La Golden Visa española constituye un permiso de residencia temporal que permite a sus poseedores vivir y trabajar en el territorio nacional, así como circular libremente por el espacio Schengen. Los solicitantes proceden de naciones no integradas en él y la autorización les interesa para conseguir posteriormente la residencia permanente en España o emprender negocios en diferentes países europeos.

Las ventajas de la Golden Visa son la libertad de movimientos, una tramitación más rápida que la del visado normal, la extensión inmediata de la residencia al cónyuge y en determinados casos a los hijos y padres de los solicitantes, la escasa permanencia obligatoria en nuestro país (un día al año) y la posibilidad de tener residencia fiscal en otro. No obstante, la última opción solo la poseen los que viven en España menos de 183 días.

La contraprestación a las anteriores ventajas consistía en la ejecución en nuestro país de una elevada inversión en inmuebles, activos financieros o un proyecto empresarial. En el primer caso, la cuantía mínima debía ser de 500.000 euros. En el segundo, de un millón en acciones, fondos de inversión o depósitos bancarios, siendo de dos millones si los títulos adquiridos eran deuda pública.

A través de la creación de la Golden Visa, en 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretendía estimular la inversión de las empresas, la recuperación del mercado inmobiliario, la mejora de la solvencia y los resultados de la banca, así como reducir la prima de riesgo de la deuda de nuestro país. En dicha fecha, España padecía desde hacía seis años una crisis económica y la entrada de capital foráneo podía ayudarnos a salir más rápidamente de ella.

A pesar de sus supuestas bondades, la medida constituyó un rotundo fracaso, pues el número de solicitudes tuvo un carácter residual, sea cual sea la fuente de información elegida (el Gobierno o Transparencia Internacional). Según el Ejecutivo, entre 2013 y 2023, la cifra otorgada ascendió a 14.150 unidades. En términos anuales, un promedio de 1.286 visados de oro, siendo el 94% de los concedidos generados por la compra de un inmueble de alto standing.

El fiasco tuvo como principales causas el escaso interés por residir en España de los multimillonarios de países no pertenecientes al espacio Schengen y la competencia de las Golden Visa generadas por otras naciones. Por un lado, el atractivo de Madrid no es comparable al de Londres, excepto para los inversores latinoamericanos. Por el otro, el riesgo de invertir en Barcelona superaba con creces al de hacerlo en cualquier otra ciudad europea similar, debido a la inestabilidad política existente en Cataluña.

No obstante, el factor más importante probablemente fueran las escasas ventajas fiscales ofrecidas a los nuevos residentes. En nuestro país, los recién llegados debían pagar los mismos tipos impositivos que los españoles. En cambio, el Gobierno portugués, a ellos y a los foráneos procedentes de la Unión Europea (UE), les hizo un traje a medida en materia tributaria.

Para incentivarlos a ser residentes fiscales en Portugal, les aseguraba durante 10 años un tipo impositivo del 20% sobre los ingresos obtenidos en el país, les exoneraba de tributar una gran parte de las rentas logradas en el extranjero y gravaba sus pensiones con una tasa del 10%. A pesar de ello, entre octubre de 2012 y septiembre de 2023 el Gobierno luso solo otorgó 12.718 visados de oro. No obstante, fueron muchos más los foráneos de países de la UE que trasladaron su residencia fiscal al país luso.

Debido a su fracaso, la eliminación de las Golden Visa estaba completamente justificada. Si así lo hubiera indicado Pedro Sánchez, no habría existido casi ninguna crítica a la medida. Además, habría recibido el apoyo de la mayor parte de la población si hubiera explicado que eliminaba los visados de oro debido a las dudas sobre el origen de una sustancial parte del dinero captado. Para Transparencia Internacional, una parte de dichas inversiones procede del blanqueo de capitales, el fraude, la evasión fiscal y la corrupción.

No obstante, el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda han optado por hacer populismo inmobiliario y engañar a la población, al indicarles que la eliminación de las Golden Visa mejorará el acceso de los españoles a la propiedad de una vivienda. En las siguientes líneas, expondré los principales motivos por los que no se cumplirá lo declarado por ambos:

1) la inmensa mayoría de los españoles no puede adquirir una vivienda de 500.000 euros. En 2023, según el Colegio de Registradores, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados a 158.640 euros, siendo este un importe equivalente al 31,7% del mínimo exigido a los solicitantes de la Golden Visa. Por tanto, los últimos no han sido culpables de que un gran número de españoles quiera, pero no pueda comprar, una vivienda.

Los principales motivos son unos bajos salarios, una elevada inestabilidad laboral hasta la aparición de la nueva reforma laboral y la inexistencia de un ahorro equivalente al 31% del precio del piso en las autonomías donde la adquisición es gravada con mayores impuestos.

2) los beneficiados son los ricos españoles y de la UE. Los que quieran comprar en el distrito de Salamanca de Madrid, el Eixample de Barcelona y en las zonas más lujosas y bien ubicadas de Marbella, Mallorca e Ibiza tendrán menos competencia y podrán adquirir el inmueble a un menor precio.

No obstante, el descuento difícilmente superará el 10%, pues la mayoría de los compradores extranjeros pudientes proceden del resto de la UE o ya están residiendo en España. Además, una sustancial parte de las viviendas adquiridas por foráneos se sitúa por debajo de los 500.000 euros. Entre las 10 primeras nacionalidades extranjeras, en el pasado año estaban los marroquíes (4ª posición), rumanos (6ª) y polacos (9ª).  

3) la escasa cuota de las compras de viviendas a través de la Golden Visa. En 2023, según el Gobierno, los visados de oro concedidos ascendieron a 3.273, constituyendo dicha cifra un récord. Si suponemos que un 94% de los anteriores se obtuvo a través de la compra de una vivienda, tal y como sucedió entre septiembre de 2013 y febrero de 2024, los nuevos poseedores de una Golden Visa únicamente adquirieron 3.077 inmuebles.

Dicho guarismo es insignificante, tanto respecto a la cifra de los comprados por los españoles como de los adquiridos por los extranjeros. En relación con la primera, solo supone el 0,48% y respecto a la segunda, el 3,2%. Por tanto, la desaparición de la Golden Visa tendrá un insignificante efecto sobre la demanda de viviendas.

Ni va a beneficiar a las familias españolas que pretenden adquirir una vivienda ni a perjudicar a la inmensa mayoría de los promotores y agentes inmobiliarios. Los únicos afectados pueden ser los que están especializados en vender propiedades a británicos, rusos, chinos y norteamericanos.

En definitiva, la instauración de la Golden Visa ha constituido un fracaso, pues no ha atraído inversiones en empresas y muy pocas en inmuebles. Mientras Portugal hizo un traje a medida a los inversores extranjeros, España les ofreció un vestido prêt à porter. A pesar de ello, el país luso tampoco tuvo éxito en atraer a multimillonarios de fuera del espacio Schengen. Debido a lo anterior, y a la dificultad de averiguar el origen de una sustancial parte del dinero atraído, la supresión de los visados de oro constituye una buena decisión.

No obstante, su eliminación no va a mejorar en nada el acceso de la población a una vivienda de propiedad. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de los que quieren comprar no tienen capacidad para pagar 500.000 euros por un piso, el importe mínimo exigido para obtener la Golden Visa. En segundo, debido a que en 2023 la cuota de mercado de los inmuebles adquiridos con la finalidad de lograr un visado dorado se quedó en el 0,48%.

De su supresión, los principales beneficiados serán los adinerados españoles y de otros países de la UE que adquieran próximamente una vivienda de alto standing. La disminución de la competencia puede ahorrarles a los más afortunados un 10% del precio. Una ventaja que no encontrarán en ninguna de las declaraciones del presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda, pues su concesión es impropia de un Ejecutivo de izquierdas.