Cuando uno se detiene ante cualquier agencia inmobiliaria de una gran ciudad, como he hecho esta semana en Barcelona y Madrid, entiende perfectamente que la vivienda resulta un problema insalvable para millones de personas; es tan sólo cuestión de mirar los precios de los inmuebles y compararlos con el poder adquisitivo de la gran mayoría de ciudadanos. Esta carencia de vivienda a precio asequible es el principal freno para la indispensable emancipación de nuestros jóvenes cuando corresponde y el factor que conduce a millones de familias a una situación de pseudo precariedad: los sueldos son bajos y, además, un porcentaje desorbitado de los mismos debe dedicarse a abonar el alquiler o la hipoteca.
Reconocido el problema desde hace ya tiempo, se han propuesto múltiples soluciones, incluso algunas puestas en práctica, sin ningún progreso sustancial. Seguramente porqué, más allá de las proclamas partidistas, se requiere de actuaciones acordes a la gravedad y dimensión de una cuestión que conviene abordar entendiendo que el acceso a la vivienda no puede depender radicalmente de la ley de la oferta y la demanda, como viene sucediendo. Así, en aquellos núcleos urbanos en que la demanda aumenta mientras la oferta permanece inmutable, los precios se disparan al alza.
Por ello, se requiere de una intervención ambiciosa y contundente de los poderes públicos en la creación de suelo urbanizable para desarrollar vivienda de alquiler a precios asequibles y regulados. El elevado precio de los pisos no deriva de los costes de construcción, sino de la repercusión del coste del suelo; y la capacidad para crear suelo urbanizable radica en las administraciones públicas, que pueden generar tanto cómo convenga.
A su vez, esta creación de suelo en las áreas metropolitanas de las grandes urbes, no en sus centros ya saturados, debe ir acompañada de inversiones en movilidad, que pueden encajar perfectamente en los presupuestos públicos, demasiado orientados a poder ir a trescientos por hora de una a otra ciudad española, obviando la mayor conveniencia de una eficiente red de cercanías. Y, finalmente, la vivienda ya finalizada no puede lanzarse al libre mercado; por contra, debe ser objeto de alquiler estable y a precio regulado.
Lo dicho puede ser considerado simplista o naif, pero no lo es; ocurre que el debate es artificialmente complejo por la coincidencia de dos dinámicas. Desde lo privado, por la tendencia natural a defender los intereses más propios, por mucho que se pretendan revestir de defensa del interés general. Y desde lo público, el plan de vivienda que necesitamos requiere de visión a largo plazo y compromiso entre las diversas administraciones. Por ello, aunque el problema de la vivienda puede perfectamente resolverse a medio plazo, muy difícilmente lo resolveremos.