Las uvas de la ira

En esas uvas de la ira se insultó a Sánchez y se apaleó al muñeco al grito de “hay que acabar con él”. El escrache fue transmitido por Youtube, con una audiencia de unas 70.000 personas, que escucharon llamar varias veces a Sánchez “hijo de puta”, pero también hubo insultos al alcalde de Madrid del PP, José Luis Martínez-Almeida, al que calificaron de “puto enano” e “hijo de perra” por no autorizar la entrada en la concentración de un camión.

Ante esta situación, el PSOE ha reaccionado equivocadamente con el anuncio de emprender acciones legales por delito de odio. Es un error porque la mayoría de los juristas sostienen que el delito de odio tiene que dirigirse a las minorías vulnerables y contener la incitación a la violencia. Parece claro que en este caso no hay minorías vulnerables. La mayoría de denuncias de este tipo quedan en nada porque prima la libertad de expresión sobre los insultos y las acciones que “ofenden, chocan o molestan”, como reconoció, entre otras, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España en 2018 por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron la foto de los Reyes en 2007.

Pero es que, además, más grave que los insultos es la actitud de partidos políticos como Vox, que alientan estas protestas, o el PP, que no las condena con suficiente contundencia. El PP siempre pone un pero después de la condena. Lo hizo Alberto Núñez Feijóo a propósito de las declaraciones de Abascal sobre colgar por los pies a Sánchez, que comparó con el propósito del presidente del Gobierno de “levantar muros” entre españoles. Lo mismo ha hecho ahora su sucesor en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. El PP acusa al PSOE de doble rasero porque no condena otras agresiones. Eso es cierto porque cada partido condena los ataques que le afectan, pero pasa de puntillas sobre los que afectan al adversario.

Y esta práctica del “y tú más”, tan frecuente en la vida política, significa una degradación del sistema democrático porque lo exigible es la condena por todos de este tipo de actos, afecten a quien afecten. Si no, se va creando un caldo de cultivo que al final se desbordará y puede ser incontrolable. Buena parte de esta estrategia de la confrontación se debe a la indefinición del PP en sus relaciones con Vox, lo que, por el momento, se traduce en una competición a ver quién llega más lejos, cuando un partido de gobierno como el PP lo que debería hacer es distanciarse claramente de la agitación callejera promovida por la formación de Abascal.

Pero la competición entre la derecha y la extrema derecha no solo no cesa, sino que cada día aporta nuevos ejemplos. El último es la decisión del PP, en su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, de instar la disolución de los partidos políticos que promuevan declaraciones de independencia o consultas ilegales. Cuando hace meses irrumpió Vox con la misma propuesta, el PP la rechazó, pero ahora la asume con la justificación de que el Gobierno ha suprimido el delito de sedición. Hace solo dos semanas que el PP votó en contra en el Senado de una moción de Vox que instaba al Gobierno a ilegalizar a Junts y ERC.

Ante la apuesta al alza del PP, Vox, en su afán por superarlo, se ha sacado de la manga otra iniciativa en la que propone que se “castigue [con penas de prisión] a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional”, en clara alusión a Carles Puigdemont.

Las dos enmiendas, que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, quedarán en nada porque, como afirman la inmensa mayoría de juristas, son inconstitucionales, porque la democracia española no es una democracia militante, lo que significa que la Constitución protege cualquier opción política, incluso las que no respetan la Carta Magna. El único límite es el uso de la violencia.