Tras los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, la mayoría de los analistas advirtió de que el nuevo Gobierno iba a tener que superar no solo la dura oposición que la derecha y la extrema derecha preparaban, sino también la inestabilidad que podía provenir del ala izquierda de la coalición.

La primera piedra en el camino la ha puesto el ala izquierda con las hirientes críticas que las dos exministras de Podemos lanzaron el martes en el traspaso de poderes. Tanto Irene Montero como Ione Belarra rompieron el protocolo habitual en estos actos para quejarse por su salida del Gobierno echándole la culpa a Sánchez. “Hoy, Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno”, dijo Montero. “Hoy, Sánchez y el PSOE consiguen lo que no lograron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, es un enorme error político”, remató Belarra.

Aparte de que es de mala educación no aceptar los ceses, porque cuando a alguien le nombran ministro sabe que un día dejará de serlo, la irritación de Podemos es un ejemplo de la deriva de un partido cada vez más bunkerizado, que ve enemigos por todas partes y que ha ido perdiendo desde la euforia de 2015 a sus mejores representantes. Un partido arrogante y pagado de sí mismo que es incapaz de hacer la mínima autocrítica y reconocer sus errores, como el de la ley del solo sí es sí.

No solo eso, sino que, si llamativas fueron las despedidas, más significativas políticamente lo fueron las constantes advertencias de Belarra, la secretaria general, si Podemos finalmente no entraba en el Gobierno. “Si el PSOE persiste en lo que yo considero un error de enorme calado, que es conformar un Gobierno en el que solo manden Pedro Sánchez y el PSOE, las posibilidades reales de transformación social, feministas y económicas de la pasada legislatura van a estar seriamente comprometidas”, advirtió, poniendo también en duda que el nuevo Ejecutivo continuara con los avances sociales. Y todo eso porque Montero no siguiera en la cartera de Igualdad, un ministerio en un total de 22. ¡Qué osadía y qué grado de autoestima!

Ahora, la cuestión es si Podemos romperá definitivamente con Sumar y sus cinco diputados se irán al Grupo Mixto o seguirán en el grupo parlamentario encabezado por Yolanda Díaz, pero negociarán con el PSOE cada ley. La primera prueba de fuego serán los presupuestos. Para orientarse, habrá que seguir atentamente las intervenciones de Pablo Iglesias, el líder en la sombra o el líder emérito, como le han llamado algunos.

La segunda piedra en el camino la puso la derecha en el Parlamento Europeo, al patrocinar un debate sobre la “amenaza al Estado de derecho” en España por la ley de amnistía y los pactos con los independentistas. El comisario de Justicia, Didier Reynders, repitió la fórmula clásica de que era un “asunto interno de España”, pero aseguró que la Comisión Europea estudiaría la ley de forma “cuidadosa, independiente y objetiva” una vez aprobada por el Parlamento español.

El debate del miércoles fue bronco con intervenciones muy subidas de tono, dando por hechas la “abolición del Estado de derecho” (Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, un socialcristiano alemán partidario de pactar con la extrema derecha); la “voladura del Estado de derecho” (Adrián Vázquez, de Ciudadanos), o el “golpe de Estado” (Jorge Buxadé, de Vox).

La paradoja es que con el debate la derecha y la extrema derecha (PP, lo que queda de Ciudadanos y Vox) pretendían “internacionalizar el conflicto” y denunciar que en España no hay democracia ni Estado de derecho, curiosamente los mismos argumentos que en los últimos años han utilizado los independentistas.

Las mismas comparaciones de España con Hungría y Polonia que hacían ERC y Junts ahora las hacen el PP, Vox y Cs. El vicesecretario del PP Esteban González Pons llegó a decir que “Sánchez era como Viktor Orbán”, el primer ministro húngaro. Han cambiado las tornas hasta el punto de que Carles Puigdemont, que no intervino, pero asistió al debate, lo valoró como una “seria erosión de la credibilidad de las instituciones europeas” al intentar convertir el PP y Cs una cuestión española en un “asunto europeo”.  

La internacionalización del conflicto es relativa porque solo asistieron al debate apenas un centenar de los 705 eurodiputados, la mayoría españoles, mientras que las comparaciones con Hungría y Polonia, dos países sobre los que pende un procedimiento que podría retirarles el derecho de voto por sus graves violaciones de valores democráticos de la UE, no resisten un mínimo análisis, ni ahora ni cuando lo denunciaban los independentistas.