante los más de 200.000 accionistas de la entidad vallesana, gran parte de ellos empleados, a los que se supone debería cortejar.