Parece que al final el Gobierno se ha dado cuenta de la estrategia equivocada que ha mantenido durante las negociaciones con los partidos independentistas sobre la amnistía. Ahora, reenfoca su discurso para defender una evidencia: que en el proceso soberanista catalán no se produjo nada parecido a lo que en España y en otros países que lo han sufrido se ha considerado siempre como terrorismo.
El ministro Félix Bolaños y los negociadores estaban atrapados ante las exigencias de Junts (sobre todo) y de ERC y era imposible avanzar sin hacer las concesiones que se les demandaban. El resultado era un lamentable espectáculo diario que desgastaba al Gobierno en cada retroceso, que le forzaba incluso a traspasar sus propias líneas rojas y a desmentirse a sí mismo y que tampoco aseguraba que los matices introducidos en las enmiendas asegurasen que la ley fuera aplicada por los jueces de la manera que querían sus promotores.
A esta lógica responden las últimas modificaciones, la de sustituir la exclusión de la amnistía de los delitos de terrorismo que hubieran sido juzgados con sentencia firme por apartar de la ley únicamente los actos de terrorismo que “de forma manifiesta y con intención directa” hayan causado “violaciones graves de derechos humanos”, especialmente el derecho a la vida y a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Pero esta enmienda tampoco sirve para contrarrestar la distinción que hace la oposición, que sostiene que se diferencia entre un “terrorismo bueno o light” y “un terrorismo malo”, ni contesta a la pregunta de si es que hay algún terrorismo que no viole los derechos humanos.
Está claro que con estas enmiendas se pretende blindar la amnistía para los CDR que provocaron disturbios en octubre de 2019 tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y desbaratar las intenciones del juez Manuel García-Castellón, que pretende imputar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por dirigir las protestas en el aeropuerto de El Prat en las que murió de infarto un ciudadano francés, un caso ya archivado judicialmente como ajeno a los disturbios.
Este jueves mismo, el juez García-Castellón volvió a la carga y dictó un auto que cuestiona que las enmiendas puedan aplicarse a los CDR y a Puigdemont porque en esos disturbios se violó el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos, precisamente una de las causas que quedan excluidas de la amnistía según la última redacción de la ley.
Pese a la sospechosa obcecación de García-Castellón, que ha reabierto el caso tras cuatro años paralizado al tramitarse la ley de amnistía, lo que ocurrió en ambos escenarios se parece más a lo que sostiene la fiscalía, que solo ve desórdenes públicos, que al terrorismo que observa el juez. Pero nada asegura que, pese a las enmiendas, el asunto esté resuelto de la manera en que pretenden el PSOE y sus aliados.
Por todo ello, lo más sensato hubiera sido centrar desde el principio los esfuerzos negociadores en negar la existencia de terrorismo en el procés del modo en que lo hace ahora Bolaños cuando se pregunta: “Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, está fuera de la amnistía”.
Porque lo que se ha conseguido, enmienda tras enmienda, cesión tras cesión, es que se haya equiparado por parte de la oposición lo que sucedió en el procés con el terrorismo de ETA. Así, Alberto Núñez Feijóo no deja de hablar de ETA o su nuevo Alfonso Guerra, el portavoz Miguel Tellado, se permite afirmar que el Gobierno “ampara a terroristas” con las modificaciones introducidas en la ley.
Otra enmienda pactada por el PSOE y los independentistas busca garantizar que las medidas cautelares y las órdenes de detención, como la que pesa contra Puigdemont en España, se retirarán en cuanto entre en vigor la ley, aunque los jueces que tengan que aplicarla objeten ante el Tribunal Constitucional o la justicia europea. Una manera de asegurar que Puigdemont podrá volver en cuanto la ley entre en vigor y que confirma, por si hacía falta, que el texto está hecho a medida de los amnistiables.
Todo lo ocurrido con posterioridad al pacto inicial sobre la ley de amnistía, las negociaciones sobre las enmiendas en particular, no ha hecho sino empeorar la sensación de que la bienintencionada iniciativa de recuperar la normalidad en Cataluña haya quedado diluida en el galimatías bizantino posterior.