Nueve años después del 9N, la primera consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña promovida por Artur Mas, el PSOE y Junts per Catalunya firmaron este jueves el acuerdo político que facilita la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Hasta llegar a la firma, la temperatura política española ha alcanzado casi el nivel de explosión, con una catarata de sucesos que presionaban para que el acuerdo no se materializara: entre ellos, las manifestaciones ultras y violentas ante la sede del PSOE; las afirmaciones cada vez más subidas de tono de la derecha política y mediática, con el llamamiento de José María Aznar a la rebelión; la irrupción del Consejo General del Poder Judicial para aprobar una resolución contra la ley de amnistía antes de conocerla; la advertencia apocalíptica de la asociación de los jueces conservadores de que la amnistía era el principio del fin de la democracia; la maniobra de otro juez para imputar por “terrorismo” a Carles Puigdemont y Marta Rovira con el fin de desactivar la amnistía y la intervención del comisario de Justicia de la UE pidiendo explicaciones sobre una ley que no está ni registrada y cuyos términos aún se desconocen.

Nada, de todas formas, ha impedido el pacto entre el PSOE y Junts, un acuerdo que tiene luces y sombras, y no solo sombras, como dicen la derecha y la ultraderecha, que hablan de “traición”, “humillación”, “capitulación” y hasta de que el pacto mete a España en una dictadura por la puerta de atrás, en palabras de Isabel Díaz Ayuso, siempre la más desmesurada.

El acuerdo consta de cuatro puntos: antecedentes, oportunidad histórica, acuerdos e investidura. En los antecedentes es donde se cuela más que en ningún otro sitio la retórica independentista, con un relato épico que se remonta a los decretos de Nueva Planta y a la pérdida de las “constituciones e instituciones seculares de Cataluña” en 1714, y con críticas a los Gobiernos del PP, que “no favorecieron la negociación política”.

Sobre la oportunidad histórica que se presenta, el texto afirma que nos encontramos ante “un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución”. En la presentación del acuerdo, tanto el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el expresident Carles Puigdemont coincidieron en este punto. “Es una forma de devolver a la política lo que es de la política”, dijo Puigdemont. Es una “oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse”, incidió Cerdán.

Tanto el PSOE como Junts admiten sus “profundas discrepancias”. Por eso se exponen en el acuerdo: mientras los independentistas consideran legítimos el 1-O y la declaración de independencia, el PSOE niega legalidad y validez a ambas cosas.

Sin embargo, “apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”. Este párrafo puede entenderse como una renuncia implícita a la unilateralidad, pese a que Puigdemont diga que “el pueblo de Cataluña, y solo él, decidirá su futuro”, sin otros límites.

También es una renuncia a la unilateralidad la aceptación por parte de Junts del referéndum amparado por el artículo 92 de la Constitución, cuyo punto 1 dice: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

Este tipo de referéndum no es vinculante y se infiere que para toda España. El eminente jurista Francisco Rubio Llorente, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, era un defensor de esta modalidad de referéndum y la propuso en diversas ocasiones a propósito del conflicto independentista. El PSOE, por el contrario, se pronuncia por el desarrollo del Estatut de 2006.

Donde Puigdemont se ha impuesto es en el mecanismo de verificación, que no es un mediador como pretendía, pero sí será internacional, y tendrá las funciones de “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos”.

No será, sin embargo, un mecanismo de verificación entre Gobiernos, sino entre partidos, sobre la superación de los déficits y las limitaciones del autogobierno (Junts propondrá recaudar el 100% de los impuestos mientras que el PSOE apostará por mejorar la financiación autonómica) y el reconocimiento nacional de Cataluña, por ejemplo.

El pacto menciona la ley de amnistía, de la que no se conoce aún nada, para las decisiones o procesos judiciales vinculados al procés. Sobre la lawfare o judicialización de la política, su aplicación se remite a las conclusiones de las dos comisiones de investigación que se formarán en el Congreso (Operación Cataluña y Catalangate). Este punto ha sido uno de los más conflictivos y se ha resuelto con un aplazamiento. Pero sería escandaloso que la lawfare acogiera en la amnistía a personas o actos que no tienen relación con el procés.

El PSOE asegura que el acuerdo es para toda la legislatura. Puigdemont no lo niega, pero advierte de que para ello los pactos se han de cumplir. Una manera de recordar la desconfianza, un sentimiento que impregna todo el acuerdo.