El regreso al agravio imaginario

En aquellos años, la tesis del expolio fue de la mano del relato historicista sobre el 1714 y de la grosera descalificación al Tribunal Constitucional por la sentencia “contra” el Estatuto. Entre 2012 y 2017, el tríptico formado por historia, política y economía justificó el salto al vacío de la secesión unilateral.

Tras el estrepitoso fracaso del procés, de los tres argumentos citados, el único que hoy todavía tiene alguna posibilidad de generar impacto electoral es el fiscal. El histórico, la guerra de sucesión del siglo XVIII, es complejo y de difícil paralelismo, y a lo sumo se rescata por la Diada; y el político, la batalla del Estatuto de principios de este siglo, solo es para los muy iniciados en la cuestión catalana. En cambio, el agravio económico sigue disfrutando de un cierto predicamento mediático y ha calado en muchos sectores que lo compran acríticamente porque no hay nada mejor que pensar que no recibimos lo que nos meremos. Además, la comparativa con Madrid es persistente, particularmente en inversiones, y cualquier noticia sirve para validar la tesis general del maltrato.

Por eso ERC, en un momento de cansancio del independentismo, ha vuelto a los orígenes, a enarbolar el relato del expolio con el que Oriol Junqueras irrumpió y triunfó en la escena política hace más de una década. Con sus tesis maximalistas llevó al límite de sus contradicciones a los votantes de CiU, beneficiándose de un terreno abonado desde los tiempos de Jordi Pujol y que Artur Mas ratificó con su apuesta por el pacto fiscal. No podemos olvidar que uno de los argumentos esgrimidos en 2014 por el Consell Assessor per a la Transició Nacional para ejercer la autodeterminación fue poner fin a la “situación injusta del agravio económico” (la llamada secesión remedial).

Una década más tarde, la promesa de la independencia ha fracasado, y en ERC han decidido que la mejor opción para la movilización electoral es regresar a los cuarteles de invierno. La propuesta de una financiación singular para Cataluña, a modo de cupo vasco, pretendidamente constitucional, recupera la argumentación del maltrato con base en las balanzas fiscales que elabora cada año la Generalitat, según las cuales sufrimos un déficit persistente, que dura más de 35 años, del 8% del PIB, y que en 2021 se ha disparado al 9,6%, lo que representa unos 22.000 millones de euros anuales (“que se’n van i no tornen”, estribillo que les gusta mucho repetir).

En las balanzas fiscales casi todo es mentira. Son un ejercicio académico que ningún Gobierno central en el mundo hace, pues nadie sensato se dedica a cultivar el agravio que, inevitablemente, aparece cuando se territorializa el gasto público. ¿Por qué no calculamos las balanzas fiscales dentro de Cataluña? Solo los dirigentes de las regiones ricas, también en Alemania o Canadá, esgrimen el déficit fiscal con métodos de cálculo parciales para utilizarlo en el debate político doméstico. En el caso español, la realidad de los hechos es que, como en más de una ocasión ha reconocido públicamente el exconsejero Andreu Mas-Colell, Cataluña contribuye aproximadamente en proporción a su PIB y recibe en función del peso de su población. Es un criterio razonable y justo, como ya argumentó en su día Pasqual Maragall 

No hay pues sangría fiscal, contrariamente a lo que sostienen Junqueras y Pere Aragonès. Lo único anormal en España no es que el agregado de las rentas de los ciudadanos de las comunidades ricas (Madrid, Cataluña o Baleares) contribuya más a la hucha común, sino que el País Vasco y Navarra no lo hagan en igual proporción gracias a un sistema de cupo insolidario, que ha sido la moneda de cambio con el que tanto PP como PSOE han premiado al PNV. Para nuestra desgracia, la excepcionalidad foral es el espejo en el que hoy se mira el fracasado independentismo catalán, y que sostiene el cansino recurso al agravio imaginario.