El eco de la política española se instala ahora en la crisis migratoria. Sánchez ha dejado claro que hay cuestiones que no se pueden delegar, como las fronteras o la expulsión de inmigrantes (artículo 140 de la Constitución), pero Junts insiste en que se ha pactado una gestión “íntegra”. Es muy llamativo porque toca la llave de paso de los 27 Estados de la UE y, si Bruselas afloja su control sobre las fronteras, las actas fundacionales tienen los días contados.
La amnistía tardará año y medio como mínimo en hacerse realidad, a pesar de las enmiendas para agilizar el proceso que están añadiendo ahora Junts y ERC. Carles Puigdemont no podrá regresar hasta que se apague lánguidamente la lucecita de Waterloo, con la anulación de la euroorden de extradición del juez Llarena, que en ningún caso se producirá antes de que los tribunales de la UE aclaren la cuestión prejudicial. Mientras tanto, el peso de la inmigración en los pactos entre Sánchez y Junts parecerá una cuestión de principios en forma de vasos comunicantes; cuando uno sube, el otro baja.
Pero interviene otro factor: el mismo día en que el sondeo de simple lógica le concede al dúo PP-Vox una intención de voto mayoritaria, aparecen en prensa nuevos datos reveladores de que Mariano Rajoy recibió informes policiales falsos para inculpar a líderes independentistas catalanes. La carga de la prueba de la llamada operación Cataluña, que de momento no instruye ningún juez, recae sobre el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, en un periodo de cinco años, entre 2012 y 2017.
Participaron diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con acusaciones elaboradas por un grupo de mandos. ¿Cuánto tardará la fiscalía en caer sobre esta manzana podrida? No es cosa baladí, si tenemos en cuenta que la policía judicial reunió en Interior datos sobre personas como el fiscal jefe de Cataluña y la empresaria de Coca-Cola Sol Daurella.
Al final, resulta que hay documentos veraces, pero Génova 13 no dice ni mu. La concavidad que protege a M punto Rajoy de los papeles de Bárcenas puede abrir una vía de agua en el acorazado conservador. La utilización del monopolio de la violencia, para sembrar dudas sobre la corrupción del adversario político, presuponía poner en juego a un autor anónimo invisible y todopoderoso; alguien capaz de hacerse sentir por todas partes sin ser detectado en ninguna. Pero alguno de los implicados quiso ser conocido a fuer de reconocido, como le ocurrió al excomisario Villarejo, que aceptó el riesgo de la infamia para acabar cayendo en lo grotesco.
La construcción de la independencia catalana es una especie de Historia Universal de la infamia, al estilo borgiano. No se puede escribir una obra ya creada. La independencia es la talla de lo concebido en otro tiempo sin ningún logro que no sea la confrontación civil o la conflagración cinética, una especialidad que no es exclusiva de España. Insistir en el post scriptum aplicando el criterio moral de la autodeterminación, como derecho natural, indica un camino en el que quien lo propone ha de sentirse culpable.
Y es culpable de mentir, si tomamos en consideración la cesión de la competencia sobre inmigración de la que presume Jordi Turull, el testaferro de Puigdemont. Si el Estado español no acepta el derecho de frontera de los catalanes y rechaza el referéndum de autodeterminación, nosotros “colorín colorado”, dice Turull, sin darse cuenta de que su ideología solo sobrevive en la panza del Leviatán. Y, si este último deja de consentir, se angostará el territorio donde los indepes consumen la luz solar y toman los necesarios nutrientes para no ahogarse y caer en la “muerte sintética”. Los soberanistas catalanes viven en un espacio en el que las letras mantienen su forma, pero las palabras pierden sentido.
Su derecho de frontera nos traslada a los comienzos del nacionalismo de Pujol que admiraba al italiano Gabrielle D'Annunzio y a la minoría flamenca, antecedentes de los nacional-populismos del Este y de la sangre en los Balcanes. La demografía que marcaba el crecimiento de la población a base de la inmigración interior fue glosada inicialmente por el nacionalismo como un peligro para la patria, hasta imponer una ley de normalización lingüística en defensa del catalán.
Ahora, utilizando la seguridad como pretexto, como hace el mundo ultra, Junts quiere dar un paso más, controlando las fronteras interiores y cerrando la flexibilidad de las exteriores. El partido de Puigdemont no acepta el Pacto de Migración y Asilo firmado en la UE en setiembre de 2020; tampoco entiende que, si Sánchez concede la delegación en materia de migración, es porque la Generalitat forma parte de la estructura del Estado.
De momento, los Mossos d’Esquadra no regularán las fronteras exteriores de Cataluña; seguirá haciéndolo la Guardia Civil, como ha dejado claro Marlaska, titular de Interior. Los muros no podrán ser y el colorín colorado de Junts, es una cortina de humo.