Las negociaciones del PSOE con los partidos secesionistas catalanes para poder configurar un nuevo Gobierno de coalición deberían ser una oportunidad no sólo para avanzar en el reforzamiento del autogobierno y la mejora de la financiación autonómica, sino para hacer frente a los nuevos retos de la sociedad catalana. Se trataría de buscar soluciones a los problemas de la Cataluña real, sustituir las reivindicaciones mágicas identitarias por propuestas que puedan ser de utilidad para los ciudadanos de Cataluña. Por desgracia la realidad es otra, el secesionismo irredento y su líder en fuga sueñan con aprovechar la oportunidad para salir de la irrelevancia y volver a la confrontación que les alimenta.

Los gobiernos del procés han sido el principal problema de Cataluña en la última década. Gobiernos que se han caracterizado por su incompetencia y su despreocupación por las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los catalanes. El 23J supuso no sólo la derrota en las urnas de los partidos secesionistas, sino la constatación del malestar de la sociedad catalana por el desgobierno, la incompetencia y la incapacidad manifiesta del Govern en solitario de ERC.

Un Govern débil y minoritario liderado por un partido que lleva su grado de incoherencia a apoyar en el Parlament un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de vivienda que contaba con su voto favorable en el Congreso.

Los años de gobiernos secesionistas han supuesto para Cataluña un retroceso a todos los niveles. Recortes en educación, deterioro de un sistema educativo manifiestamente mejorable. Ausencia de políticas de Formación Profesional que han supuesto una carestía de mano de obra especializada y una baja cualificación profesional.

Un Govern de probada ineficacia en la gestión, incapaz de diseñar una estrategia industrial innovadora que favorezca la reindustrialización del territorio, incapaz de apostar por la innovación y la digitalización.

Una Administración catalana que ha permanecido inactiva y ha visto como la industria de la automoción eléctrica se iba desplazando poco a poco a la Comunidad Valenciana. Que ha situado a Cataluña en la cola de las renovables, acentuando su dependencia energética y careciendo de una estrategia propia ante la transición energética. Con dificultades en la interlocución con el Gobierno de la nación para la negociación de proyectos tutelados por los ministerios de Industria y el de Ciencia e Innovación con capacidad para distribuir los 12.250 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Hasta los empresarios catalanes se han sentido huérfanos de su Govern, así lo apuntaba el pasado mes de junio el presidente de la Unión Patronal Metalúrgica, Jaume Roura, ante la consellera de Economía, Natàlia Mas: "Nos sentimos desprotegidos"

La inversión exterior en Cataluña se desploma a mínimos desde el procés. En el primer trimestre del presente año su peso en el conjunto del Estado se reduce al 4,5%, menos de la mitad de lo que representaba antes de la pandemia del Covid-19.

Actitud pasiva y de escaso liderazgo en procesos industriales tan importantes como los acuerdos empresariales para reindustrializar los terrenos de Nissan y crear un “hub de descarbonización”. Otro gran proyecto industrial que negociar con el Gobierno de España sería la instalación de la planta del fabricante americano de chips Broadcom, que invertirá unos 900 millones de euros, que puede generar empleo para casi un millar de trabajadores, y cuya ubicación aún no está decidida entre cuatro autonomías: Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha.  

Aprovechando la oportunidad de la necesidad que tendría el Gobierno de España de los votos de los partidos secesionistas, el Govern de Cataluña debería negociar la búsqueda de soluciones a los problemas reales de los catalanes: inversiones en nuevas infraestructuras hidráulicas para hacer frente a la escasez de agua, el desarrollo del sistema ferroviario catalán (plan de Rodalies: 2020-2030), modernización y ampliación de las infraestructuras aeroportuarias. Inversiones tecnológicas para paliar los déficits en el campo de la innovación que nos sitúan en la cola de Europa. La apuesta inequívoca por Barcelona como capital de la innovación tecnológica y de la digitalización.

La negociación entre el Gobierno de España con los secesionistas catalanes no sólo debería ir en la línea de superar la confrontación abierta entre el nacionalismo catalán y el resto de España, sino sobre todo pensando en las necesidades reales de los ciudadanos de Cataluña. La superación del conflicto no debe suponer en ningún caso ceder ante las reivindicaciones inasumibles del secesionismo irredento, el que todavía en un acto de irresponsabilidad política sigue invocando el mandato del 1-O.

El PSOE debería explicitar con detalle el contenido de los pactos con nacionalistas y secesionistas irredentos. Cualquier reconocimiento de nuestra realidad plurinacional debe no sólo respetar el marco constitucional, sino garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles. En el caso de no llegar al acuerdo, el PSOE no debería tener miedo a una repetición electoral en donde los ciudadanos deberían reconocer su apuesta por haber intentado el acuerdo dentro del marco constitucional. Sin duda es preferible una repetición electoral antes que una legislatura insoportable, llena de pactos difíciles de explicar y difícilmente justificables.