Desde el regreso de la democracia, España nunca ha tenido un Gobierno tan inestable como el actual. En primer lugar, porque necesita el apoyo parlamentario de cinco partidos. El Ejecutivo no conseguirá la aprobación de ninguna propuesta si vota en contra de ella una de las siguientes formaciones: ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, PNV o Podemos.
En segundo, por las características heterogéneas de la mayoría parlamentaria. Aunque el presidente del Gobierno la ha calificado de progresista, la historia y los recientes programas electorales del PNV y Junts per Catalunya desmienten tal consideración. Ambos son partidos conservadores, tanto o más escorados hacia la derecha que el PP. Por tanto, en algunos temas económicos y sociales será difícil que los dos primeros apoyen las propuestas del Ejecutivo.
En tercero, por los distintos intereses territoriales de las formaciones que sostienen al Gobierno. A los partidos nacionalistas vascos y catalanes no les importa el futuro de España, sino únicamente el de sus respectivas autonomías. Por tanto, aprovecharán la debilidad del Ejecutivo para lograr más competencias y dinero para sus comunidades. Si no logran sus propósitos, su continuidad peligrará.
Si consiguen sus objetivos, España puede transformarse de facto en una confederación de naciones y la nueva financiación territorial desplazar recursos desde las comunidades más pobres a dos de las más ricas. La primera alternativa no la contempla la Constitución. No obstante, probablemente la acepte un Tribunal Constitucional muy alineado con el Gobierno, si este la publicita como el despliegue final del Estado de las Autonomías.
La segunda contradice una de las principales banderas ideológicas defendidas por los partidos progresistas. A través de los impuestos, las anteriores formaciones defienden el traslado de rentas desde los ciudadanos ricos a los pobres. En cambio, si el Ejecutivo acepta las solicitudes de las formaciones nacionalistas vascas y catalanas, el País Vasco recibirá más dinero del resto de España y Cataluña aportará bastante menos a las demás comunidades.
Los tres anteriores motivos pueden provocar la caída del Gobierno. No obstante, siete son los posibles ejecutores: los cinco partidos señalados, algunos diputados socialistas rebeldes o los continuos desórdenes callejeros. De ellos, descarto al PNV. Aunque el partido nacionalista quede en segundo lugar en las próximas elecciones vascas, el PSOE le apoyará y le permitirá presidir el Ejecutivo. Una actuación que le convertirá en un aliado fiel.
Tampoco le traicionará EH Bildu. Sus próximos objetivos serán la excarcelación de los presos etarras y la aproximación de Navarra al País Vasco. El traslado de la gestión de prisiones al Gobierno autonómico facilitará la obtención del primer propósito a través de la concesión generalizada del tercer grado. Me parece muy improbable el indulto a reclusos con delitos de sangre, debido al elevado rechazo a dicha medida por parte de los españoles.
EH Bildu es consciente de que la anexión de Navarra a Euskadi no puede ser rápida, sino que ha de cocerse a fuego lento. Para lograrla, el primer partido debe ocupar progresivamente más posiciones de poder en la primera autonomía y expandir en mayor medida el euskera en su territorio. A la consecución de ambos objetivos contribuirá decisivamente el pacto alcanzado con el PSOE. Una alianza que permite al primer partido gobernar el Ayuntamiento de Pamplona y al segundo, la comunidad foral.
En abril de 2019, Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales. La culpa del avance la tuvo ERC, pues no respaldó su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, mientras el anterior partido independentista gobierne Cataluña, dudo mucho que sus actuaciones pongan en peligro al actual Ejecutivo español, pues la continuidad del primero en la plaza de Sant Jaume depende del PSC.
En enero de 1981, la pérdida del apoyo de una parte de los diputados de UCD contribuyó decisivamente a la dimisión de Adolfo Suárez. Me parecería muy sorprendente que le pasara lo mismo a Pedro Sánchez. En primer lugar, porque la mayoría de los congresistas han sido elegidos por él y le deben su puesto.
En segundo, debido a que la caída del Gobierno provocaría la pérdida del empleo de numerosos militantes. En tercero, porque Emiliano García-Page, el barón díscolo del PSOE, realiza numerosas declaraciones, pero no adopta ninguna acción. Una posición que dudo mucho que cambie en un próximo futuro, pues arriesgará poco, ya que tiene mucho que conservar: la presidencia de Castilla-La Mancha.
En España, la calle la controla la izquierda, a través de los sindicatos o diversas asociaciones con gran capacidad de movilización. Con el actual Gobierno, una huelga general está descartada, así como la aparición de un movimiento de protesta similar al 15M. La derecha puede tener éxito al convocar una, dos o tres grandes manifestaciones, pero es incapaz de conseguir movilizar un día tras otro a sus simpatizantes.
En cambio, sí creo que Podemos y Junts per Catalunya pueden hacer caer al Gobierno. En la actualidad, el primero es una empresa familiar. En un gran declive, debido a sus erróneas actuaciones, la traición de Yolanda Díaz a Pablo Iglesias y el nulo apoyo de Pedro Sánchez a Irene Montero en la pasada legislatura. Como lo han perdido casi todo, no les queda casi nada.
La caída del Ejecutivo supondría la venganza de Pablo Iglesias contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Los dos últimos políticos han olvidado que la familia constituye lo más importante para muchos españoles. No me extrañaría nada que uno de ellos sea el verdadero líder de Podemos. Además, una resurrección de su partido sería más fácil si gobierna el PP y el PSOE sufre alguna escisión. Indudablemente, la segunda opción es más probable si la formación socialista está en la oposición.
En la actualidad, los principales objetivos de Junts per Catalunya son el regreso de Puigdemont y la victoria en las próximas elecciones autonómicas. Si no logra la última, al menos debe conseguir superar a ERC. La primera opción no va a llegar rápido, ni tampoco será fácil. Los jueces españoles, y en especial el Tribunal Supremo, dificultarán notablemente el retorno del líder independentista. Por ello, no descarto que se impaciente, se enfade y haga caer al Gobierno.
Tampoco me parece inverosímil que si la mayoría de las competencias otorgadas a la Generalitat son simplemente papel mojado, Puigdemont decida tumbar al actual Ejecutivo. Si impide su continuidad, lo hará poco antes de las elecciones autonómicas. De esta manera, volverá a enarbolar su perfil más beligerante, se diferenciará de ERC y evitará fugas de votantes al nuevo partido de extrema derecha independentista de Sílvia Orriols.
En definitiva, desde la primavera de 2017, Pedro Sánchez ha sacado un gran partido de diversas acertadas decisiones, grandes errores de sus adversarios y, especialmente, de la suerte. No obstante, la última es efímera. Hoy está y mañana desaparece, sin que ninguna razón justifique su presencia y ausencia.
En esta ocasión, el presidente del Gobierno ha arriesgado demasiado y confiado en que Pablo Iglesias olvidará la afrenta a su familia y Puigdemont se resignará a vivir en Waterloo durante bastante tiempo más. Uno y otro, o ambos, le pueden hacer pagar una factura muy onerosa, pues la pérdida del gobierno puede ir acompañada del abandono forzado de la política.